Empiezan las sesiones del Congreso

EMPIEZAN LAS SESIONES DEL CONGRESO: hace una semana compartí con ustedes, queridos lectores, lo que en su momento presenté como una visión positiva del sistema político colombiano. Este sistema ―decía yo en ese momento― es admirable por haber mantenido, entre la multitud de problemas que le acechan, un carácter constitucional y democrático, y por haber resistido a la muy latinoamericana amenaza del caudillismo. Decía, en resumen, que con todos sus defectos, éste ha sido un sistema de normas y no de caudillos, un sistema de instituciones y no de salvadores providenciales. Ayer inauguró el Congreso nacional sus nuevas sesiones ordinarias y, en lo que es una opinión muy personal de quien escribe, dicho Congreso recibirá en sus manos el proyecto que más grave peligro puede representar para la supervivencia de ese sistema constitucional, basado en normas abstractas, y hostil a la idea de un redentor mesiánico. Se trata, por supuesto, del proyecto de referendo para permitir la nueva reelección del señor Presidente de la República. Cuantas veces sea necesario, repetiré que, aun cuando siempre de manera crítica, tengo una alta valoración de la obra de gobierno de Álvaro Uribe. Pero la idea del referendo, y los argumentos que se invocan en su defensa, son totalmente contrarios a la noción de un país cuyo rumbo está señalado por las instituciones normativas. El referendo y su defensa se sustentan sobre la idea de que sólo un hombre puede conducir los destinos de Colombia, y salvarnos de los problemas que nos atormentan. Es decir, es puro y nudo caudillismo, el mismo que se entronizó desde temprano en tantos países latinoamericanos, y que por el contrario fue objeto de vigoroso rechazo en los albores de la república colombiana. Cuán lastimoso sería que, ya entrado el siglo XXI, cuando se supone que nuestra madurez política debería ser mayor, se incline hacia el caudillismo esta nación que hasta ahora había escapado a los Páez, los Perón, los Rosas y los Chávez. Todo esto, repito, no es más que mi opinión personal.

REFORMA TRIBUTARIA: inicia también sus labores el Congreso con otro importante encargo: estudiar el proyecto de reforma impositiva anunciado por el gobierno, y cuyo eje es una prórroga del impuesto al patrimonio. En 2002, cuando se decretó por primera vez este impuesto con carácter de emergencia, dada la grave necesidad de recursos para emprender la lucha contra las FARC, no podía haber duda sobre su evidente conveniencia. Sin embargo, no es posible hacer el mismo juicio cuando ya dicho impuesto se ha convertido en parte normal de nuestro sistema tributario, y ha ayudado así a darle su muy peculiar forma, que es la de una disparatada colección de pequeños elementos que ni siquiera pueden hacer armonía. No negaremos que el Estado necesita los recursos que se buscarán mediante esta reforma. Pero lamentamos que no se aproveche la oportunidad para intentar una nueva configuración de nuestro sistema de impuestos, una configuración en la cual, mediante tributos de amplia aplicación y amplio conocimiento, libres de exenciones y de beneficios particulares, el Estado organice de una buena vez un esquema de recaudo que pueda sobrevivir al paso de las décadas. Seguiremos por lo pronto con este sistema en el cual, gracias a las exenciones, las clases medias y pobres tributan para favorecer a las zonas francas y a los multimillonarios que logran obtener “contratos de estabilidad jurídica”.

REFORMA TRIBUTARIA II: de hecho, véanse los detalles del proyecto, y se verá que la estrategia de exenciones y privilegios del gobierno ya está mostrando sus debilidades. El gobierno propone reducir el más famoso de los favores tributarios, la exención por reinversión en activos productivos. También propone que las zonas francas no puedan gozar de este beneficio. Y propone que los contratos de estabilidad jurídica no protejan contra impuestos transitorios. Ya empieza a verse que este odioso sistema ni siquiera sirve a las necesidades de recaudo que tiene el Estado.

¿Visión positiva del sistema político colombiano?

