NADIE HABLA POR DESEMPLEADOS: hoy seguirán las conversaciones en la que comúnmente se conoce como “mesa de concertación salarial”, la cual reúne a varios sectores con el propósito, casi nunca logrado, de alcanzar un acuerdo sobre el alza del salario mínimo para el año siguiente. Cabe observar algunos asuntos interesantes acerca de la conformación de esta mesa, en lo referente al fundamento que tiene la presunta representación que allí asumen sus participantes. Están en la mesa, por ejemplo, las centrales sindicales, a quienes todos los medios de comunicación injustificadamente llaman “los trabajadores”, y que se comportan en esta comisión como si realmente representaran los intereses de todos los trabajadores. Sabemos que tan sólo una pequeñísima fracción de los trabajadores colombianos pertenece a sindicatos: por este sólo hecho, las centrales sindicales deberían reconocer que su participación, aun cuando pueda ser constructiva y bien intencionada, carece de un fundamento que les permita presentarse como voceros de todos los trabajadores. Pero debería llamar también la atención otro hecho: en un país cuyas tasas de desempleo se acercan al 12 por ciento, y cuya tasa de informalidad se acerca al 60 por ciento, no hay en esta mesa de concertación una voz que hable por los intereses de quienes no tienen trabajo, o de quienes deben trabajar al margen del sistema, sin disfrutar de ninguno de sus beneficios. De haber una representación de esos sectores, seguramente oiríamos un desafío al statu quo en materia laboral, un desafío por el cual clama hace rato nuestra economía. El statu quo está representado por una rígida legislación, y por unos elevadísimos impuestos a la nómina; ambos configuran una suerte de tenaza en contra de la expansión del empleo formal.
PROHIBICIÓN DE DOSIS PERSONAL: casi todo ha sido dicho, y ha sido dicho acertadamente, con respecto a la insólita reforma que prohíbe sin penalizar el consumo y el porte de dosis personales de droga. Se ha dicho que es jurídicamente absurda, y eso es cierto. Es también un retroceso injustificado, pues si bien el Gobierno tiene razón en preocuparse por el aumento en el consumo de droga, y por el incremento en la criminalidad asociada con el expendio de dichas sustancias, no ha ofrecido ni una sola razón convincente para mostrar que esta reforma ayudaría a combatir tales problemas. Lo único que ha ofrecido es una suerte de obstinación moralista, cosa que no es garantía de efectividad.
¿HACIA LA REELECCIÓN INDEFINIDA?: vale la pena advertir nuevamente que los argumentos con los cuales se defiende una nueva reelección son, en rigor, argumentos en pro de una reelección indefinida. Nótese que tales argumentos, basados en nociones como la presunta soberanía absoluta de la voluntad popular, y la conveniencia de reelegir a quien se considera como un buen gobernante, nunca se matizan con límites de ninguna índole, menos aun temporales. Para la muestra, algunas palabras de la entrevista de Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior, con Yamid Amat (El Tiempo, diciembre 13). En ellas, el Ministro dice que cuando un pueblo tiene la fortuna de encontrar un buen gobernante, “no se nos puede negar el derecho a seguir contando con él como el gran conductor y guía de la Nación”. Pregunto: ¿y si así lo considera “el pueblo” después de tres, o de cuatro períodos? ¿Tampoco en ese caso se debe impedir que se siga eligiendo al “gran conductor y guía de la Nación”?
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