El "siglo de los jueces"... Agro, Ingreso Seguro.

¿SIGLO DE LOS JUECES?: ¿qué ha hecho nuestro país para merecer la suerte de que a sus altos funcionarios les haya nacido una torpe vocación por improvisar en materia de teoría política? Después de la promulgación presidencial del concepto de “Estado de opinión”, el cual sería absurdo de no ser porque es temible, tenemos ahora las desconcertantes afirmaciones del magistrado Augusto Ibáñez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, según el cual el siglo XXI será “el siglo de los jueces”. Tales afirmaciones parecerían ser la “fase superior” de una lamentable tendencia de arrogancia judicial que ha recorrido muchos países de Occidente en las últimas dos décadas. Dicha tendencia, celebrada por muchos jueces y académicos, entraña un peligro fatal para la democracia liberal, pues se basa en la creencia de que lo justo, lo bueno y lo conveniente para una sociedad son conceptos ya claramente establecidos, y por tanto el mejor mecanismo de gobierno es la orden judicial: el juez, iluminado, conocedor infalible de lo justo, lo bueno y lo conveniente, ordenaría a través de sus sentencias la materialización de todo aquello. En este esquema, tan idolatrado por los seguidores de ciertas teorías contemporáneas de la justicia, puede verse que la democracia sobra: sobra, porque si a través de elucubraciones filosóficas puede establecerse lo justo y lo bueno, los mecanismos de decisión representativos y democráticos no tienen ya función alguna que cumplir. La pluralidad de ideas y opiniones que existe en cualquier sociedad se desconoce, y se reemplaza por la filosofía de moda. Así se configura el camino hacia la dictadura judicial, o hacia la justificación de ésta.

AGRO INGRESO SEGURO: hace ya tres años, en una entrega de este mismo boletín, advertimos sobre los peligros que podían surgir con el anunciado programa “Agro Ingreso Seguro”, formulado por el gobierno nacional en momentos cuando varios sectores de la agricultura expresaban temor por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Advertimos entonces que un programa de tan escandalosa concepción, mediante el cual se transferirían recursos públicos a ciertas personas sin que estas tuviesen el deber de reembolsarlos, generaría una cacería rapaz en pos de tales recursos, en la cual no vencerían los agricultores pequeños y pobres, sino los grandes terratenientes, dotados además de influencia política. Las denuncias que hace la revista Cambio en su último número son la materialización de este pronóstico al pie de la letra. Ya tuvimos algún temor cuando el programa se inició sin que siquiera el TLC, su presunta justificación, hubiera entrado en vigor, cosa que aún no ha sucedido. De los temores pasamos ya a la indignación cuando vemos, en este caso, un nuevo ejemplo de una política económica cuyo principal elemento es este: la transferencia de recursos de las clases medias y bajas hacia los terratenientes y otros privilegiados, como las zonas francas y algunas grandes empresas. Esa es, lamentablemente, la política económica que nuestro gobierno defiende sin vacilación, y a la cual da el nombre de “confianza inversionista”.

Chávez visto por Jimmy Carter

CHÁVEZ VISTO POR CARTER I: en entrevista publicada ayer en El Tiempo, el ex presidente Jimmy Carter hace numerosos comentarios y muy variadas apreciaciones sobre Hugo Chávez y sobre lo que sucede hoy en Venezuela. Creo que, entre estas, cabe destacar dos. En primer lugar, Carter expresa aprobación hacia lo que considera es un proyecto sociopolítico incluyente, en el sentido de que ha permitido que “aquellos antiguamente excluidos tuvieran una participación más igualitaria en la riqueza nacional”. En segundo lugar, Carter manifiesta temor por las tendencias autoritarias de Chávez, a las cuales concibe como una reacción ante la baja de los precios del petróleo, y ante los problemas económicos que tal cosa significa para Venezuela.