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? I: hace pocos días, durante una conversación casual con amigos y colegas, hice un comentario que provocó lo que sólo puede describirse como un escándalo. Así que deseo compartirla con los lectores de este boletín, para saber si produce en ellos el mismo tono de exclamación airada que produjo en mis contertulios. ¿Acaso qué dije? Manifesté que, en general, tengo una visión positiva del sistema político colombiano. Ya el lector imaginará las caras de mis contertulios: “¿cómo puede tener alguien una visión positiva de este sistema político?; ¿cómo puede alguien juzgar favorablemente al país del exterminio de la UP, del paramilitarismo, de las masacres, del narcotráfico, de la guerrilla y del secuestro?; ¿cómo es posible que alguien pueda sostener esa visión positiva, en medio de tanta corrupción, fraudes electorales, clientelismo, favoritismo, compra de conciencias, y tantas otras prácticas despreciables?” No niego que eso exige una aclaración, aunque por razones de extensión no podré más que enunciarla brevemente.

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? II: y empiezo mi aclaración mediante la identificación de sus ejes. El primero de ellos sería una especie de realismo: si la posición de mis interlocutores se examina con cuidado, se verá que tras ella yace una cierta idea de que a los sistemas políticos se les puede exigir perfección, que se puede demandar de ellos una realización plena y total de ciertos valores, o de cierto concepto abstracto de justicia. Pero resulta que los sistemas políticos son construcciones humanas, y por tanto de ellos no se puede demandar atributos de perfección divina: en todo sistema político hay y habrá males. Eso no quiere decir, de ningún modo, que sea vana o inútil la voluntad de lucha contra cada uno de dichos males, considerado de manera individual. Dicha voluntad es valiosa y necesaria, precisamente porque un sistema político, al no poder alcanzar la perfección, debe sobre todo aspirar a alcanzar una forma que en la mayor medida posible esté libre de defectos. Por tanto, quienes luchan contra la corrupción, quienes denuncian a la guerrilla y sus horrores, quienes advierten sobre el narcotráfico, y quienes envían a prisión a los paramilitares, cumplen la crucial tarea de ayudarnos a transitar hacia ese sano balance.

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? III: pero el error surge cuando se juzga el sistema político como un todo, y se le condena simplemente por la presencia en él de rasgos defectuosos, así sean éstos muy significativos. El segundo eje de mi idea, entonces, consiste en que encuentro valioso al sistema político colombiano precisamente por su capacidad de sobreponerse ante los innumerables males que le acechan. Colombia, asediada desde hace décadas por la violencia, por la corrupción y por el narcotráfico, sigue siendo una democracia constitucional que funciona de acuerdo con un sistema de normas, al menos en una medida razonable. No sería cortés mencionar nombres, pero abundan en nuestra región los países que, teniendo problemas muy inferiores a los de Colombia, han optado sistemáticamente por alejarse de la idea de orden constitucional, en pos de caudillos, dictadores, y revoluciones. El orden constitucional vale muy poco en casi toda América Latina, más, por fortuna, en Colombia sigue representando un valor central del sistema político. Y es un valor que hemos venido alimentando desde nuestros orígenes, cuando la ciudad de Bogotá era objeto de mofa y recelo por parte de los caudillos militares de la independencia, quienes la veían como un páramo lleno de abogados; estos, vestidos de negro y fanfarroneando de su erudición, parecían desconocer la gloria de quienes sable en mano recorrieron a caballo medio continente. Pero la desgracia de muchos países consistió en creer que el heroísmo militar confería capacidad de gobierno, y que el mandato de un hombre brioso y valiente podía sustituir al único tipo de mandato que en verdad puede conferir libertad y orden: el gobierno de las normas. Mi opinión es que el sistema político colombiano adoptó esta última orientación desde sus orígenes, y, aun cuando de manera imperfecta, y dentro de dificultades significativas, ha seguido profesando esta afortunada adherencia a lo constitucional por encima de lo heroico.

