UN CALUROSO SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Queridos lectores:

Para ustedes, que son la razón de ser de nuestros esfuerzos; para ustedes, que son nuestra constante compañía, nuestros interlocutores, las mentes vivas que alimentan nuestras reflexiones; para ustedes, a quienes cada semana tenemos en placer y el honor de dirigirles nuestros pensamientos por esta vía, queremos desearles la más feliz temporada navideña, y queremos comunicarles nuestros más sinceros deseos para que el 2010 sea un año de grandes venturas.

En enero de 2010 daremos de nuevo inicio a nuestras actividades, y seguiremos trabajando por una mejor comprensión de los asuntos de nuestro país y de nuestra región, pero sobre todo, seguiremos trabajando con ímpetu y con indeclinables ánimos en la búsqueda de soluciones, y en la formulación de propuestas que nos conduzcan a tener una sociedad próspera y moderna, capaz de avanzar y de superar sus problemas; una sociedad pluralista donde todos podamos convivir dentro del marco de las normas; una sociedad que mira hacia adelante, y que no pone obstáculos al progreso.

Reciban todos ustedes, de parte del Instituto Libertad y Progreso, de sus fundadores y directivos, un caluroso saludo, con nuestra más sincera gratitud, por habernos acompañado durante este año. Confiamos en seguir disfrutando de su compañía en el año que viene, el cual, esperamos, no traiga sino lo mejor para todos ustedes.

Atentamente,

TITO LIVIO CALDAS

Presidente

ANDRÉS MEJÍA VERGNAUD

Director Académico

Nadie habla por los desempleados

NADIE HABLA POR DESEMPLEADOS: hoy seguirán las conversaciones en la que comúnmente se conoce como “mesa de concertación salarial”, la cual reúne a varios sectores con el propósito, casi nunca logrado, de alcanzar un acuerdo sobre el alza del salario mínimo para el año siguiente. Cabe observar algunos asuntos interesantes acerca de la conformación de esta mesa, en lo referente al fundamento que tiene la presunta representación que allí asumen sus participantes. Están en la mesa, por ejemplo, las centrales sindicales, a quienes todos los medios de comunicación injustificadamente llaman “los trabajadores”, y que se comportan en esta comisión como si realmente representaran los intereses de todos los trabajadores. Sabemos que tan sólo una pequeñísima fracción de los trabajadores colombianos pertenece a sindicatos: por este sólo hecho, las centrales sindicales deberían reconocer que su participación, aun cuando pueda ser constructiva y bien intencionada, carece de un fundamento que les permita presentarse como voceros de todos los trabajadores. Pero debería llamar también la atención otro hecho: en un país cuyas tasas de desempleo se acercan al 12 por ciento, y cuya tasa de informalidad se acerca al 60 por ciento, no hay en esta mesa de concertación una voz que hable por los intereses de quienes no tienen trabajo, o de quienes deben trabajar al margen del sistema, sin disfrutar de ninguno de sus beneficios. De haber una representación de esos sectores, seguramente oiríamos un desafío al statu quo en materia laboral, un desafío por el cual clama hace rato nuestra economía. El statu quo está representado por una rígida legislación, y por unos elevadísimos impuestos a la nómina; ambos configuran una suerte de tenaza en contra de la expansión del empleo formal.

PROHIBICIÓN DE DOSIS PERSONAL: casi todo ha sido dicho, y ha sido dicho acertadamente, con respecto a la insólita reforma que prohíbe sin penalizar el consumo y el porte de dosis personales de droga. Se ha dicho que es jurídicamente absurda, y eso es cierto. Es también un retroceso injustificado, pues si bien el Gobierno tiene razón en preocuparse por el aumento en el consumo de droga, y por el incremento en la criminalidad asociada con el expendio de dichas sustancias, no ha ofrecido ni una sola razón convincente para mostrar que esta reforma ayudaría a combatir tales problemas. Lo único que ha ofrecido es una suerte de obstinación moralista, cosa que no es garantía de efectividad.

¿HACIA LA REELECCIÓN INDEFINIDA?: vale la pena advertir nuevamente que los argumentos con los cuales se defiende una nueva reelección son, en rigor, argumentos en pro de una reelección indefinida. Nótese que tales argumentos, basados en nociones como la presunta soberanía absoluta de la voluntad popular, y la conveniencia de reelegir a quien se considera como un buen gobernante, nunca se matizan con límites de ninguna índole, menos aun temporales. Para la muestra, algunas palabras de la entrevista de Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior, con Yamid Amat (El Tiempo, diciembre 13). En ellas, el Ministro dice que cuando un pueblo tiene la fortuna de encontrar un buen gobernante, “no se nos puede negar el derecho a seguir contando con él como el gran conductor y guía de la Nación”. Pregunto: ¿y si así lo considera “el pueblo” después de tres, o de cuatro períodos? ¿Tampoco en ese caso se debe impedir que se siga eligiendo al “gran conductor y guía de la Nación”?

El caso de Nicolás Castro

EL CASO DE NICOLÁS CASTRO: imposible resulta no referirse al tema de preferencia en las conversaciones cotidianas de hoy en Colombia, que es también el predilecto de la mayoría de los columnistas. Es el caso de Nicolás Castro. Brevemente, contémosle a nuestros lectores internacionales de qué se trata: la semana pasada, las autoridades capturaron a un joven estudiante de Bellas Artes, a quien señalan de haber iniciado en Facebook un grupo, en cuyo título, según las historias, decía comprometerse a asesinar a uno de los hijos del presidente Uribe. Se ha sabido que el FBI de Estados Unidos colaboró en la operación, pues ésta involucraba hacer un complejo trabajo de rastreo informático. El joven permanece preso, y abundan las versiones según las cuales podría ser condenado a una cuantiosa pena de prisión. El caso no sólo ha despertado una gran atención sino que también ha dado lugar a polémicas. Una de ellas relacionada con lo que, para algunos, es un despliegue desproporcionado de recursos para la investigación de un hecho de cuyo género ocurren muchos y muy similares, pero en los cuales el objetivo son otras personas que no ostentan la calidad de ser familia presidencial. Así, los polemistas acusan al Estado de comportamiento discriminatorio y preferencial. El otro punto de la polémica es la libertad de expresión: para algunos, lo que hizo este joven en Facebook está amparado por su derecho a expresarse libremente; para otros, en este caso las expresiones cruzaron una línea más allá de la cual no están cubiertas por el amparo de la libertad, es decir, fue más allá de lo que permite una sana libertad de expresión.

EL CASO DE NICOLÁS CASTRO II: muy brevemente empecemos por la primera polémica, la cual no requiere mayor consideración. ¿Por qué? Porque en cualquier país de la tierra habría ocurrido lo mismo: es apenas normal que las amenazas que de manera directa o indirecta apuntan hacia un jefe de Estado o hacia un jefe de gobierno reciban atención especial de las autoridades. Sostener lo contrario sería tan absurdo como decir que el Estado discrimina a todos los demás ciudadanos por no dotarlos de guardaespaldas en el mismo número y rango que aquellos que tiene el presidente. Diferente es la cuestión si el Estado actúa con negligencia, o simplemente no actúa, en casos de amenazas a particulares. En este caso, el Estado y sus autoridades estarían incumpliendo con una de sus funciones básicas.

