Ideas preelectorales

IDEAS PREELECTORALES I: Ya menos de una semana nos separa de las elecciones presidenciales. Desde hace ya un buen rato tengo mi decisión tomada para el voto en la primera vuelta: es una decisión, sin embargo, que me abstendré de compartir con los lectores a través de este medio, pues hacerlo constituiría una falta de respeto para con la Institución que represento. Sin incurrir en tal cosa, puedo anticipar, a manera de recomendación, lo que creo deben ser los dos criterios más importantes para la selección de un buen presidente en este momento de nuestra historia. Esos dos criterios son, de cierto modo, las dos caras que en mi opinión presenta ante nosotros hoy el legado de gobierno del presidente Uribe, y de ningún modo aspiran a agotar todo lo que podría decirse en la materia. La primera tiene que ver con seguridad: no creo, como dicen algunos con confianza ciega, que sea ya imposible retroceder en cuanto a seguridad y lucha contra la guerrilla. Quienes así piensan apuntan a la sólida conciencia nacional que parece haber al respecto, y al hecho de que prácticamente ningún candidato presidencial reniega de la bandera de la seguridad. Yo sin embargo creo que el retroceso sí es posible, pues más que declaraciones expresas de apoyo, esta política necesita un liderazgo muy especial, en cuya ausencia ella fácilmente podría estancarse, o empezar a retroceder de modo gradual; y no olvidemos que la contraparte, la guerrilla, está más que ejercitada en la paciencia y en el logro progresivo de sus objetivos, para lo cual podrán seguir contando con el dinero del narcotráfico. De modo que, al evaluar un candidato en cuanto a su política de seguridad, no sólo ha de pensarse en sus propuestas expresas: habrá también que analizar su capacidad para liderar este esfuerzo.

IDEAS PREELECTORALES II: Por otra parte, muchos conocidos me dicen que es indispensable preservar el legado de Uribe, y al decir tal cosa no hacen distinción de políticas específicas. Sin duda hay que preservar algunos aspectos del legado uribista. Pero si los observadores fuesen un poco más analíticos, se preguntarían en virtud de qué hay que preservar una política económica que nos deja con un déficit fiscal y un endeudamiento que crecen, con el desempleo más alto de América Latina, con una significativa mayoría de trabajadores empleados en el sector informal, con un sistema de salud próximo al desastre, con un sistema tributario que asemeja al caos primitivo del universo, con unos indicadores mediocres y vergonzosos de internacionalización, y con un Estado cuya idea de desarrollo es que las clases medias y pobres le regalen dinero a quienes ya tienen (y tienen bastante), con la ingenua y fracasada idea de que ellos utilizarán los obsequios para generar desarrollo y empleo. Me resulta difícil entender por qué habría que prolongar las políticas que han conducido a tales resultados.

VIGENCIAS FUTURAS: A lo cual cabe añadir, como han advertido muchos analistas, que el propio presidente Uribe se ha encargado de cerrar el margen de maniobra de su sucesor con varios instrumentos, entre ellos los compromisos con vigencias futuras por un valor aproximado de $ 26 billones. Por tratarse de un asunto de naturaleza técnica, accesible sólo a los expertos en finanzas públicas, la ciudadanía sigue su vida sin alarmarse por esta escandalosa noticia. Casi siempre sucede lo mismo cuando se trata de dineros públicos: ajena al lenguaje especializado de la hacienda pública, y sumida además en el mito de que los dineros públicos son “del Estado”, la ciudadanía no logra adquirir la conciencia de que tales dineros son suyos, y de que su trabajo y su patrimonio personal son la fuente de donde ellos vienen. Así, se da lugar a una lamentable indiferencia, gracias a la cual pasan como noticias cotidianas lo que son verdaderas aberraciones. Nadie se escandaliza cuando nos dicen que, por la ineptitud de la administración distrital, y muy posiblemente por corrupción, Bogotá tendrá que pagar enormes sobrecostos por las obras públicas. Atención: no será “Bogotá” quien pague, seremos todos los contribuyentes de la ciudad. De igual manera, el público deja pasar inadvertida la realidad de que, por decisión del actual gobierno, durante los próximos seis años el Estado ingresará en nuestro patrimonio para sustraernos la suma de 26 billones de pesos. Las vigencias futuras no se giran en último término contra las arcas del Estado: se decretan y se pagan contra los ingresos y el patrimonio de cada uno de los lectores (y de los electores).