Los decretos sobre el sistema de salud

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD I: No es este un espacio adecuado para comentar en detalle todos los decretos que, bajo la figura del estado de emergencia económica y social, ha expedido el Gobierno Nacional en los últimos días, con el propósito de conjurar la ruina del sistema de salud colombiano. Pero este espacio sí puede ser útil para llamar la atención sobre algunos de los ejes conceptuales de los decretos, y sobre los errores, que, a mi modo de ver, están cometiendo quienes se han apresurado a condenar las medidas que ellos contienen. El primero y más importante de esos ejes conceptuales es tan elemental, y debería ser tan propio del más simple sentido común, que es verdaderamente increíble que sea necesario defenderlo de manera explícita: los servicios de salud, como cualquier otra actividad que implique la garantía de una cierta condición de bienestar material, tienen un costo, y por tanto su prestación no puede ser ilimitada. Increíble resulta también que haya que explicar la elemental razón de esto último, pero hay que hacerlo: todo servicio cuya prestación dependa de recursos limitados y escasos, debe necesariamente confinarse a lo que dichos recursos puedan sostener. Si una comunidad se siente insatisfecha y desea más de ese servicio, no tiene otra alternativa que aumentar los recursos que respaldan su prestación, lo cual en términos prácticos significa tributar o contribuir más.

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD II: Pero hemos vivido ya casi veinte años sumidos en la ilusión de que, si la Constitución eleva a la categoría de “derecho” una cierta condición de bienestar material, o si la Corte Constitucional dictamina que dicha condición es conexa con un derecho fundamental, entonces su reclamación es procedente en todos los casos, sin que sea necesario examinar la disponibilidad real de recursos. Tras una máscara filosófica de justicia, lo que allí se esconde es la manera más torpe de concebir y ejecutar políticas públicas. Y esa torpeza le abre la puerta a innumerables excesos, como la reclamación judicial por vía de acción de tutela de servicios de salud innecesarios o suntuosos, cuya aprobación no sólo significa que toda la sociedad debe pagar por ellos, sino que los recursos para atender las verdaderas necesidades de salud se hacen más escasos. Los colombianos no podemos seguir esperando beneficios ilimitados de parte de un sistema que se alimenta de recursos limitados. Si queremos que ese sistema nos dé más, tendremos nosotros que alimentarlo más. Y en cualquier caso, dado que los recursos nunca serán infinitos aun cuando los aumentemos, es necesario someterlos a una administración razonable, de acuerdo con una identificación de prioridades.

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD III: Pero incluso algunos expertos en el tema, como el Dr. Álvaro Cardona (decano de Salud Pública de la Universidad de Antioquia) siguen sosteniendo que, por ser la salud un “derecho esencial”, la reclamación judicial de servicios no admite ninguna limitación. Así lo sostuvo el citado académico, en entrevista con W Radio esta mañana. Cosa que evidencia que nos hemos convertido en una sociedad que cree en la magia de las letras y de las normas: una sociedad que aspira llegar al bienestar a punta de consagrar “derechos” y exigirlos mediante tutelas, sin considerar los costos, ni los modos de hacer efectivas esas condiciones. Por eso, en principio, y sin entrar en la letra menuda, creo que los decretos relacionados con este punto transmiten al menos un mensaje que ya era hora que nuestra sociedad escuchara. Y es más: por lo que he podido leer de esa letra menuda, no habrá restricciones a lo que está en el Plan Obligatorio de Salud, ni a la atención de enfermedades catastróficas. Las restricciones se erigen para los servicios no incluidos en el mencionado plan, cosa que es apenas razonable, por todas las razones que antes he expuesto. No significa esto que los decretos sean perfectos, ni que el sistema lo sea: hay disposiciones con las cuales debe tenerse cuidado, como la conformación de comités para decidir sobre la prestación de servicios no básicos, cosa que, de manejarse erróneamente, podría afectar el sistema con demoras, burocracia y corrupción. Males que vendrían a sumarse a las conocidas y condenables prácticas de las EPS para inducir a sus médicos a no ordenar tratamientos.