EL CASO DE NICOLÁS CASTRO III: pasemos entonces al otro punto, el cual sí amerita consideraciones interesantes. ¿Están estas manifestaciones amparadas por las libertades de conciencia y de expresión? Al respecto, lo primero que habría que pedir es una investigación profunda y total de los hechos, pues sólo así puede determinarse cuál fue el alcance de la conducta de este joven. Conocidos y probados tales hechos, será materia de los jueces examinar si estos son hechos delictivos, de acuerdo con la ley. Pero supongamos que las acciones de este cabeza hueca no hubieran ido más allá de hacer el mencionado grupo de Facebook. Aunque no soy abogado, creo que, en principio, esto no constituiría instigación al delito, pues no incitaba a otras personas a realizar acto alguno, sino que él decía comprometerse a realizarlo. Podría pensarse en un delito de homicidio en grado de tentativa, claro, si se comprobara que el joven llevó a cabo actos dirigidos hacia la consumación del hecho, y que tal consumación fue imposible por factores ajenos a su voluntad. Pero en la medida en que los actos no constituyan conducta criminal alguna, con la mayor tristeza debemos decir que tan estúpida frivolidad está amparada por las libertades constitucionales, así este ejercicio particular de la libertad merezca la más enérgica condena social, y suscite las más hondas preocupaciones acerca del extremismo que hay en sectores de nuestro espectro político. Suscita, además, una profunda lástima el constatar que un joven que ha tenido todas las oportunidades, y que ha podido educarse en un modo que a tantos les es esquivo, utilice en tan infame idiotez sus conocimientos y sus recursos. Hay que aclarar que la detención preventiva que hoy sufre este joven es una consecuencia normal y apenas previsible de sus tonterías: ¿acaso podría esperar cosa diferente quién públicamente amenace cometer un homicidio? Quien haga tal cosa no debe extrañarse ni protestar porque las autoridades investiguen su conducta, e incluso porque se le impongan de modo temporal las medidas previstas en la ley. De modo que esta es mi opinión, repito, en la medida en que no se compruebe la comisión de delitos o la tentativa de comisión de ellos; casos estos en los cuales, claro está, debe actuar la justicia de acuerdo con la ley.

Un desafío institucional para Colombia

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA: la semana pasada tuve el honor de participar en un panel con el título “Desafíos institucionales para Colombia”, dentro del Seminario Macroeconómico 2010 de Anif y Fedesarrollo. Muy brevemente, compartiré con ustedes la opinión que expresé en dicho panel. La economía colombiana es en general una economía capitalista, y lo seguirá siendo. Pero el capitalismo viene en muchos empaques y colores diferentes, y cada uno de ellos trae consigo un modo diferente de organización de las relaciones sociales y del poder político. Al pensar en cuál es la forma que quisiéramos dar a nuestro capitalismo, mi opinión es que deberíamos buscar objetivos como la competitividad internacional, la capacidad de innovar y de agregar valor, la mejoría general del nivel de ingresos, y la estabilidad democrática y constitucional. Por fortuna, Colombia tiene ya una experiencia en su pasado que encaminó al país muy decididamente en pos de esos objetivos. Es la experiencia del café y de la industrialización que siguió al éxito de aquel producto, en las primeras décadas del siglo pasado.

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA II: ¿cuáles fueron las características de esa experiencia? El cultivo del café se desarrolló en pequeñas parcelas, las cuales, en su mayoría, o eran de propiedad de la familia que las trabajaba, o luego pudo esa familia acceder a tal propiedad. La producción del café estaba orientada hacia el mercado mundial, y en cada parcela cafetera era necesario organizar algún pequeño proceso de administración, y era necesario poner en marcha un pequeño proceso de transformación; es decir, había allí ya un germen de gerencia y de industria. El éxito del café vino luego a financiar la industrialización, principalmente en Antioquia y en el Occidente colombiano, y esta se hizo en buena medida a través de las sociedades anónimas, en las cuales concurrían capitales relativamente pequeños. Así, con un proceso cuyos protagonistas eran la propiedad pequeña y dispersa y la orientación hacia actividades modernizantes, en Colombia se creó una fuerte clase media, y se dio origen a una clase empresarial de avanzada, la cual alejó a Colombia de las actividades económicas heredadas de la Colonia, y que se apoyaban en la propiedad latifundista y casi ociosa de la tierra. Colombia no sólo modernizó su economía, sino que pudo consolidar una democracia la cual, con todos sus defectos, y asediada como ha estado por infinidad de problemas, ha sido ejemplo en todo el continente un orden constitucional firme y moderado.

UN DESAFÍO INSTITUTICIONAL PARA COLOMBIA III: teniendo Colombia tan cerca en su pasado una experiencia de modernización tan apreciable, no es fácil entender por qué existe ahora un empecinamiento tenaz en dirigir al país por una senda diferente. Hoy por hoy, la mayoría de nuestras políticas económicas —al menos aquellas de las cuales es responsable el Gobierno Nacional— favorecen a las grandes estructuras de propiedad concentrada, no necesariamente competitiva, y no necesariamente ubicada en sectores que puedan dar a la economía colombiana un perfil de avanzada. Y se les favorece a costa del resto de la sociedad, la cual es obligada a tributar para financiar las exenciones y los favores que se conceden a los colosos privilegiados. Esa economía que hace un siglo se orientó hacia el mercado mundial y se industrializó, hoy tiene como sus sectores de más rápido crecimiento a la minería —una actividad cuasiprimitiva de extracción— y a las obras públicas, es decir a la contratación con el Estado. La modernización y la industrialización nos legaron una estructura social que por supuesto no es perfecta, pero que sin duda estaba encaminada en la dirección correcta. De consolidarse el actual cambio, no lo dudemos, vendrá otra estructura de la sociedad y del Estado, la cual sin duda carecerá de las virtudes que tenía la anterior.

Uribe y la Corte... La gestión de Jaime Bermúdez

URIBE Y LA CORTE: en la polémica infantil que hoy sostienen el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, ambas partes parecen haber olvidado que en Colombia no rigen como norma suprema las conversaciones de salón, ni los compromisos informales y privados que en ellas se hagan, sino nuestra Constitución Política y nuestras leyes. Por tanto, lo que hayan dicho en tal o cual conversación, o lo que en privado hayan acordado en tal o cual salón, carece totalmente de importancia. La designación del titular de la Fiscalía está gobernada únicamente por las normas que al respecto tiene nuestra Constitución, y cualquier intento de añadirle nuevos criterios al asunto es una atribución arbitraria de facultades constituyentes. No debe haber nada diferente al acatamiento de las normas, y la Corte Suprema debe proceder a elegir Fiscal a partir de la terna que existe, expresando salvedades y preocupaciones si así lo desea, y dejando a un lado la antipatía personal que a algunos de sus magistrados pueda despertarles el presidente Uribe, y dejado también a un lado la opinión que tengan sobre su proyecto político. ¿Por qué debe hacerse esto? Porque es el camino del acatamiento de la Constitución.

A TODO SEÑOR, TODO HONOR: al evaluar la gestión de los altos funcionarios públicos, hay, en muchos sectores de la prensa de opinión, la infortunada tendencia a concentrarse únicamente en aquello que pueda ser base para descalificaciones, críticas o juicios negativos. No está mal criticar a los altos funcionarios del Estado, y sin duda la prensa de opinión cumple una labor importantísima al someter la gestión de aquellos a un constante examen. Pero tal examen sería más digno de crédito si fuese más ecuánime: en particular si, con la misma presteza con la cual muchos columnistas corren a escribir sonoras reprobaciones (en ocasiones irrespetuosas), se apresurasen también a reconocer con justicia los casos en los cuales hay éxitos evidentes e incontrovertibles. Creo que pocos han sufrido tanto por esta causa como el actual canciller Jaime Bermúdez. Durante meses, Bermúdez ha sido objeto constante de muy variadas y repetidas críticas. Algunas de ellas son insensatas, y otras se limitan al ya insoportable cliché de decir que, a diferencia de Colombia, Brasil tiene una cancillería muy profesional. Fue también objeto de insultos explícitos por parte de un cierto columnista. Y sin embargo, cuando bajo su dirección y con su intervención se produce un suceso de inmensa importancia para nuestra política exterior, a saber, la reanudación de las relaciones con Ecuador, hacen silencio todos los columnistas que antes lo sindicaban de una presunta ineptitud o de una supuesta falta de efectividad. A todo señor, todo honor: Jaime Bermúdez, como responsable de la cartera de relaciones exteriores, merece un reconocimiento por el ya mencionado suceso, gracias al cual dos países vecinos, cuyas vidas están inevitablemente unidas, empiezan a dejar atrás sus diferencias y restablecen sus canales diplomáticos. Similar reconocimiento debe merecer el colega ecuatoriano de Bermúdez, Fánder Falconí, cuyo profesionalismo y discreción constituyen una rareza en el hoy pintoresco mundo de las relaciones exteriores en Latinoamérica.