CHÁVEZ VISTO POR CARTER II: le vendría bien al presidente Carter conocer mejor la historia de Venezuela, y, sobre todo, la naturaleza de su estructura política y económica, si quisiera ofrecer opiniones más sólidas. En el caso de la primera opinión citada, Carter se limita a repetir el principal argumento de los defensores de Chávez: la riqueza petrolera de Venezuela beneficiaba antes a unos pocos oligarcas, y ahora, gracias a Chávez, beneficia a todo el pueblo, en particular a los más pobres. Este argumento, débil y basado en falsedades, recuerda un poco las tesis de la teoría de la dependencia, según las cuales había unas perversas multinacionales que despojaban al pueblo de la riqueza petrolera, por lo cual el Estado debía asumir, mediante la nacionalización, el control total de ésta. Dicha recomendación, al ponerse en marcha, no hizo más que acentuar y agravar los problemas de Venezuela, pues llevó a extremos insospechados su dependencia de la renta petrolera, y borró los últimos vestigios del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, ahora más poderoso, opulento y autónomo que nunca. La tesis de Carter, para empezar, es falsa: no es verdad que los pobres hayan estrado excluidos de la repartición de la riqueza petrolera; de hecho, su gran tragedia es haber estado incluidos en ella, gracias a esa perversa idea del Estado petrolero como un dispensador de todo tipo de subsidios y beneficios, cosa que sólo puede hacerse de manera vulgar y desordenada, del modo como gasta su dinero un nuevo rico. Y cabe preguntarse: ¿acaso es bueno lo que Carter valora, es decir, que ahora el gasto petrolero tenga un presunto enfoque más dirigido hacia los pobres? Ya en pocos años, los resultados de esta política son suficientemente malos como para que ellos mismos contesten esta pregunta. Cosa que era natural, y que era de esperarse, porque la redención de los pobres no está en los regalos y en las dádivas del Estado, sino en la consolidación de una economía sólida y productiva, en la cual los ingresos sean fruto del trabajo y de la producción.

CHÁVEZ VISTO POR CARTER II: y se equivoca Carter de manera ya más grave cuando afirma que el autoritarismo de Chávez es producto de la caída de los precios del petróleo. Tan absurda es esta idea, y tan contraria es a lo que la historia reciente de Venezuela ha mostrado, que cabe incluso preguntarse de dónde la saca el ex presidente. Por el contrario, Chávez desplegó lo peor de su autoritarismo a partir del momento cuando los precios del petróleo empezaron a subir de manera acelerada, junto con los de la mayoría de productos básicos. Esto es además una tendencia normal, que se puede observar en cualquier país petrolero: cuando el petróleo sube, los países petroleros aprietan las cadenas en el interior, y empiezan a disparar hacia el exterior. Cuando los precios bajan, suelen tornarse mansos y abrir más las ventanas. Pero además de esto, cualquiera que se haya interesado desde el principio por el proyecto político de Chávez, que haya escuchado sus declaraciones con cuidado, y que haya leídos los documentos donde se consigna su proyecto político, sabrá que éste es autoritario por definición y por naturaleza, y que aquello que ha sucedido no es más que su desenvolvimiento natural.

El primer punto de la agenda colombiana de hoy

PRIMER PUNTO DE LA AGENDA COLOMBIANA: la gira de Chávez por Europa, con sus sonoros y escandalosos avisos de compra de armas, resalta, si acaso hacía falta, una verdad de la cual es mejor empezar a hacernos conscientes: el punto número uno de la agenda política de Colombia se llama Venezuela. Es sin duda el problema más grave que enfrenta nuestro país: un vecino agresivo, que de manera abierta y expresa da respaldo político a grupos terroristas colombianos, opina sobre la estructura de la sociedad colombiana, ordena a sus funcionarios intervenir de modo activo en Colombia, amenaza con cerrar el comercio, y al menos en dos ocasiones ha proferido amenazas verbales explícitas de acción militar contra Colombia. Y este mismo vecino anuncia compras de cohetes que pueden alcanzar el territorio colombiano, y de tanques, y de otros equipos militares, y negocia además facilidades de crédito para seguir con tales compras. Quien crea que en la agenda de prioridades de Colombia hay otro punto más importante, está sin duda viviendo en una alejada nebulosa.

ANTE EL REFERENDO I: en la entrega anterior de este boletín, tuve la oportunidad de compartir con los lectores mis impresiones sobre el proceso que llevaría a la posibilidad de una nueva reelección. Como lo dije en su momento, dichas opiniones son negativas, pues pienso que con este proceso las puertas de nuestro país se abren al indeseable fenómeno del caudillismo, por causa del cual tanto ha padecido América Latina, y al cual nuestro país, arraigado en su tradición de normalidad constitucional, había sido relativamente inmune. Pese a lo que indican estas opiniones, creo que la actitud ciudadana ante el referendo ―como ante cualquier acto que emane de nuestras autoridades constitucionales― debe ser la de respetar su legalidad y su validez, en particular si dichos atributos son confirmados por las autoridades correspondientes. Con esto, ante todo, quiero decir que, no obstante mis opiniones sobre el referendo y la reelección, no estaría yo dispuesto a respaldar ninguna iniciativa que, con el objeto de impedir que la reelección se materialice, conduzca al país por un camino de desestabilización, y de deslegitimación deliberada de sus instituciones.