Lecciones de Honduras

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS I: me perdonarán los lectores si dedico un espacio muy amplio en este boletín a la reciente crisis hondureña. No puedo evitarlo: para cualquier observador de los fenómenos sociales y políticos, dicha crisis se hace cada vez más fascinante e interesante. Ella nos ha dado el material para elaborar algunas reflexiones. La primera, y la que considero más valiosa, consiste en que dicha crisis ha dejado en evidencia una profunda debilidad y una grave incapacidad en lo que se refiere a la defensa multilateral de la democracia y las libertades. Esto es particularmente cierto en el caso de instituciones como la OEA. La debilidad y la incapacidad mencionadas radican en un apego excesivo y casi ciego a los formalismos superficiales, es decir, a los hechos o a las situaciones que de manera visible, súbita y extraordinaria perturban la vida constitucional de un país. No está mal que las instituciones multilaterales y los defensores de la democracia tomen nota de tales situaciones. Sin embargo, mientras lo hacen, y mientras concentran en ellas todas sus energías, de manera firme aun cuando silenciosa marchan otros sucesos y otros procesos, los cuales, sin exhibir las características antes mencionadas, están también enfocados hacia el rompimiento o la disolución del orden democrático y de las libertades básicas. A los protagonistas del primer tipo de crisis se les condena y se les expone de manera inmediata. Sin embargo, a los artífices de la disolución gradual de la democracia no se les dice una palabra, y los gobiernos que ellos presiden reclaman y obtienen el mismo respeto de que goza cualquier gobierno realmente democrático y libre.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS II: basta una simple comparación. En el caso de Honduras, hubo sucesos extraordinarios y súbitos que rompieron la normalidad constitucional. Casi como si fuese un acto reflejo, las cancillerías de muchos países saltan a condenar lo sucedido y a reclamar el reestablecimiento del orden anterior. El propio secretario general de la OEA asume esto como una frenética cruzada. Hoy por hoy, no se sabe qué pasará en Honduras, ni cuál será el curso de los acontecimientos. Pero sí sabemos muy bien qué ha pasado en Venezuela en los últimos años, y no es difícil anticipar qué pasará en los siguientes. En sus diez años, el régimen chavista ha desplegado con éxito una estrategia gradual y prudente de disolución de la democracia y de las libertades. El principio operativo de dicha estrategia es muy astuto: no valerse —al menos en los primeros años— de medidas extraordinarias, súbitas, y abiertamente antijurídicas. No cerrar el legislativo con tanques de guerra; no realizar detenciones masivas de opositores; no clausurar los partidos políticos y los sindicatos; no callar de la noche a la mañana los medios de comunicación. Con tiempo y con paciencia se puede lograr el resultado, sin caer en quebrantamientos muy obvios. A los opositores simplemente se les hostiga, y se hace difícil su vida con muy diversos recursos administrativos, discretos, y todos ellos muy jurídicos. Para el hostigamiento no se utilizan agentes del gobierno, sino círculos privados de fanáticos violentos. En cuanto a los medios, basta esperar a que finalicen sus concesiones, para nunca renovarlas, y luego darlas a quien esté dispuesto a seguir el libreto del gobierno. El presidente no se corona dictador en un momento de arrebato: gradualmente reforma la constitución y las leyes, para que su permanencia en el poder sea indefinida, y sus facultades crezcan en detrimento de las instituciones no centralizadas del Estado. Todo esto ocurre, al menos en buena medida, dentro de los cauces de lo jurídico y lo constitucional.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS III: por ese último motivo, encontramos hoy en América Latina la paradoja de que los gobiernos más antidemocráticos son y han sido suficientemente apegados a las formalidades del orden jurídico. Ellos, por tanto, no motivan intervenciones, ni despiertan de su perenne letargo al secretario general de la OEA. Pero es en ellos en donde las libertades y la democracia más han sufrido y más van a sufrir. Todo esto señala la necesidad de un cambio en los criterios que se utilizan para evaluar el carácter democrático y libre de un régimen político. Los parámetros actuales, está visto, ha sido superados por las circunstancias.