Hoy se vota la moción de censura

MOCIÓN DE CENSURA I: a horas de votarse la moción de censura contra el ministro de agricultura Andrés Fernández, la incertidumbre acerca de su resultado es total. El Tiempo y El Espectador, en sus ediciones de internet, traen titulares que parecerían ir en sentido contrario: en El Tiempo leemos que los uribistas vaticinan el fracaso de la moción, mientras en El Espectador puede leerse que la oposición se siente triunfadora. Desde esta humilde tribuna, sólo quisiera decirle a los congresistas de la coalición de gobierno que reflexionen, y que comprendan que la mejor manera de ayudar al gobierno no es necesariamente respaldar de manera ciega y obstinada a sus funcionarios, incluso en casos como este, en el cual no podría ser más claro que se debe asumir una responsabilidad política, y que la debe asumir el titular de la catrera de Agricultura. Y la debe asumir, no por los actos de aparente corrupción que se dice ocurrieron en torno al programa Agro Ingreso Seguro, sino por el programa mismo, el cual representa una manera muy errada de promover la competitividad agraria y el desarrollo rural. Un programa con el cual, además, de cierto modo se engañó al país, pues se promovió como un elemento que sería necesario tras la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, pero que luego fue rápidamente desplegado sin que ese tratado esté siquiera cerca de tener vida. No deben olvidar los congresistas de la coalición que este asunto, más que cualquier otro en sus siete años de mandato, ha golpeado de manera considerable la imagen y la popularidad del presidente Uribe. Si hay un caso en el cual se deben asumir responsabilidades, sin duda sería este.

MOCIÓN DE CENSURA II: y debería también aprovechar el Senado, y debería también aprovechar la bancada uribista, para hacer un llamado a los ministros a que asuman con mayor seriedad los cuestionamientos que se hagan en su contra. No estaría bien premiar el abuso del argumento ad-hominem, argumento que, siguiendo los pasos de su mentor Andrés Felipe Arias, parece ser el único recurso que el ministro de agricultura es capaz de utilizar en su favor. Como vimos en su intervención televisada, los argumentos en defensa del programa Agro Ingreso Seguro son muy pocos y muy débiles: pero no le falta energía al ministro para hacer descalificaciones a los congresistas de oposición, o a quienes han pedido su renuncia, en muchos casos con el argumento de que las familias de aquellos se han beneficiado del mismo programa, o de otros similares. Por supuesto, tal cosa no prueba que Agro Ingreso Seguro sea una buena política, y debería el Senado hacer responsable al ministro de no haber podido demostrar tal cosa.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: en días recientes, algunas personas me dijeron que consideraban errado llevar el asunto de Colombia y Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pues pensaban que tal acción no iba a concluir en ningún efecto práctico; es decir, el Consejo de Seguridad no se iba a reunir para discutir el tema ni para tomar decisiones, y por esto consideraban inútil tal gestión. Mi opinión es diferente. Creo que no sólo es útil sino importante llevar el tema ante este alto organismo, no porque esperemos que se reúna para debatirlo, y no porque esperemos que tome acción concreta alguna, sino porque ya es hora que el asunto de la agresividad de Hugo Chávez sea conocido en las altas instancias de la diplomacia internacional, las cuales en los últimos años han estado naturalmente ocupadas con asuntos como los de Irak y Afganistán. Y aunque mucho se dice que Chávez jamás pasará de las palabras a los hechos, su extravagante lenguaje debería por sí solo ser materia de preocupación para los organismos que vigilan la paz y la seguridad en el mundo. Para decirlo de otra manera, el caso de un país que realiza aceleradas y cuantiosas compras de armamento, que tiene un programa político que no esconde su expansionismo, y cuyo presidente profiere amenazas concretas y reiteradas de acción militar contra uno de sus vecinos, debería sin duda ser conocido en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que, en mi opinión, hace bien el gobierno de Colombia al menos con llevar la noticia.

Moción de censura contra Ministro de Agricultura

MOCIÓN DE CENSURA I: si todo sucede de acuerdo con lo planeado, mañana será el debate en el Congreso acerca de la moción de censura que se ha propuesto contra el señor ministro de agricultura Andrés Fernández. Pocas oportunidades ha habido como esta para que el Legislativo finalmente haga uso de esa herramienta de control político que introdujo la Constitución de 1991, y cuyas tentativas de aplicación han sido hasta ahora todas frustradas. Al decretar la moción de censura en contra del ministro de agricultura, no se afirma ni se establece que dicho funcionario haya incurrido en actuaciones ilícitas ni en prácticas indebidas. Simplemente ―y ya que no quiso hacerlo de manera voluntaria― se le conmina a asumir la responsabilidad política por la ejecución de un programa que está a cargo de su cartera, y sobra el cual sobran los reparos y las objeciones. Entre estos reparos, bien sabemos, hay también acusaciones de fraude y de corrupción. Pero debe quedar claro que la moción de censura no implica que el Ministro sea declarado responsable de haber participado en tales actos, si es que aquellos sucedieron.

MOCIÓN DE CENSURA II: en todo este asunto, es lamentable constatar que el Gobierno Nacional, por lo que no parecería ser más que pura obstinación, o si acaso un afán casi infantil de no conceder nada a los críticos y opositores, se haya empeñado en mantener en su cargo al Ministro de Agricultura. En un país donde existe la odiosa costumbre de que nadie renuncia a un cargo público, incluso si está por todas partes asediado por las peores sospechas, el presidente Uribe pudo haber dado una lección de responsabilidad, solicitándole a su ministro que dejara el cargo. Habría también dado una lección de humildad, y de disposición a admitir críticas y sugerencias. Pero permitió que el asunto llegara hasta el desafío público que significa la moción de censura. Desafío en el cual seguramente saldrá victorioso, pues posee mayorías en el Congreso y tiene mecanismos para ponerlas en marcha. ¿Pero será esta una victoria que valga la pena? Creo que no: ante la opinión pública quedará claro que el Gobierno movió todos sus mecanismos para defender el más odioso y el más detestado de los programas gubernamentales, aquel que nos puso a todos a tributar para darles grandes sumas de dinero a terratenientes opulentos.

¿Anticapitalismo en Estados Unidos? ... Disturbios en la Nacional

¿ANTICAPITALISMO?: suponga el lector que un extranjero viene a Colombia. Al regresar a su país, le informa a sus amigos que ha percibido un notable ánimo antiuribista en la población colombiana, y cuando estos le piden detalles sobre las circunstancias en las cuales percibió tal cosa, les dice que lo percibió en un cine club del barrio La Candelaria de Bogotá, mientras se exhibía un documental producido por el CINEP. Cualquier persona notaría el error, consistente en inferir un como generalizado un cierto ánimo, a partir de lo que se percibe en un enclave en el cual es natural que tal sentimiento prevalezca. Ese es el error que comete Enrique Santos Calderón en su columna de ayer en El Tiempo, en la cual nos cuenta cómo dedujo que en Estados Unidos se ha masificado el sentimiento anticapitalista, por lo que vio en la proyección de un documental de Michel Moore en Nueva York. Por supuesto, en esa sala no iba a percibir nada más que eso. Pero deducir que hay un sentimiento anticapitalista en la nación estadounidense, a partir de tal experiencia, y de los comentarios críticos que a diario se hacen en Estados Unidos a varios sectores empresariales, constituye un error de apreciación muy serio. En el primer caso, el del documental, por lo que ya hemos señalado. Y en el segundo caso, por creer que las críticas a ciertos actores de la economía capitalista constituyen un rechazo del sistema mismo. Cosa que en vano buscará Enrique Santos en Estados Unidos, pues el capitalismo es uno de los elementos más importantes de la cultura popular norteamericana. Cosa que sí notó bien el historiador francés Francois Furet, quien escribió que en Estados Unidos no hay burguesía, sino un pueblo burgués.

