reelección, a la espera del fallo de la Corte

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE I: tiene mucha razón Humberto de la Calle cuando pide, en su columna de ayer en El Espectador, una especie de acuerdo nacional para que se respete y se acate el fallo que próximamente deberá emitir la Corte Constitucional, y en el cual se decidirá acerca de la exequibilidad del referendo para establecer una nueva reelección. De ser favorable al referendo, los más feroces opositores de dicha figura deberían abstenerse de someter a la Corte y a sus magistrados a injurias y agravios de índole personal, y menos aún a sugerir que dicha institución y sus integrantes se hallan al servicio del Gobierno, o que de alguna manera suplican favores de éste. Del mismo modo, si la Corte Constitucional dictamina que el referendo es inexequible, los promotores de éste deberán abstenerse de calificar a la Corte como una quinta columna y a los magistrados como amigos de la guerrilla. Ambos bandos también deberían tributar a la Corte Constitucional el reconocimiento que ella merece como institución, y deberán admitir toda la eficacia jurídica de su dictamen. Las instituciones marcan un límite a las pasiones políticas, y por tanto, ya que necesariamente al menos una de las partes estará en vivo desacuerdo con el fallo, le corresponderá controlar y moderar sus ímpetus, y manifestar que, aun cuando cree que la Corte pudo haber optado por otra decisión, la que tomó tiene la sanción del orden constitucional, y por eso pide para ella acatamiento.

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE II: Y es necesario poner énfasis en esta advertencia, porque los extremistas de ambos bandos suelen sugerir, con algunas de sus palabras, que su posición tiene una verdad y una validez que es incluso superior al eventual dictamen de la única entidad investida por la Constitución para decidir. Del lado de los opositores, por ejemplo, puede oírse decir a veces que una nueva reelección significaría un rompimiento total del orden constitucional, cosa que a su vez sugiere que ni siquiera un fallo aprobatorio de la Corte dotaría al referendo de integridad institucional. Y del lado de los partidarios de la reelección, suele oírse que la “voluntad del pueblo” —la cual ellos presumen íntegramente en su favor— no tiene límites y goza de una soberanía absoluta; a partir de esto no hay más que un paso para decir que si la Corte falla en contra del referendo, lo hace en transgresión del más indiscutible y sagrado de todos los poderes. En ambos casos, lo único que se haría es dar un golpe bajo a nuestras instituciones, y, en virtud tan sólo de satisfacer un impetuoso ánimo político, encaminar a nuestro país por una incierta ruta de división, en la cual el espíritu de intransigencia se eleva por encima del respeto al orden normativo.

EL NUEVO PERFIL DEL EMPRESARIADO COLOMBIANO: Hace algunos meses, en una ponencia presentada en el seminario macroeconómico de Anif y Fedesarrollo, lamenté el hecho de que, gracias a la estructura que recientemente se ha dado a nuestra economía, el perfil del empresariado colombiano estaba sufriendo una cierta mutación, cosa que podía notarse en el tipo de empresario que antes gozaba de figuración pública, y los que ahora disfrutan de ella. Hace unos años, recuerdo que los empresarios de que hablaban los reportajes eran emprendedores o altos ejecutivos de empresas competitivas y destacadas, cuyos negocios sorprendían por exhibir capacidad estratégica, espíritu innovador y fuerza competitiva. Son diferentes las cosas en esta era de exenciones tributarias, Agro Ingreso Seguro, zonas francas y contratos de estabilidad, en la cual quien triunfa no es quien con más audacia y sagacidad enfrenta la competencia u ofrece nuevos productos, sino quien logra acceder a los beneficios que se otorgan en la cima del poder público. Si antes brillaban los estrategas del comercio, de la industria y de la banca, quienes ahora brillan son los contratistas del Estado y sus abogados. Véase como ejemplo el reportaje dedicado ayer en El Tiempo a Héctor Taborda, quien al parecer ha construido un imperio como contratista del Estado, y de quien el reportaje dice que tiene inversiones en “movilidad, servicios públicos y construcción de una zona franca que el gobierno le entregó”. Para la cual, seguramente, solicitará un contrato de estabilidad jurídica.