reelección, a la espera del fallo de la Corte

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE I: tiene mucha razón Humberto de la Calle cuando pide, en su columna de ayer en El Espectador, una especie de acuerdo nacional para que se respete y se acate el fallo que próximamente deberá emitir la Corte Constitucional, y en el cual se decidirá acerca de la exequibilidad del referendo para establecer una nueva reelección. De ser favorable al referendo, los más feroces opositores de dicha figura deberían abstenerse de someter a la Corte y a sus magistrados a injurias y agravios de índole personal, y menos aún a sugerir que dicha institución y sus integrantes se hallan al servicio del Gobierno, o que de alguna manera suplican favores de éste. Del mismo modo, si la Corte Constitucional dictamina que el referendo es inexequible, los promotores de éste deberán abstenerse de calificar a la Corte como una quinta columna y a los magistrados como amigos de la guerrilla. Ambos bandos también deberían tributar a la Corte Constitucional el reconocimiento que ella merece como institución, y deberán admitir toda la eficacia jurídica de su dictamen. Las instituciones marcan un límite a las pasiones políticas, y por tanto, ya que necesariamente al menos una de las partes estará en vivo desacuerdo con el fallo, le corresponderá controlar y moderar sus ímpetus, y manifestar que, aun cuando cree que la Corte pudo haber optado por otra decisión, la que tomó tiene la sanción del orden constitucional, y por eso pide para ella acatamiento.

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE II: Y es necesario poner énfasis en esta advertencia, porque los extremistas de ambos bandos suelen sugerir, con algunas de sus palabras, que su posición tiene una verdad y una validez que es incluso superior al eventual dictamen de la única entidad investida por la Constitución para decidir. Del lado de los opositores, por ejemplo, puede oírse decir a veces que una nueva reelección significaría un rompimiento total del orden constitucional, cosa que a su vez sugiere que ni siquiera un fallo aprobatorio de la Corte dotaría al referendo de integridad institucional. Y del lado de los partidarios de la reelección, suele oírse que la “voluntad del pueblo” —la cual ellos presumen íntegramente en su favor— no tiene límites y goza de una soberanía absoluta; a partir de esto no hay más que un paso para decir que si la Corte falla en contra del referendo, lo hace en transgresión del más indiscutible y sagrado de todos los poderes. En ambos casos, lo único que se haría es dar un golpe bajo a nuestras instituciones, y, en virtud tan sólo de satisfacer un impetuoso ánimo político, encaminar a nuestro país por una incierta ruta de división, en la cual el espíritu de intransigencia se eleva por encima del respeto al orden normativo.

EL NUEVO PERFIL DEL EMPRESARIADO COLOMBIANO: Hace algunos meses, en una ponencia presentada en el seminario macroeconómico de Anif y Fedesarrollo, lamenté el hecho de que, gracias a la estructura que recientemente se ha dado a nuestra economía, el perfil del empresariado colombiano estaba sufriendo una cierta mutación, cosa que podía notarse en el tipo de empresario que antes gozaba de figuración pública, y los que ahora disfrutan de ella. Hace unos años, recuerdo que los empresarios de que hablaban los reportajes eran emprendedores o altos ejecutivos de empresas competitivas y destacadas, cuyos negocios sorprendían por exhibir capacidad estratégica, espíritu innovador y fuerza competitiva. Son diferentes las cosas en esta era de exenciones tributarias, Agro Ingreso Seguro, zonas francas y contratos de estabilidad, en la cual quien triunfa no es quien con más audacia y sagacidad enfrenta la competencia u ofrece nuevos productos, sino quien logra acceder a los beneficios que se otorgan en la cima del poder público. Si antes brillaban los estrategas del comercio, de la industria y de la banca, quienes ahora brillan son los contratistas del Estado y sus abogados. Véase como ejemplo el reportaje dedicado ayer en El Tiempo a Héctor Taborda, quien al parecer ha construido un imperio como contratista del Estado, y de quien el reportaje dice que tiene inversiones en “movilidad, servicios públicos y construcción de una zona franca que el gobierno le entregó”. Para la cual, seguramente, solicitará un contrato de estabilidad jurídica.