DISTURBIOS EN LA NACIONAL: quienes somos o hemos sido miembros de la comunidad académica más importante del país, la Universidad Nacional, debemos lamentar de la manera más profunda el grado de extremismo al cual han llegado los disturbios que allí hacen parte de la vida cotidiana. Tales disturbios son molestos incluso en sus manifestaciones menos fuertes, pues en todos los casos, de uno u otro modo, se trata de minorías radicales que, usando la violencia en menor o mayor grado, buscan imponer sobre toda la comunidad su visión sobre la política y sobre la universidad. Y se creen por tanto con derecho a decirnos a todos los demás cuándo podemos y cuándo no podemos estudiar y hacer clases. Pero lo ocurrido el pasado viernes tiene ya un carácter aberrante: haber retenido por la fuerza al rector de la Universidad, en medio de manifestaciones y expresiones del más bajo carácter, no tiene ninguna justificación posible.

DISTURBIOS EN LA NACIONAL II: pero tan desconcertantes como fueron estos disturbios resultó la reacción de la alcaldía de Bogotá, a través de su secretaria de gobierno, quien condenó la incursión que hizo la Policía para poner término a la situación. Es inaceptable que una autoridad pública se pronuncie contra el hecho de que la fuerza policial cumpla su deber de proteger a un ciudadano en peligro. Y más inadmisible es el hecho de que, para la secretaria de gobierno, lo que haya merecido condena hubiese sido la acción de la Policía, y no la retención violenta, arbitraria e injustificada de una persona, en violación absoluta de todos sus derechos humanos y de sus garantías constitucionales. Nada puede esperarse de una administración cuyos funcionarios se ponen del lado del crimen.

El artículo de Bastenier

BASTENIER I: impresionante, aunque predecible, es el impacto que en nuestro país ha tenido el artículo “Colombia no se mira en el espejo”, de Miguel Ángel Bastenier, publicado en El País de Madrid, donde critica con fuerza la intención de que el presidente Uribe sea reelegido por segunda vez. En los lados más extremos de la opinión política, este artículo ha despertado las reacciones que naturalmente debía despertar, es decir, reacciones de mera superficialidad emotiva: desde quienes llaman a las emisoras radiales a acusar a Bastenier de amigo de la guerrilla, hasta quienes aprovechan la mención de la palabra “dictador” en la columna para afirmar que ese es el calificativo que merece el presidente Uribe (y lo hacen, aun cuando el propio articulista ni siquiera llega a insinuarlo). En mi modesto concepto, acierta Bastenier al advertir sobre el peligro de la segunda reelección, pero sobre todo acierta al criticar el engendro teórico que el gobierno ha creado con el propósito de justificar tal cosa: el célebre concepto de “Estado de opinión”, caracterizado de manera inexplicable como “fase superior del Estado de Derecho”, cuando en realidad es la negación total de éste. Porque en el Estado de Derecho no hay más gobierno que el de las leyes; no hay más imperio que el de las normas abstractas, generales e impersonales, frente a las cuales debe ceder incluso la más numerosa y fervorosa voluntad popular.

BASTENIER II: sin embargo, hay un punto donde Bastenier se equivoca, y se equivoca muy gravemente. Ese error, presente en su columna, fue repetido y ampliado por el autor en una entrevista radial concedida hace pocos minutos. Se trata de la idea según la cual la principal consecuencia positiva que ha traído la política de seguridad de Uribe es que ahora las personas de clases medias ya altas pueden volver a sus casas rurales de recreo. Esta burda superficialidad, sorprendente en un observador tan agudo como Bastenier, ignora al menos dos elementos que son de elevadísima dimensión. El primero, es que con la política de seguridad se ha empezado a pagar una deuda histórica de la construcción de la nacionalidad colombiana, la cual consistía en que el Estado, pese a ejercer un poder nominal, no ejercía una soberanía real sobre muy buena parte del territorio nacional, y por tanto allí la gente debía vivir a merced de quien llenara el vacío de poder mediante las armas y la violencia. Y en segundo lugar, esa frivolidad de Bastenier ignora el hecho de que quienes más han sufrido por cuenta del actuar de los grupos armados han sido precisamente los más pobres de nuestra sociedad: eran ellos quienes tenían que vivir bajo el imperio del terror, ver a sus hijos ser reclutados por la fuerza, ser obligados a salir de sus tierras, a tributar a los maleantes, y finalmente tal vez a morir en medio de las balas, o por el capricho de algún comandante.

NOBEL DE PAZ: no me sumaré a quienes han expresado sorpresa por el otorgamiento del Nobel de paz a Barack Obama. Esto porque, aunque como todos ellos pienso que no lo merece, creo que no hay razón para sorprenderse, pues el comité noruego que designa al Nobel de paz nos tiene ya acostumbrados a sus excéntricas decisiones. Durante muchos años, y aunque no ha sido así en todas las ocasiones, ese comité ha otorgado el premio a personas que no han hecho nada por la paz, pero que han enarbolado una u otra causa valiosa. En el caso actual, baste decir que profeso un profundo respeto por el presidente Obama, y encuentro acertadas algunas de sus posiciones en política exterior. Pero nada de eso hace a alguien merecedor de tan significativo galardón. Por otro lado, como escribió en el Financial Times el columnista Clive Crook, tal vez ha llegado ya la hora de esperar del presidente Obama resultados más concretos, pues hasta ahora, como dice el columnista citado (quien fue fervoroso partidario de Obama), no ha podido el presidente pasar de la retórica y de la inspiración al logro de resultados concretos y positivos.

El "siglo de los jueces"... Agro, Ingreso Seguro.

¿SIGLO DE LOS JUECES?: ¿qué ha hecho nuestro país para merecer la suerte de que a sus altos funcionarios les haya nacido una torpe vocación por improvisar en materia de teoría política? Después de la promulgación presidencial del concepto de “Estado de opinión”, el cual sería absurdo de no ser porque es temible, tenemos ahora las desconcertantes afirmaciones del magistrado Augusto Ibáñez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, según el cual el siglo XXI será “el siglo de los jueces”. Tales afirmaciones parecerían ser la “fase superior” de una lamentable tendencia de arrogancia judicial que ha recorrido muchos países de Occidente en las últimas dos décadas. Dicha tendencia, celebrada por muchos jueces y académicos, entraña un peligro fatal para la democracia liberal, pues se basa en la creencia de que lo justo, lo bueno y lo conveniente para una sociedad son conceptos ya claramente establecidos, y por tanto el mejor mecanismo de gobierno es la orden judicial: el juez, iluminado, conocedor infalible de lo justo, lo bueno y lo conveniente, ordenaría a través de sus sentencias la materialización de todo aquello. En este esquema, tan idolatrado por los seguidores de ciertas teorías contemporáneas de la justicia, puede verse que la democracia sobra: sobra, porque si a través de elucubraciones filosóficas puede establecerse lo justo y lo bueno, los mecanismos de decisión representativos y democráticos no tienen ya función alguna que cumplir. La pluralidad de ideas y opiniones que existe en cualquier sociedad se desconoce, y se reemplaza por la filosofía de moda. Así se configura el camino hacia la dictadura judicial, o hacia la justificación de ésta.

AGRO INGRESO SEGURO: hace ya tres años, en una entrega de este mismo boletín, advertimos sobre los peligros que podían surgir con el anunciado programa “Agro Ingreso Seguro”, formulado por el gobierno nacional en momentos cuando varios sectores de la agricultura expresaban temor por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Advertimos entonces que un programa de tan escandalosa concepción, mediante el cual se transferirían recursos públicos a ciertas personas sin que estas tuviesen el deber de reembolsarlos, generaría una cacería rapaz en pos de tales recursos, en la cual no vencerían los agricultores pequeños y pobres, sino los grandes terratenientes, dotados además de influencia política. Las denuncias que hace la revista Cambio en su último número son la materialización de este pronóstico al pie de la letra. Ya tuvimos algún temor cuando el programa se inició sin que siquiera el TLC, su presunta justificación, hubiera entrado en vigor, cosa que aún no ha sucedido. De los temores pasamos ya a la indignación cuando vemos, en este caso, un nuevo ejemplo de una política económica cuyo principal elemento es este: la transferencia de recursos de las clases medias y bajas hacia los terratenientes y otros privilegiados, como las zonas francas y algunas grandes empresas. Esa es, lamentablemente, la política económica que nuestro gobierno defiende sin vacilación, y a la cual da el nombre de “confianza inversionista”.