ANTE EL REFERENDO II: por ejemplo no comparto yo la tesis ―que ya circula en algunos medios― según la cual los demás candidatos deben abstenerse de hacer su inscripción, de modo que el presidente Uribe quedase como candidato único, y así se restase legitimidad y valor a su elección, o se impidiese que ella suceda. Creo que esa es una idea injustificada y peligrosa. Injustificada, porque la regla de oro de la democracia constitucional, para casos como estos, es que debemos respetar las decisiones legítimamente emanadas de las autoridades constitucionales, especialmente si tales decisiones han pasado por el examen de quienes tienen autoridad para evaluarlas. Y la considero peligrosa, pues ella significaría una alteración de nuestra normalidad mucho más grave que lo que la propia reelección pudiera entrañar. Nuestro país se sumiría en una penosa incertidumbre, la cual golpearía de manera grave nuestra vida económica y social, y crearía un río revuelto en el cual podría pescar cualquiera de los maleantes que abundan en nuestro territorio, e incluso más allá de él. Recuérdese, además, todas las experiencias históricas en las cuales los grupos de oposición se han abstenido de participar en elecciones. En casi todos los casos, lo único que tal decisión les deja es el arrepentimiento.

Se aprobó el referendo... Venezuela y los empresarios

REFERENDO: de modo puramente personal, expreso mi genuino pesar por la aprobación en el Congreso del referendo que permite una segunda reelección. Mi opinión es que nuestro país, al dar vía libre a dicha iniciativa, rompe con su admirable tradición de normalidad constitucional, y da consagración a la presencia entre nosotros de una triste realidad, la cual había sido en buen grado ajena a nuestra cultura política: el caudillismo, es decir, la idea de que un ser superdotado es el único capaz de conducir los destinos del país. Estas opiniones personales no pueden cerrarse sin lo que podríamos llamar una dolorosa lamentación a priori: es una lamentación por lo que podría estar a punto de ocurrir; se sabe bien que, con el propósito de facilitar la aprobación del referendo en las urnas ―hecho para el cual nuestra Constitución sabiamente exige fuertes requisitos― los heraldos del caudillismo y sus serviles agentes están impulsando la idea de modificar el censo electoral con el propósito de reducirlo, de modo que, para su validez, el referendo no necesite el número de votos que hoy le sería exigido. Siguiendo a la sana costumbre de llamar las cosas por su nombre, esto no sería más que una trampa.

UN SISTEMA INCAPAZ: me hacía ver mi amigo Juan Manuel Charry en reciente tertulia que todos estos acontecimientos ponen al descubierto una incapacidad fundamental de nuestro sistema político, es decir, el sistema presidencialista. Decía Juan Manuel que esta maraña de vergüenzas surge porque nuestro sistema carece de la flexibilidad institucional que le permitiría reconocer hechos políticos notables, y dar trámite a ellos sin que se altere la normalidad democrática. El hecho político es la indudable aprobación popular de que goza el presidente Uribe, y la innegable realidad de que muchísimas personas quisieran verlo unos años más al frente de su cargo. En un sistema parlamentario, a esta realidad se da vía libre mediante la posibilidad de que un mismo gobierno ―no necesariamente un mismo individuo― ejerza las labores ejecutivas durante el tiempo que se lo permita la aprobación popular, estando siempre sujeto a la posibilidad de ser retirado de sus funciones en cualquier momento. En nuestro sistema tenemos que recurrir a procesos tan patéticos como el que culminó con la aprobación del referendo, y que tienen la capacidad de generar guerras institucionales que corrompen la naturaleza de los órganos del poder, y por esa vía erosionan la legitimidad y la solidez del sistema.

VENEZUELA Y LOS EMPRESARIOS: en declaraciones inauditas, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Exportadores dijo que los empresarios colombianos no pueden vivir presos de esa arma de chantaje que continuamente utiliza el presidente Hugo Chávez: la amenaza de afectar el comercio entre los dos países. En Colombia, que es un país dedicado en alto grado (por fortuna) al comercio y a los negocios, tales amenazas solían producir un efecto de alarma, tras el cual venían los llamados al apaciguamiento. Pero, como ya había advertido el autor de estas notas en un artículo de la revista Cambio*, hacía falta que los empresarios, sin dejar atrás su admirable y sana vocación comercial, reconociesen que las actuales dificultades son de una naturaleza diferente, pues emergen de la ejecución de un proyecto geopolítico. Por fortuna, a tiempo han abierto los ojos.