La reelección vista por los medios internacionales

NUEVO AÑO: a todos los queridos amigos de este boletín y de nuestro instituto les envío los mejores deseos, y espero que, tras una merecida pausa, hayan renovado sus fuerzas, y se dispongan a disfrutar de un año que, en mis deseos, ha de traerles muchas satisfacciones y muchos motivos de felicidad.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES I: es bien conocido que varios periódicos internacionales de muy elevada importancia han aconsejado al presidente Uribe no aspirar a un tercer período. De parte del Primer Mandatario no conocíamos reacción alguna, hasta que, hace pocos días, afirmó haberse sentido muy conmovido por un cierto mensaje, cuyo autor le decía que esos mismos medios nunca se pronunciaron sobre la violencia que desgarró a Colombia en las décadas pasadas. Aunque no lo hubiese dicho de manera explícita, sugirió de este modo el Presidente que tales periódicos tenían una visión sesgada del país, y sólo se interesaban en él cuando el centro de la cuestión era Uribe y sus aspiraciones. Pues bien, valdría la pena hacer tres aclaraciones a ese corresponsal que envió al Presidente el conmovedor mensaje. La primera, es que simple y llanamente se equivoca: la cuestión de la violencia colombiana sí ocupó la atención de los medios internacionales durante varios años. Es más, dichos medios advirtieron en numerosas ocasiones sobre los peligros que representaban las organizaciones terroristas de nuestro país, e incluso reseñaron con sorpresa y con enfoque crítico algunas de las iniciativas de paz de las cuales el país hoy se arrepiente, sobre todo el proceso de diálogos del presidente Pastrana, cuya extraordinaria concesión territorial a las FARC jamás dejó de sorprender a los editorialistas del exterior.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES II: y es más: no sólo advirtieron antes sobre la gravedad del terrorismo y de la violencia, sino que ahora siguen enfatizando en cuán dolorosos han sido estos males. Cosa que nos conduce a la segunda precisión: sin excepción, esos medios que han advertido sobre los peligros de una segunda reelección, han reconocido de la manera más amplia y generosa los logros del presidente Uribe, y han recordado al mundo la dimensión de la crisis que Colombia enfrentaba cuando por primera vez el actual Presidente llegó a su cargo. Selecciono al azar una de tantas piezas que al respecto han aparecido en la prensa internacional: Newsweek del 21 de diciembre, en un artículo titulado “El legado de Uribe” (Uribe’s Legacy) dice que el Presidente “…rescató del colapso a uno de los países más peligrosos y más fragmentados… Gracias a sus esfuerzos, Colombia es aún una democracia que funciona”. El artículo llega a sintetizar la obra de Uribe en estos términos: “… le ha dado a Colombia el trío de paz, seguridad y prosperidad”. En esas palabras se ve con claridad que la revista no sólo reconoce que antes de Uribe Colombia vivía una situación desesperada, sino que da al Presidente todo el crédito por haber propiciado la superación de esa crisis. Difícilmente podría decirse que allí hay un sesgo contra Uribe, o que hay un desconocimiento de lo que vivió Colombia antes de su mandato. Líneas más abajo, el artículo de Newsweek procede a advertir sobre los peligros de buscar un tercer período, y lo hace con argumentos y con razones sólidas. Eso nos lleva a la tercera consideración.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES III: cabría entonces decir, y en este caso, con el más profundo respeto, al Señor Presidente de la República, que su respuesta a los argumentos que han expresado los periódicos y las revistas internacionales no resuelve de ningún modo las inquietudes que aquellos han planteado, inquietudes estas que son serias, válidas, dignas de ser oídas y consideradas. Han advertido sobre el peligro de que Colombia abandone sus tradiciones ejemplares de Estado de Derecho y de alternación democrática. Estas son objeciones muy válidas y muy dignas de consideración. Y es más: merecen una respuesta, no sólo por el hecho de que ellas evidencien —como de hecho lo hacen— que en la comunidad internacional un tercer mandato será muy mal visto y eso puede traer problemas al país, sino por la simple razón de que esos valores y esos principios que hoy están en juego son importantes para los colombianos.