Chávez visto por Jimmy Carter

CHÁVEZ VISTO POR CARTER I: en entrevista publicada ayer en El Tiempo, el ex presidente Jimmy Carter hace numerosos comentarios y muy variadas apreciaciones sobre Hugo Chávez y sobre lo que sucede hoy en Venezuela. Creo que, entre estas, cabe destacar dos. En primer lugar, Carter expresa aprobación hacia lo que considera es un proyecto sociopolítico incluyente, en el sentido de que ha permitido que “aquellos antiguamente excluidos tuvieran una participación más igualitaria en la riqueza nacional”. En segundo lugar, Carter manifiesta temor por las tendencias autoritarias de Chávez, a las cuales concibe como una reacción ante la baja de los precios del petróleo, y ante los problemas económicos que tal cosa significa para Venezuela.

CHÁVEZ VISTO POR CARTER II: le vendría bien al presidente Carter conocer mejor la historia de Venezuela, y, sobre todo, la naturaleza de su estructura política y económica, si quisiera ofrecer opiniones más sólidas. En el caso de la primera opinión citada, Carter se limita a repetir el principal argumento de los defensores de Chávez: la riqueza petrolera de Venezuela beneficiaba antes a unos pocos oligarcas, y ahora, gracias a Chávez, beneficia a todo el pueblo, en particular a los más pobres. Este argumento, débil y basado en falsedades, recuerda un poco las tesis de la teoría de la dependencia, según las cuales había unas perversas multinacionales que despojaban al pueblo de la riqueza petrolera, por lo cual el Estado debía asumir, mediante la nacionalización, el control total de ésta. Dicha recomendación, al ponerse en marcha, no hizo más que acentuar y agravar los problemas de Venezuela, pues llevó a extremos insospechados su dependencia de la renta petrolera, y borró los últimos vestigios del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, ahora más poderoso, opulento y autónomo que nunca. La tesis de Carter, para empezar, es falsa: no es verdad que los pobres hayan estrado excluidos de la repartición de la riqueza petrolera; de hecho, su gran tragedia es haber estado incluidos en ella, gracias a esa perversa idea del Estado petrolero como un dispensador de todo tipo de subsidios y beneficios, cosa que sólo puede hacerse de manera vulgar y desordenada, del modo como gasta su dinero un nuevo rico. Y cabe preguntarse: ¿acaso es bueno lo que Carter valora, es decir, que ahora el gasto petrolero tenga un presunto enfoque más dirigido hacia los pobres? Ya en pocos años, los resultados de esta política son suficientemente malos como para que ellos mismos contesten esta pregunta. Cosa que era natural, y que era de esperarse, porque la redención de los pobres no está en los regalos y en las dádivas del Estado, sino en la consolidación de una economía sólida y productiva, en la cual los ingresos sean fruto del trabajo y de la producción.

CHÁVEZ VISTO POR CARTER II: y se equivoca Carter de manera ya más grave cuando afirma que el autoritarismo de Chávez es producto de la caída de los precios del petróleo. Tan absurda es esta idea, y tan contraria es a lo que la historia reciente de Venezuela ha mostrado, que cabe incluso preguntarse de dónde la saca el ex presidente. Por el contrario, Chávez desplegó lo peor de su autoritarismo a partir del momento cuando los precios del petróleo empezaron a subir de manera acelerada, junto con los de la mayoría de productos básicos. Esto es además una tendencia normal, que se puede observar en cualquier país petrolero: cuando el petróleo sube, los países petroleros aprietan las cadenas en el interior, y empiezan a disparar hacia el exterior. Cuando los precios bajan, suelen tornarse mansos y abrir más las ventanas. Pero además de esto, cualquiera que se haya interesado desde el principio por el proyecto político de Chávez, que haya escuchado sus declaraciones con cuidado, y que haya leídos los documentos donde se consigna su proyecto político, sabrá que éste es autoritario por definición y por naturaleza, y que aquello que ha sucedido no es más que su desenvolvimiento natural.

El primer punto de la agenda colombiana de hoy

PRIMER PUNTO DE LA AGENDA COLOMBIANA: la gira de Chávez por Europa, con sus sonoros y escandalosos avisos de compra de armas, resalta, si acaso hacía falta, una verdad de la cual es mejor empezar a hacernos conscientes: el punto número uno de la agenda política de Colombia se llama Venezuela. Es sin duda el problema más grave que enfrenta nuestro país: un vecino agresivo, que de manera abierta y expresa da respaldo político a grupos terroristas colombianos, opina sobre la estructura de la sociedad colombiana, ordena a sus funcionarios intervenir de modo activo en Colombia, amenaza con cerrar el comercio, y al menos en dos ocasiones ha proferido amenazas verbales explícitas de acción militar contra Colombia. Y este mismo vecino anuncia compras de cohetes que pueden alcanzar el territorio colombiano, y de tanques, y de otros equipos militares, y negocia además facilidades de crédito para seguir con tales compras. Quien crea que en la agenda de prioridades de Colombia hay otro punto más importante, está sin duda viviendo en una alejada nebulosa.

ANTE EL REFERENDO I: en la entrega anterior de este boletín, tuve la oportunidad de compartir con los lectores mis impresiones sobre el proceso que llevaría a la posibilidad de una nueva reelección. Como lo dije en su momento, dichas opiniones son negativas, pues pienso que con este proceso las puertas de nuestro país se abren al indeseable fenómeno del caudillismo, por causa del cual tanto ha padecido América Latina, y al cual nuestro país, arraigado en su tradición de normalidad constitucional, había sido relativamente inmune. Pese a lo que indican estas opiniones, creo que la actitud ciudadana ante el referendo ―como ante cualquier acto que emane de nuestras autoridades constitucionales― debe ser la de respetar su legalidad y su validez, en particular si dichos atributos son confirmados por las autoridades correspondientes. Con esto, ante todo, quiero decir que, no obstante mis opiniones sobre el referendo y la reelección, no estaría yo dispuesto a respaldar ninguna iniciativa que, con el objeto de impedir que la reelección se materialice, conduzca al país por un camino de desestabilización, y de deslegitimación deliberada de sus instituciones.

ANTE EL REFERENDO II: por ejemplo no comparto yo la tesis ―que ya circula en algunos medios― según la cual los demás candidatos deben abstenerse de hacer su inscripción, de modo que el presidente Uribe quedase como candidato único, y así se restase legitimidad y valor a su elección, o se impidiese que ella suceda. Creo que esa es una idea injustificada y peligrosa. Injustificada, porque la regla de oro de la democracia constitucional, para casos como estos, es que debemos respetar las decisiones legítimamente emanadas de las autoridades constitucionales, especialmente si tales decisiones han pasado por el examen de quienes tienen autoridad para evaluarlas. Y la considero peligrosa, pues ella significaría una alteración de nuestra normalidad mucho más grave que lo que la propia reelección pudiera entrañar. Nuestro país se sumiría en una penosa incertidumbre, la cual golpearía de manera grave nuestra vida económica y social, y crearía un río revuelto en el cual podría pescar cualquiera de los maleantes que abundan en nuestro territorio, e incluso más allá de él. Recuérdese, además, todas las experiencias históricas en las cuales los grupos de oposición se han abstenido de participar en elecciones. En casi todos los casos, lo único que tal decisión les deja es el arrepentimiento.

Se aprobó el referendo... Venezuela y los empresarios

REFERENDO: de modo puramente personal, expreso mi genuino pesar por la aprobación en el Congreso del referendo que permite una segunda reelección. Mi opinión es que nuestro país, al dar vía libre a dicha iniciativa, rompe con su admirable tradición de normalidad constitucional, y da consagración a la presencia entre nosotros de una triste realidad, la cual había sido en buen grado ajena a nuestra cultura política: el caudillismo, es decir, la idea de que un ser superdotado es el único capaz de conducir los destinos del país. Estas opiniones personales no pueden cerrarse sin lo que podríamos llamar una dolorosa lamentación a priori: es una lamentación por lo que podría estar a punto de ocurrir; se sabe bien que, con el propósito de facilitar la aprobación del referendo en las urnas ―hecho para el cual nuestra Constitución sabiamente exige fuertes requisitos― los heraldos del caudillismo y sus serviles agentes están impulsando la idea de modificar el censo electoral con el propósito de reducirlo, de modo que, para su validez, el referendo no necesite el número de votos que hoy le sería exigido. Siguiendo a la sana costumbre de llamar las cosas por su nombre, esto no sería más que una trampa.

