El asunto de las agencias de viajes... Problemas en Honduras

AGENCIAS DE VIAJES: supongamos, queridos lectores, que hace unos veinte años, cuando los computadores personales empezaron a reemplazar a las máquinas de escribir, los fabricantes de dichas máquinas hubiesen convocado una convención. Supongamos que a dicho encuentro asistía el Presidente de la República. Allí, con tono de desesperación, los fabricantes de máquinas de escribir se habrían quejado de la competencia que les hace esa nueva invención, el computador personal. Habrían calificado tal competencia como injusta. Habrían hablado de la contribución que sus empresas hacen a la economía nacional, y de la cantidad de empleos que estas ofrecen. Habrían declarado que, de no tomarse medidas por parte del gobierno, su importantísimo sector enfrentaría una inminente quiebra. Por tanto, habrían pedido al Presidente que ordene cobrar un sobrecosto en las ventas de computadores personales, de modo que se evite la desaparición de las máquinas de escribir. A juzgar por los últimos acontecimientos, hemos de creer que, si ese presidente fuera el que hoy dirige los destinos de Colombia, habría accedido a tan extravagante petición. Habría así erigido un formidable obstáculo en la masificación de la tecnología y en el avance de la productividad. Habría castigado a los consumidores, y habría obligado a muchos de ellos a permanecer atados a un aparato obsoleto, y a privarse del amplio mundo de posibilidades ofrecido por el computador y por los procesadores de texto. Pues bien: eso es exactamente lo que ha prometido hacer nuestro gobierno en materia de venta de tiquetes aéreos: para mantener con vida a un sector empresarial obsoleto, se dificultará a todos los consumidores colombianos el acceso a la nueva tecnología de compra por internet. Se hará más difícil que los consumidores podamos realizar viajes. Se nos condenará a permanecer en la periferia del progreso. En fin, nuestra vida sufrirá serias limitaciones, todo por cuenta de que unos empresarios, cuyos esfuerzos deberían estar puestos en la innovación, y en la búsqueda creativa de nuevos esquemas de negocios, prefirieron enfocar esos esfuerzos en una gestión política, cuyo resultado será una especie de impuesto a su favor. Vaya terrible configuración la que está adquiriendo a economía colombiana.

HONDURAS I: no conozco la Constitución ni las leyes de Honduras, y por tanto no estoy en capacidad de juzgar si los sucesos recientemente ocurridos, mediante los cuales se apartó del poder al presidente Zelaya, se desarrollaron de acuerdo con lo que allí prevé el derecho. Es decir, ignoro si estamos frente a una acción constitucional de reemplazo del gobierno, o si estamos frente a un golpe de Estado. Por tanto, no estoy en capacidad de opinar acerca de la legalidad del nuevo presidente. Pero hay dos asuntos sobre los cuales, creo, sí podemos formarnos una opinión. El primero consiste en que sin duda el presidente Zelaya estaba conduciendo a honduras por un peligroso camino. Contagiado de esa fiebre tercermundista de la reelección plebiscitaria, Zelaya insistía, en abierta violación de mandatos de autoridad judicial, en la realización de una consulta que le permitiría abrir el paso hacia la perpetuación de su mandato. En esto había encontrado el apoyo directo y entusiasta del bloque del “ALBA”, esa alianza antidemocrática y prodictatorial que hoy lidera y financia el presiente Chávez. Zelaya, fiel a esa tradición del hacendado caudillista que nuestra región no ha podido superar, entregó su país al chavismo, a cambo de que el chavismo le financiara su proyecto de convertir a Honduras en su hacienda personal. Por tanto, sea cual fuere la naturaleza de los acontecimientos, es claro que el propio Zelaya es en alto grado responsable de haberlos precipitado.
HONDURAS II: la segunda cuestión tiene que ver con la legalidad de lo que ha ocurrido. No obstante la contundente reprobación que, creo, es válida para Zelaya, para sus intenciones, y para su mandato, dicha reprobación no justificaría que se viole el orden constitucional para despojar al Presidente de su investidura. Nuestros juicios acerca de la legitimidad de los cambios políticos no pueden basarse únicamente en nuestras preferencias personales: mal haríamos en desaprobar lo que hacen unos, si luego aplaudimos las mismas acciones en otros, sólo porque sus ideas están más cerca de las nuestras. Nuestros juicios sobre estos sucesos deberían mirar, en primer lugar, a ese criterio impersonal que son las normas constitucionales y legales: en una sociedad plural, en la cual hay diferentes visiones sobre lo que es un buen gobierno, el orden legal y constitucional permite que pueda haber coexistencia en medio de tales diferencias. De nuevo, eso no significa que aprobemos la conducta de Zelaya: el orden constitucional no sólo se debilita por medio de violaciones abruptas, sino también por ese lamentable manoseo que consiste en cambiar las normas al calor de circunstancias pasajeras, y mediante esa engañosa y peligrosa apelación a la voluntad popular. Por esto, Zelaya mismo se había convertido en el principal verdugo de la Constitución de Honduras. Pero eso no justificaría que se viole el orden jurídico para sacarlo del poder.