Un desafío institucional para Colombia

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA: la semana pasada tuve el honor de participar en un panel con el título “Desafíos institucionales para Colombia”, dentro del Seminario Macroeconómico 2010 de Anif y Fedesarrollo. Muy brevemente, compartiré con ustedes la opinión que expresé en dicho panel. La economía colombiana es en general una economía capitalista, y lo seguirá siendo. Pero el capitalismo viene en muchos empaques y colores diferentes, y cada uno de ellos trae consigo un modo diferente de organización de las relaciones sociales y del poder político. Al pensar en cuál es la forma que quisiéramos dar a nuestro capitalismo, mi opinión es que deberíamos buscar objetivos como la competitividad internacional, la capacidad de innovar y de agregar valor, la mejoría general del nivel de ingresos, y la estabilidad democrática y constitucional. Por fortuna, Colombia tiene ya una experiencia en su pasado que encaminó al país muy decididamente en pos de esos objetivos. Es la experiencia del café y de la industrialización que siguió al éxito de aquel producto, en las primeras décadas del siglo pasado.

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA II: ¿cuáles fueron las características de esa experiencia? El cultivo del café se desarrolló en pequeñas parcelas, las cuales, en su mayoría, o eran de propiedad de la familia que las trabajaba, o luego pudo esa familia acceder a tal propiedad. La producción del café estaba orientada hacia el mercado mundial, y en cada parcela cafetera era necesario organizar algún pequeño proceso de administración, y era necesario poner en marcha un pequeño proceso de transformación; es decir, había allí ya un germen de gerencia y de industria. El éxito del café vino luego a financiar la industrialización, principalmente en Antioquia y en el Occidente colombiano, y esta se hizo en buena medida a través de las sociedades anónimas, en las cuales concurrían capitales relativamente pequeños. Así, con un proceso cuyos protagonistas eran la propiedad pequeña y dispersa y la orientación hacia actividades modernizantes, en Colombia se creó una fuerte clase media, y se dio origen a una clase empresarial de avanzada, la cual alejó a Colombia de las actividades económicas heredadas de la Colonia, y que se apoyaban en la propiedad latifundista y casi ociosa de la tierra. Colombia no sólo modernizó su economía, sino que pudo consolidar una democracia la cual, con todos sus defectos, y asediada como ha estado por infinidad de problemas, ha sido ejemplo en todo el continente un orden constitucional firme y moderado.

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA III: teniendo Colombia tan cerca en su pasado una experiencia de modernización tan apreciable, no es fácil entender por qué existe ahora un empecinamiento tenaz en dirigir al país por una senda diferente. Hoy por hoy, la mayoría de nuestras políticas económicas —al menos aquellas de las cuales es responsable el Gobierno Nacional— favorecen a las grandes estructuras de propiedad concentrada, no necesariamente competitiva, y no necesariamente ubicada en sectores que puedan dar a la economía colombiana un perfil de avanzada. Y se les favorece a costa del resto de la sociedad, la cual es obligada a tributar para financiar las exenciones y los favores que se conceden a los colosos privilegiados. Esa economía que hace un siglo se orientó hacia el mercado mundial y se industrializó, hoy tiene como sus sectores de más rápido crecimiento a la minería —una actividad cuasiprimitiva de extracción— y a las obras públicas, es decir a la contratación con el Estado. La modernización y la industrialización nos legaron una estructura social que por supuesto no es perfecta, pero que sin duda estaba encaminada en la dirección correcta. De consolidarse el actual cambio, no lo dudemos, vendrá otra estructura de la sociedad y del Estado, la cual sin duda carecerá de las virtudes que tenía la anterior.

Uribe y la Corte... La gestión de Jaime Bermúdez

URIBE Y LA CORTE: en la polémica infantil que hoy sostienen el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, ambas partes parecen haber olvidado que en Colombia no rigen como norma suprema las conversaciones de salón, ni los compromisos informales y privados que en ellas se hagan, sino nuestra Constitución Política y nuestras leyes. Por tanto, lo que hayan dicho en tal o cual conversación, o lo que en privado hayan acordado en tal o cual salón, carece totalmente de importancia. La designación del titular de la Fiscalía está gobernada únicamente por las normas que al respecto tiene nuestra Constitución, y cualquier intento de añadirle nuevos criterios al asunto es una atribución arbitraria de facultades constituyentes. No debe haber nada diferente al acatamiento de las normas, y la Corte Suprema debe proceder a elegir Fiscal a partir de la terna que existe, expresando salvedades y preocupaciones si así lo desea, y dejando a un lado la antipatía personal que a algunos de sus magistrados pueda despertarles el presidente Uribe, y dejado también a un lado la opinión que tengan sobre su proyecto político. ¿Por qué debe hacerse esto? Porque es el camino del acatamiento de la Constitución.

