Lecciones de Honduras

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS I: me perdonarán los lectores si dedico un espacio muy amplio en este boletín a la reciente crisis hondureña. No puedo evitarlo: para cualquier observador de los fenómenos sociales y políticos, dicha crisis se hace cada vez más fascinante e interesante. Ella nos ha dado el material para elaborar algunas reflexiones. La primera, y la que considero más valiosa, consiste en que dicha crisis ha dejado en evidencia una profunda debilidad y una grave incapacidad en lo que se refiere a la defensa multilateral de la democracia y las libertades. Esto es particularmente cierto en el caso de instituciones como la OEA. La debilidad y la incapacidad mencionadas radican en un apego excesivo y casi ciego a los formalismos superficiales, es decir, a los hechos o a las situaciones que de manera visible, súbita y extraordinaria perturban la vida constitucional de un país. No está mal que las instituciones multilaterales y los defensores de la democracia tomen nota de tales situaciones. Sin embargo, mientras lo hacen, y mientras concentran en ellas todas sus energías, de manera firme aun cuando silenciosa marchan otros sucesos y otros procesos, los cuales, sin exhibir las características antes mencionadas, están también enfocados hacia el rompimiento o la disolución del orden democrático y de las libertades básicas. A los protagonistas del primer tipo de crisis se les condena y se les expone de manera inmediata. Sin embargo, a los artífices de la disolución gradual de la democracia no se les dice una palabra, y los gobiernos que ellos presiden reclaman y obtienen el mismo respeto de que goza cualquier gobierno realmente democrático y libre.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS II: basta una simple comparación. En el caso de Honduras, hubo sucesos extraordinarios y súbitos que rompieron la normalidad constitucional. Casi como si fuese un acto reflejo, las cancillerías de muchos países saltan a condenar lo sucedido y a reclamar el reestablecimiento del orden anterior. El propio secretario general de la OEA asume esto como una frenética cruzada. Hoy por hoy, no se sabe qué pasará en Honduras, ni cuál será el curso de los acontecimientos. Pero sí sabemos muy bien qué ha pasado en Venezuela en los últimos años, y no es difícil anticipar qué pasará en los siguientes. En sus diez años, el régimen chavista ha desplegado con éxito una estrategia gradual y prudente de disolución de la democracia y de las libertades. El principio operativo de dicha estrategia es muy astuto: no valerse —al menos en los primeros años— de medidas extraordinarias, súbitas, y abiertamente antijurídicas. No cerrar el legislativo con tanques de guerra; no realizar detenciones masivas de opositores; no clausurar los partidos políticos y los sindicatos; no callar de la noche a la mañana los medios de comunicación. Con tiempo y con paciencia se puede lograr el resultado, sin caer en quebrantamientos muy obvios. A los opositores simplemente se les hostiga, y se hace difícil su vida con muy diversos recursos administrativos, discretos, y todos ellos muy jurídicos. Para el hostigamiento no se utilizan agentes del gobierno, sino círculos privados de fanáticos violentos. En cuanto a los medios, basta esperar a que finalicen sus concesiones, para nunca renovarlas, y luego darlas a quien esté dispuesto a seguir el libreto del gobierno. El presidente no se corona dictador en un momento de arrebato: gradualmente reforma la constitución y las leyes, para que su permanencia en el poder sea indefinida, y sus facultades crezcan en detrimento de las instituciones no centralizadas del Estado. Todo esto ocurre, al menos en buena medida, dentro de los cauces de lo jurídico y lo constitucional.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS III: por ese último motivo, encontramos hoy en América Latina la paradoja de que los gobiernos más antidemocráticos son y han sido suficientemente apegados a las formalidades del orden jurídico. Ellos, por tanto, no motivan intervenciones, ni despiertan de su perenne letargo al secretario general de la OEA. Pero es en ellos en donde las libertades y la democracia más han sufrido y más van a sufrir. Todo esto señala la necesidad de un cambio en los criterios que se utilizan para evaluar el carácter democrático y libre de un régimen político. Los parámetros actuales, está visto, ha sido superados por las circunstancias.