El asunto de las agencias de viajes... Problemas en Honduras

AGENCIAS DE VIAJES: supongamos, queridos lectores, que hace unos veinte años, cuando los computadores personales empezaron a reemplazar a las máquinas de escribir, los fabricantes de dichas máquinas hubiesen convocado una convención. Supongamos que a dicho encuentro asistía el Presidente de la República. Allí, con tono de desesperación, los fabricantes de máquinas de escribir se habrían quejado de la competencia que les hace esa nueva invención, el computador personal. Habrían calificado tal competencia como injusta. Habrían hablado de la contribución que sus empresas hacen a la economía nacional, y de la cantidad de empleos que estas ofrecen. Habrían declarado que, de no tomarse medidas por parte del gobierno, su importantísimo sector enfrentaría una inminente quiebra. Por tanto, habrían pedido al Presidente que ordene cobrar un sobrecosto en las ventas de computadores personales, de modo que se evite la desaparición de las máquinas de escribir. A juzgar por los últimos acontecimientos, hemos de creer que, si ese presidente fuera el que hoy dirige los destinos de Colombia, habría accedido a tan extravagante petición. Habría así erigido un formidable obstáculo en la masificación de la tecnología y en el avance de la productividad. Habría castigado a los consumidores, y habría obligado a muchos de ellos a permanecer atados a un aparato obsoleto, y a privarse del amplio mundo de posibilidades ofrecido por el computador y por los procesadores de texto. Pues bien: eso es exactamente lo que ha prometido hacer nuestro gobierno en materia de venta de tiquetes aéreos: para mantener con vida a un sector empresarial obsoleto, se dificultará a todos los consumidores colombianos el acceso a la nueva tecnología de compra por internet. Se hará más difícil que los consumidores podamos realizar viajes. Se nos condenará a permanecer en la periferia del progreso. En fin, nuestra vida sufrirá serias limitaciones, todo por cuenta de que unos empresarios, cuyos esfuerzos deberían estar puestos en la innovación, y en la búsqueda creativa de nuevos esquemas de negocios, prefirieron enfocar esos esfuerzos en una gestión política, cuyo resultado será una especie de impuesto a su favor. Vaya terrible configuración la que está adquiriendo a economía colombiana.

HONDURAS I: no conozco la Constitución ni las leyes de Honduras, y por tanto no estoy en capacidad de juzgar si los sucesos recientemente ocurridos, mediante los cuales se apartó del poder al presidente Zelaya, se desarrollaron de acuerdo con lo que allí prevé el derecho. Es decir, ignoro si estamos frente a una acción constitucional de reemplazo del gobierno, o si estamos frente a un golpe de Estado. Por tanto, no estoy en capacidad de opinar acerca de la legalidad del nuevo presidente. Pero hay dos asuntos sobre los cuales, creo, sí podemos formarnos una opinión. El primero consiste en que sin duda el presidente Zelaya estaba conduciendo a honduras por un peligroso camino. Contagiado de esa fiebre tercermundista de la reelección plebiscitaria, Zelaya insistía, en abierta violación de mandatos de autoridad judicial, en la realización de una consulta que le permitiría abrir el paso hacia la perpetuación de su mandato. En esto había encontrado el apoyo directo y entusiasta del bloque del “ALBA”, esa alianza antidemocrática y prodictatorial que hoy lidera y financia el presiente Chávez. Zelaya, fiel a esa tradición del hacendado caudillista que nuestra región no ha podido superar, entregó su país al chavismo, a cambo de que el chavismo le financiara su proyecto de convertir a Honduras en su hacienda personal. Por tanto, sea cual fuere la naturaleza de los acontecimientos, es claro que el propio Zelaya es en alto grado responsable de haberlos precipitado.
HONDURAS II: la segunda cuestión tiene que ver con la legalidad de lo que ha ocurrido. No obstante la contundente reprobación que, creo, es válida para Zelaya, para sus intenciones, y para su mandato, dicha reprobación no justificaría que se viole el orden constitucional para despojar al Presidente de su investidura. Nuestros juicios acerca de la legitimidad de los cambios políticos no pueden basarse únicamente en nuestras preferencias personales: mal haríamos en desaprobar lo que hacen unos, si luego aplaudimos las mismas acciones en otros, sólo porque sus ideas están más cerca de las nuestras. Nuestros juicios sobre estos sucesos deberían mirar, en primer lugar, a ese criterio impersonal que son las normas constitucionales y legales: en una sociedad plural, en la cual hay diferentes visiones sobre lo que es un buen gobierno, el orden legal y constitucional permite que pueda haber coexistencia en medio de tales diferencias. De nuevo, eso no significa que aprobemos la conducta de Zelaya: el orden constitucional no sólo se debilita por medio de violaciones abruptas, sino también por ese lamentable manoseo que consiste en cambiar las normas al calor de circunstancias pasajeras, y mediante esa engañosa y peligrosa apelación a la voluntad popular. Por esto, Zelaya mismo se había convertido en el principal verdugo de la Constitución de Honduras. Pero eso no justificaría que se viole el orden jurídico para sacarlo del poder.