A TODO SEÑOR, TODO HONOR: al evaluar la gestión de los altos funcionarios públicos, hay, en muchos sectores de la prensa de opinión, la infortunada tendencia a concentrarse únicamente en aquello que pueda ser base para descalificaciones, críticas o juicios negativos. No está mal criticar a los altos funcionarios del Estado, y sin duda la prensa de opinión cumple una labor importantísima al someter la gestión de aquellos a un constante examen. Pero tal examen sería más digno de crédito si fuese más ecuánime: en particular si, con la misma presteza con la cual muchos columnistas corren a escribir sonoras reprobaciones (en ocasiones irrespetuosas), se apresurasen también a reconocer con justicia los casos en los cuales hay éxitos evidentes e incontrovertibles. Creo que pocos han sufrido tanto por esta causa como el actual canciller Jaime Bermúdez. Durante meses, Bermúdez ha sido objeto constante de muy variadas y repetidas críticas. Algunas de ellas son insensatas, y otras se limitan al ya insoportable cliché de decir que, a diferencia de Colombia, Brasil tiene una cancillería muy profesional. Fue también objeto de insultos explícitos por parte de un cierto columnista. Y sin embargo, cuando bajo su dirección y con su intervención se produce un suceso de inmensa importancia para nuestra política exterior, a saber, la reanudación de las relaciones con Ecuador, hacen silencio todos los columnistas que antes lo sindicaban de una presunta ineptitud o de una supuesta falta de efectividad. A todo señor, todo honor: Jaime Bermúdez, como responsable de la cartera de relaciones exteriores, merece un reconocimiento por el ya mencionado suceso, gracias al cual dos países vecinos, cuyas vidas están inevitablemente unidas, empiezan a dejar atrás sus diferencias y restablecen sus canales diplomáticos. Similar reconocimiento debe merecer el colega ecuatoriano de Bermúdez, Fánder Falconí, cuyo profesionalismo y discreción constituyen una rareza en el hoy pintoresco mundo de las relaciones exteriores en Latinoamérica.

Hoy se vota la moción de censura

MOCIÓN DE CENSURA I: a horas de votarse la moción de censura contra el ministro de agricultura Andrés Fernández, la incertidumbre acerca de su resultado es total. El Tiempo y El Espectador, en sus ediciones de internet, traen titulares que parecerían ir en sentido contrario: en El Tiempo leemos que los uribistas vaticinan el fracaso de la moción, mientras en El Espectador puede leerse que la oposición se siente triunfadora. Desde esta humilde tribuna, sólo quisiera decirle a los congresistas de la coalición de gobierno que reflexionen, y que comprendan que la mejor manera de ayudar al gobierno no es necesariamente respaldar de manera ciega y obstinada a sus funcionarios, incluso en casos como este, en el cual no podría ser más claro que se debe asumir una responsabilidad política, y que la debe asumir el titular de la catrera de Agricultura. Y la debe asumir, no por los actos de aparente corrupción que se dice ocurrieron en torno al programa Agro Ingreso Seguro, sino por el programa mismo, el cual representa una manera muy errada de promover la competitividad agraria y el desarrollo rural. Un programa con el cual, además, de cierto modo se engañó al país, pues se promovió como un elemento que sería necesario tras la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, pero que luego fue rápidamente desplegado sin que ese tratado esté siquiera cerca de tener vida. No deben olvidar los congresistas de la coalición que este asunto, más que cualquier otro en sus siete años de mandato, ha golpeado de manera considerable la imagen y la popularidad del presidente Uribe. Si hay un caso en el cual se deben asumir responsabilidades, sin duda sería este.

MOCIÓN DE CENSURA II: y debería también aprovechar el Senado, y debería también aprovechar la bancada uribista, para hacer un llamado a los ministros a que asuman con mayor seriedad los cuestionamientos que se hagan en su contra. No estaría bien premiar el abuso del argumento ad-hominem, argumento que, siguiendo los pasos de su mentor Andrés Felipe Arias, parece ser el único recurso que el ministro de agricultura es capaz de utilizar en su favor. Como vimos en su intervención televisada, los argumentos en defensa del programa Agro Ingreso Seguro son muy pocos y muy débiles: pero no le falta energía al ministro para hacer descalificaciones a los congresistas de oposición, o a quienes han pedido su renuncia, en muchos casos con el argumento de que las familias de aquellos se han beneficiado del mismo programa, o de otros similares. Por supuesto, tal cosa no prueba que Agro Ingreso Seguro sea una buena política, y debería el Senado hacer responsable al ministro de no haber podido demostrar tal cosa.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: en días recientes, algunas personas me dijeron que consideraban errado llevar el asunto de Colombia y Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pues pensaban que tal acción no iba a concluir en ningún efecto práctico; es decir, el Consejo de Seguridad no se iba a reunir para discutir el tema ni para tomar decisiones, y por esto consideraban inútil tal gestión. Mi opinión es diferente. Creo que no sólo es útil sino importante llevar el tema ante este alto organismo, no porque esperemos que se reúna para debatirlo, y no porque esperemos que tome acción concreta alguna, sino porque ya es hora que el asunto de la agresividad de Hugo Chávez sea conocido en las altas instancias de la diplomacia internacional, las cuales en los últimos años han estado naturalmente ocupadas con asuntos como los de Irak y Afganistán. Y aunque mucho se dice que Chávez jamás pasará de las palabras a los hechos, su extravagante lenguaje debería por sí solo ser materia de preocupación para los organismos que vigilan la paz y la seguridad en el mundo. Para decirlo de otra manera, el caso de un país que realiza aceleradas y cuantiosas compras de armamento, que tiene un programa político que no esconde su expansionismo, y cuyo presidente profiere amenazas concretas y reiteradas de acción militar contra uno de sus vecinos, debería sin duda ser conocido en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que, en mi opinión, hace bien el gobierno de Colombia al menos con llevar la noticia.