UN SISTEMA INCAPAZ: me hacía ver mi amigo Juan Manuel Charry en reciente tertulia que todos estos acontecimientos ponen al descubierto una incapacidad fundamental de nuestro sistema político, es decir, el sistema presidencialista. Decía Juan Manuel que esta maraña de vergüenzas surge porque nuestro sistema carece de la flexibilidad institucional que le permitiría reconocer hechos políticos notables, y dar trámite a ellos sin que se altere la normalidad democrática. El hecho político es la indudable aprobación popular de que goza el presidente Uribe, y la innegable realidad de que muchísimas personas quisieran verlo unos años más al frente de su cargo. En un sistema parlamentario, a esta realidad se da vía libre mediante la posibilidad de que un mismo gobierno ―no necesariamente un mismo individuo― ejerza las labores ejecutivas durante el tiempo que se lo permita la aprobación popular, estando siempre sujeto a la posibilidad de ser retirado de sus funciones en cualquier momento. En nuestro sistema tenemos que recurrir a procesos tan patéticos como el que culminó con la aprobación del referendo, y que tienen la capacidad de generar guerras institucionales que corrompen la naturaleza de los órganos del poder, y por esa vía erosionan la legitimidad y la solidez del sistema.

VENEZUELA Y LOS EMPRESARIOS: en declaraciones inauditas, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Exportadores dijo que los empresarios colombianos no pueden vivir presos de esa arma de chantaje que continuamente utiliza el presidente Hugo Chávez: la amenaza de afectar el comercio entre los dos países. En Colombia, que es un país dedicado en alto grado (por fortuna) al comercio y a los negocios, tales amenazas solían producir un efecto de alarma, tras el cual venían los llamados al apaciguamiento. Pero, como ya había advertido el autor de estas notas en un artículo de la revista Cambio*, hacía falta que los empresarios, sin dejar atrás su admirable y sana vocación comercial, reconociesen que las actuales dificultades son de una naturaleza diferente, pues emergen de la ejecución de un proyecto geopolítico. Por fortuna, a tiempo han abierto los ojos.

UNASUR

UNASUR: no quisiera caer en ese enfoque simplista que ha predominado en los días recientes en nuestros medios de prensa, y en virtud del cual el tema de la reunión de UNASUR se mira como un asunto de ganadores y perdedores, de quién ganó y quién perdió. La realidad, y en particular la realidad política, suele ser mucho más compleja de lo que esos moldes superficiales pueden captar. Por tal razón, me limitaré a comentar lo que considero son hechos relevantes, y a compartir con ustedes una reflexión.

UNASUR II: el primer hecho que considero importante es el siguiente: el gobierno de Venezuela no logró el principal propósito con el cual asistió a la reunión, a saber, el de demostrar que el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos constituye un peligro para toda la región suramericana. No presentó al respecto ninguna prueba sólida, ni argumento convincente alguno. Como casi siempre sucede con los discursos de Chávez, la lógica y la argumentación fueron sustituidas por desordenados comentarios sobre las presuntas intenciones de dominación global del “imperio”; finalmente, Chávez no pudo hacer más que decir que no confiaba en Estados Unidos. Frente a tan débil caso, habría sido insólito que UNASUR diera el paso que pedía el presidente Evo Morales de Bolivia, paso que por sí mismo habría sido extravagante: que UNASUR resolviera prohibir a Colombia poner en marcha el acuerdo.

UNASUR III: en lo que concierne al presidente Uribe, hay que decir que, aun cuando contaminó su discurso con esa obsesión personal que tiene con la penalización del consumo de drogas ―tema que no tenía el más mínimo lugar en la agenda―, su intervención no sólo sirvió para ratificar la intención de Colombia de seguir adelante con el acuerdo, sino que a la vez permitió al Presidente exponer una de las principales preocupaciones que afectan al gobierno colombiano: la actitud expansionista del gobierno de Chávez, y su simpatía expresa por las FARC. Y, muy importante, permitió a Uribe hacer una advertencia que debería ser tomada en serio por esta inmadura organización: si vamos a hablar de peligros para la seguridad regional, téngase en cuenta que sólo hay un país de Suramérica que ha proferido amenazas concretas de acción militar contra otro miembro de UNASUR. Se trata por supuesto de Venezuela, cuyo presidente ha ordenado la movilización de batallones de tanques hacia la frontera con Colombia, y ha advertido que sus poderosos y nuevos aviones podrían alcanzar la capital colombiana en 20 minutos.

UNASUR IV: finalmente, tengo que decir que no comparto la admiración que muchos de mis colegas han expresado por la actitud de Brasil, y por la intervención de su presidente en la pasada reunión de UNASUR. Desde mi punto de vista, Brasil juega al infantil juego de querer ser potencia, y de querer ser reconocido como potencia, pero sin ejercer un liderazgo concreto y efectivo que amerite tal reconocimiento. Parece en ocasiones un niño caprichoso, quien quiere que todos le digan que es potencia solo porque es muy grande. Para adquirir ese liderazgo debe empezar a ejercerlo de manera seria. Y ya que UNASUR es su hijo más amado, podría empezar por buscar que esa misma organización se comporte con seriedad, cosa que incluiría, por ejemplo, discutir sobre la inquietud planteada unas líneas atrás, y que sí constituye una amenaza concreta y expresa para la seguridad de la región. La integración no es un objetivo por sí sola: ella es válida y conveniente cuando sirve a objetivos más elevados. Por lo pronto, UNASUR no parece servir a ningún objetivo claramente visible y valioso.

EL DESTINO TRÁGICO DE VENEZUELA: quisiera invitarlos a leer la columna de Víctor Diusabá, publicada hoy en El País de Cali, en la cual el citado periodista comenta mi reciente libro El destino trágico de Venezuela: http://elpais.com.co/historico/ago312009/OPN/opi5.html

"EL DESTINO TRÁGICO DE VENEZUELA" ya está en librerías

LUIS CARLOS GALÁN: hoy, 20 años después de que fuese asesinado Luis Carlos Galán, en esa lúgubre noche cuando todos pensamos que nuestra nación estaba a punto de desmoronarse, el Instituto Libertad y Progreso se une a todas las manifestaciones de dolor, de recuerdo, y de conmemoración, no de la muerte de Galán, sino de su vida, de su obra, y de todo lo que significó para esta nación, que lucha por sobreponerse a tantos y tan perversos enemigos.

“EL DESTINO TRÁGICO DE VENEZUELA”: con alegría quiero comunicar a los lectores que ya está en librerías El destino trágico de Venezuela, libro que emergió del trabajo que he desarrollado en los últimos 10 meses. El libro tiene el propósito de ir más allá de los problemas actuales, y de la polémica figura del presidente Chávez, para tratar de comprender las verdaderas causas subyacentes de esa difícil historia política, social y económica que ha tenido Venezuela en el último siglo. El protagonista de este drama, como seguramente se imagina el lector, es el oro negro. El libro tiene tres partes principales: la primera es un recuento histórico del modo como el petróleo irrumpió en la vida política y social de Venezuela, y como a partir de ese momento se convirtió en su principal determinante. La segunda parte está dedicada a consideraciones sobre por qué el petróleo causa esas singulares alteraciones: allí se da un repaso a hipótesis ya conocidas, como la llamada “maldición del petróleo”, y se hace una incursión en otros ámbitos de la Economía Política, por ejemplo la manera como las rentas (en particular la del petróleo) determinan unas ciertas conductas entre los individuos y los gobernantes. Finalmente, el libro contiene consideraciones sobre el futuro de Venezuela, el cual, cabe decirlo, luce bastante oscuro. El libro se consigue en las principales librerías.

