EMPIEZAN LAS SESIONES DEL CONGRESO: hace una semana compartí con ustedes, queridos lectores, lo que en su momento presenté como una visión positiva del sistema político colombiano. Este sistema ―decía yo en ese momento― es admirable por haber mantenido, entre la multitud de problemas que le acechan, un carácter constitucional y democrático, y por haber resistido a la muy latinoamericana amenaza del caudillismo. Decía, en resumen, que con todos sus defectos, éste ha sido un sistema de normas y no de caudillos, un sistema de instituciones y no de salvadores providenciales. Ayer inauguró el Congreso nacional sus nuevas sesiones ordinarias y, en lo que es una opinión muy personal de quien escribe, dicho Congreso recibirá en sus manos el proyecto que más grave peligro puede representar para la supervivencia de ese sistema constitucional, basado en normas abstractas, y hostil a la idea de un redentor mesiánico. Se trata, por supuesto, del proyecto de referendo para permitir la nueva reelección del señor Presidente de la República. Cuantas veces sea necesario, repetiré que, aun cuando siempre de manera crítica, tengo una alta valoración de la obra de gobierno de Álvaro Uribe. Pero la idea del referendo, y los argumentos que se invocan en su defensa, son totalmente contrarios a la noción de un país cuyo rumbo está señalado por las instituciones normativas. El referendo y su defensa se sustentan sobre la idea de que sólo un hombre puede conducir los destinos de Colombia, y salvarnos de los problemas que nos atormentan. Es decir, es puro y nudo caudillismo, el mismo que se entronizó desde temprano en tantos países latinoamericanos, y que por el contrario fue objeto de vigoroso rechazo en los albores de la república colombiana. Cuán lastimoso sería que, ya entrado el siglo XXI, cuando se supone que nuestra madurez política debería ser mayor, se incline hacia el caudillismo esta nación que hasta ahora había escapado a los Páez, los Perón, los Rosas y los Chávez. Todo esto, repito, no es más que mi opinión personal.
REFORMA TRIBUTARIA: inicia también sus labores el Congreso con otro importante encargo: estudiar el proyecto de reforma impositiva anunciado por el gobierno, y cuyo eje es una prórroga del impuesto al patrimonio. En 2002, cuando se decretó por primera vez este impuesto con carácter de emergencia, dada la grave necesidad de recursos para emprender la lucha contra las FARC, no podía haber duda sobre su evidente conveniencia. Sin embargo, no es posible hacer el mismo juicio cuando ya dicho impuesto se ha convertido en parte normal de nuestro sistema tributario, y ha ayudado así a darle su muy peculiar forma, que es la de una disparatada colección de pequeños elementos que ni siquiera pueden hacer armonía. No negaremos que el Estado necesita los recursos que se buscarán mediante esta reforma. Pero lamentamos que no se aproveche la oportunidad para intentar una nueva configuración de nuestro sistema de impuestos, una configuración en la cual, mediante tributos de amplia aplicación y amplio conocimiento, libres de exenciones y de beneficios particulares, el Estado organice de una buena vez un esquema de recaudo que pueda sobrevivir al paso de las décadas. Seguiremos por lo pronto con este sistema en el cual, gracias a las exenciones, las clases medias y pobres tributan para favorecer a las zonas francas y a los multimillonarios que logran obtener “contratos de estabilidad jurídica”.
REFORMA TRIBUTARIA II: de hecho, véanse los detalles del proyecto, y se verá que la estrategia de exenciones y privilegios del gobierno ya está mostrando sus debilidades. El gobierno propone reducir el más famoso de los favores tributarios, la exención por reinversión en activos productivos. También propone que las zonas francas no puedan gozar de este beneficio. Y propone que los contratos de estabilidad jurídica no protejan contra impuestos transitorios. Ya empieza a verse que este odioso sistema ni siquiera sirve a las necesidades de recaudo que tiene el Estado.
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