“EL DESTINO TRÁGICO DE VENEZUELA”: el prólogo del libro, que por sí mismo es un texto rico y lleno de reflexiones sabias, fue elaborado por el ex vicepresidente y ex ministro Humberto de la Calle. De allí quisiera compartir esta frase: “Este libro contiene una aproximación eminentemente científica a la realidad venezolana a partir del petróleo, como causante de una serie de secuelas que han caracterizado la vida institucional de nuestro vecino”.

“EL DESTINO TRÁGICO DE VENEZUELA”: Juan Carlos Echeverry, ex director del Departamento Nacional de Planeación, y ex decano de Economía de la Universidad de los Andes, opinó lo siguiente sobre el libro: “‘Pobre país rico’, es la frase que le viene a uno a la cabeza al leer el agudo recuento histórico y novedoso enfoque analítico de Andrés Mejía Vergnaud. Los eventos actuales tienen raíces en un caudillismo de 200 años y en la centenaria riqueza petrolera. El equilibrio perverso de unos ciudadanos que no contribuyen con su esfuerzo y sus tributos, y por lo cual no exigen a cambio un buen gobierno; y un Estado orientado a repartir arbitraria y discrecionalmente la riqueza petrolera, parece una condena insalvable. ¿Está Venezuela a 80 mil millones de barriles de petróleo de distancia de su verdadera solución de seriedad, responsabilidad y laboriosidad? Mejía Vergnaud no lo cree así. Pero su texto deja esa inquietante impresión”.

¿Diplomacia paralela?

DIPLOMACIA PARALELA: tiene razón el gobierno nacional en sentirse molesto por la “diplomacia paralela” que han desplegado varios sectores de la oposición, en medio del agravamiento de la ya crónica crisis entre Colombia y Venezuela. En dichos sectores encontramos, por ejemplo, un cierto ex presidente, quien, tras salir de su cargo en medio de la vergüenza y el oprobio, ha tratado de valerse de cuanta causa pueda echar mano para restablecer su imagen y ganar importancia. Así, no tiene reparo alguno en cobrar como un logro de su gestión la orden de que el embajador de Venezuela regrese a Bogotá. Tenemos también todo tipo de sectores de izquierda cuya simpatía con el proyecto chavista es evidente; a su regreso a Colombia, la opinión pública debería pedirles cuentas sobre dicha simpatía, y preguntarles si ese es el mismo proyecto político que ellos aspiran a poner en marcha en Colombia. Esa diplomacia paralela, bien se ha dicho, contradice una sana e inveterada tradición colombiana según la cual las crisis internacionales son ocasión de unión nacional en medio de la prudencia, y tal unión se manifiesta en el respaldo a la gestión del Ejecutivo, a quien la Constitución encarga esa responsabilidad.

RAÍCES DE LA CRISIS: las declaraciones que profusamente ha ofrecido en días recientes el presidente Chávez muestran aquello en lo cual tanto hemos insistido algunos: la raíz de los numerosos problemas en las relaciones entre Colombia y Venezuela, y en particular de los problemas de naturaleza comercial, debe buscarse en el proyecto político del chavismo. Este proyecto alberga un profundo sentimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos; así, siendo dicho país un cercano aliado político y comercial de Colombia, será imposible tener relaciones impecables con los gobiernos chavistas. En segundo lugar, el proyecto chavista incorpora una visión de las guerrillas colombianas, visión esta que Venezuela ha estado tratando de imponer sobre Colombia ―pese a tratarse de un asunto interno colombiano―, y cuyo eje es la consideración de las guerrillas como actores de una lucha política legítima y respetable. Cosa que en esta Colombia, hastiada de sangre, de lágrimas y de traiciones, resulta muy difícil aceptar. Y en tercer lugar, el proyecto económico del chavismo inevitablemente conduce al deterioro del comercio en el largo plazo. Esto porque sus planes económicos están exacerbando la tradicional dependencia de Venezuela de su sector petrolero, y deteriorando al tiempo los sectores no petroleros de la economía. Se quiere reemplazar a éstos con fantasías socialistas cuyo destino sólo puede ser el fracaso. Además, la mitología económica del chavismo invoca todavía la sustitución de las importaciones.

ECUADOR, VENEZUELA Y EL NARCOTRÁFICO: en su columna de ayer domingo (El Tiempo), lúcida como todas las suyas, el profesor Alejandro Reyes escribe un párrafo tan preciso y tan sintético, que vale la pena transcribirlo completo: “Chávez y Correa creen que sus procesos ‘revolucionarios’ pondrán a tambalear la hegemonía de Estados Unidos en América Latina porque son el principio del fin del capitalismo, mientras que la forma más degradada del capitalismo, las empresas del crimen organizado, se les cuelan bajo sus narices y se instalan como alternativa de generación de ingresos , que cobrará más importancia para mucha gente a medida que ellos empobrecen sus sociedades con políticas de desarrollo y despilfarro equivocadas”.

Empiezan las sesiones del Congreso

EMPIEZAN LAS SESIONES DEL CONGRESO: hace una semana compartí con ustedes, queridos lectores, lo que en su momento presenté como una visión positiva del sistema político colombiano. Este sistema ―decía yo en ese momento― es admirable por haber mantenido, entre la multitud de problemas que le acechan, un carácter constitucional y democrático, y por haber resistido a la muy latinoamericana amenaza del caudillismo. Decía, en resumen, que con todos sus defectos, éste ha sido un sistema de normas y no de caudillos, un sistema de instituciones y no de salvadores providenciales. Ayer inauguró el Congreso nacional sus nuevas sesiones ordinarias y, en lo que es una opinión muy personal de quien escribe, dicho Congreso recibirá en sus manos el proyecto que más grave peligro puede representar para la supervivencia de ese sistema constitucional, basado en normas abstractas, y hostil a la idea de un redentor mesiánico. Se trata, por supuesto, del proyecto de referendo para permitir la nueva reelección del señor Presidente de la República. Cuantas veces sea necesario, repetiré que, aun cuando siempre de manera crítica, tengo una alta valoración de la obra de gobierno de Álvaro Uribe. Pero la idea del referendo, y los argumentos que se invocan en su defensa, son totalmente contrarios a la noción de un país cuyo rumbo está señalado por las instituciones normativas. El referendo y su defensa se sustentan sobre la idea de que sólo un hombre puede conducir los destinos de Colombia, y salvarnos de los problemas que nos atormentan. Es decir, es puro y nudo caudillismo, el mismo que se entronizó desde temprano en tantos países latinoamericanos, y que por el contrario fue objeto de vigoroso rechazo en los albores de la república colombiana. Cuán lastimoso sería que, ya entrado el siglo XXI, cuando se supone que nuestra madurez política debería ser mayor, se incline hacia el caudillismo esta nación que hasta ahora había escapado a los Páez, los Perón, los Rosas y los Chávez. Todo esto, repito, no es más que mi opinión personal.

REFORMA TRIBUTARIA: inicia también sus labores el Congreso con otro importante encargo: estudiar el proyecto de reforma impositiva anunciado por el gobierno, y cuyo eje es una prórroga del impuesto al patrimonio. En 2002, cuando se decretó por primera vez este impuesto con carácter de emergencia, dada la grave necesidad de recursos para emprender la lucha contra las FARC, no podía haber duda sobre su evidente conveniencia. Sin embargo, no es posible hacer el mismo juicio cuando ya dicho impuesto se ha convertido en parte normal de nuestro sistema tributario, y ha ayudado así a darle su muy peculiar forma, que es la de una disparatada colección de pequeños elementos que ni siquiera pueden hacer armonía. No negaremos que el Estado necesita los recursos que se buscarán mediante esta reforma. Pero lamentamos que no se aproveche la oportunidad para intentar una nueva configuración de nuestro sistema de impuestos, una configuración en la cual, mediante tributos de amplia aplicación y amplio conocimiento, libres de exenciones y de beneficios particulares, el Estado organice de una buena vez un esquema de recaudo que pueda sobrevivir al paso de las décadas. Seguiremos por lo pronto con este sistema en el cual, gracias a las exenciones, las clases medias y pobres tributan para favorecer a las zonas francas y a los multimillonarios que logran obtener “contratos de estabilidad jurídica”.

REFORMA TRIBUTARIA II: de hecho, véanse los detalles del proyecto, y se verá que la estrategia de exenciones y privilegios del gobierno ya está mostrando sus debilidades. El gobierno propone reducir el más famoso de los favores tributarios, la exención por reinversión en activos productivos. También propone que las zonas francas no puedan gozar de este beneficio. Y propone que los contratos de estabilidad jurídica no protejan contra impuestos transitorios. Ya empieza a verse que este odioso sistema ni siquiera sirve a las necesidades de recaudo que tiene el Estado.

¿Visión positiva del sistema político colombiano?

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? I: hace pocos días, durante una conversación casual con amigos y colegas, hice un comentario que provocó lo que sólo puede describirse como un escándalo. Así que deseo compartirla con los lectores de este boletín, para saber si produce en ellos el mismo tono de exclamación airada que produjo en mis contertulios. ¿Acaso qué dije? Manifesté que, en general, tengo una visión positiva del sistema político colombiano. Ya el lector imaginará las caras de mis contertulios: “¿cómo puede tener alguien una visión positiva de este sistema político?; ¿cómo puede alguien juzgar favorablemente al país del exterminio de la UP, del paramilitarismo, de las masacres, del narcotráfico, de la guerrilla y del secuestro?; ¿cómo es posible que alguien pueda sostener esa visión positiva, en medio de tanta corrupción, fraudes electorales, clientelismo, favoritismo, compra de conciencias, y tantas otras prácticas despreciables?” No niego que eso exige una aclaración, aunque por razones de extensión no podré más que enunciarla brevemente.

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? II: y empiezo mi aclaración mediante la identificación de sus ejes. El primero de ellos sería una especie de realismo: si la posición de mis interlocutores se examina con cuidado, se verá que tras ella yace una cierta idea de que a los sistemas políticos se les puede exigir perfección, que se puede demandar de ellos una realización plena y total de ciertos valores, o de cierto concepto abstracto de justicia. Pero resulta que los sistemas políticos son construcciones humanas, y por tanto de ellos no se puede demandar atributos de perfección divina: en todo sistema político hay y habrá males. Eso no quiere decir, de ningún modo, que sea vana o inútil la voluntad de lucha contra cada uno de dichos males, considerado de manera individual. Dicha voluntad es valiosa y necesaria, precisamente porque un sistema político, al no poder alcanzar la perfección, debe sobre todo aspirar a alcanzar una forma que en la mayor medida posible esté libre de defectos. Por tanto, quienes luchan contra la corrupción, quienes denuncian a la guerrilla y sus horrores, quienes advierten sobre el narcotráfico, y quienes envían a prisión a los paramilitares, cumplen la crucial tarea de ayudarnos a transitar hacia ese sano balance.

¿VISIÓN POSITIVA DEL SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO? III: pero el error surge cuando se juzga el sistema político como un todo, y se le condena simplemente por la presencia en él de rasgos defectuosos, así sean éstos muy significativos. El segundo eje de mi idea, entonces, consiste en que encuentro valioso al sistema político colombiano precisamente por su capacidad de sobreponerse ante los innumerables males que le acechan. Colombia, asediada desde hace décadas por la violencia, por la corrupción y por el narcotráfico, sigue siendo una democracia constitucional que funciona de acuerdo con un sistema de normas, al menos en una medida razonable. No sería cortés mencionar nombres, pero abundan en nuestra región los países que, teniendo problemas muy inferiores a los de Colombia, han optado sistemáticamente por alejarse de la idea de orden constitucional, en pos de caudillos, dictadores, y revoluciones. El orden constitucional vale muy poco en casi toda América Latina, más, por fortuna, en Colombia sigue representando un valor central del sistema político. Y es un valor que hemos venido alimentando desde nuestros orígenes, cuando la ciudad de Bogotá era objeto de mofa y recelo por parte de los caudillos militares de la independencia, quienes la veían como un páramo lleno de abogados; estos, vestidos de negro y fanfarroneando de su erudición, parecían desconocer la gloria de quienes sable en mano recorrieron a caballo medio continente. Pero la desgracia de muchos países consistió en creer que el heroísmo militar confería capacidad de gobierno, y que el mandato de un hombre brioso y valiente podía sustituir al único tipo de mandato que en verdad puede conferir libertad y orden: el gobierno de las normas. Mi opinión es que el sistema político colombiano adoptó esta última orientación desde sus orígenes, y, aun cuando de manera imperfecta, y dentro de dificultades significativas, ha seguido profesando esta afortunada adherencia a lo constitucional por encima de lo heroico.

Lecciones de Honduras

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS I: me perdonarán los lectores si dedico un espacio muy amplio en este boletín a la reciente crisis hondureña. No puedo evitarlo: para cualquier observador de los fenómenos sociales y políticos, dicha crisis se hace cada vez más fascinante e interesante. Ella nos ha dado el material para elaborar algunas reflexiones. La primera, y la que considero más valiosa, consiste en que dicha crisis ha dejado en evidencia una profunda debilidad y una grave incapacidad en lo que se refiere a la defensa multilateral de la democracia y las libertades. Esto es particularmente cierto en el caso de instituciones como la OEA. La debilidad y la incapacidad mencionadas radican en un apego excesivo y casi ciego a los formalismos superficiales, es decir, a los hechos o a las situaciones que de manera visible, súbita y extraordinaria perturban la vida constitucional de un país. No está mal que las instituciones multilaterales y los defensores de la democracia tomen nota de tales situaciones. Sin embargo, mientras lo hacen, y mientras concentran en ellas todas sus energías, de manera firme aun cuando silenciosa marchan otros sucesos y otros procesos, los cuales, sin exhibir las características antes mencionadas, están también enfocados hacia el rompimiento o la disolución del orden democrático y de las libertades básicas. A los protagonistas del primer tipo de crisis se les condena y se les expone de manera inmediata. Sin embargo, a los artífices de la disolución gradual de la democracia no se les dice una palabra, y los gobiernos que ellos presiden reclaman y obtienen el mismo respeto de que goza cualquier gobierno realmente democrático y libre.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS II: basta una simple comparación. En el caso de Honduras, hubo sucesos extraordinarios y súbitos que rompieron la normalidad constitucional. Casi como si fuese un acto reflejo, las cancillerías de muchos países saltan a condenar lo sucedido y a reclamar el reestablecimiento del orden anterior. El propio secretario general de la OEA asume esto como una frenética cruzada. Hoy por hoy, no se sabe qué pasará en Honduras, ni cuál será el curso de los acontecimientos. Pero sí sabemos muy bien qué ha pasado en Venezuela en los últimos años, y no es difícil anticipar qué pasará en los siguientes. En sus diez años, el régimen chavista ha desplegado con éxito una estrategia gradual y prudente de disolución de la democracia y de las libertades. El principio operativo de dicha estrategia es muy astuto: no valerse —al menos en los primeros años— de medidas extraordinarias, súbitas, y abiertamente antijurídicas. No cerrar el legislativo con tanques de guerra; no realizar detenciones masivas de opositores; no clausurar los partidos políticos y los sindicatos; no callar de la noche a la mañana los medios de comunicación. Con tiempo y con paciencia se puede lograr el resultado, sin caer en quebrantamientos muy obvios. A los opositores simplemente se les hostiga, y se hace difícil su vida con muy diversos recursos administrativos, discretos, y todos ellos muy jurídicos. Para el hostigamiento no se utilizan agentes del gobierno, sino círculos privados de fanáticos violentos. En cuanto a los medios, basta esperar a que finalicen sus concesiones, para nunca renovarlas, y luego darlas a quien esté dispuesto a seguir el libreto del gobierno. El presidente no se corona dictador en un momento de arrebato: gradualmente reforma la constitución y las leyes, para que su permanencia en el poder sea indefinida, y sus facultades crezcan en detrimento de las instituciones no centralizadas del Estado. Todo esto ocurre, al menos en buena medida, dentro de los cauces de lo jurídico y lo constitucional.

LECCIONES DE LA CRISIS DE HONDURAS III: por ese último motivo, encontramos hoy en América Latina la paradoja de que los gobiernos más antidemocráticos son y han sido suficientemente apegados a las formalidades del orden jurídico. Ellos, por tanto, no motivan intervenciones, ni despiertan de su perenne letargo al secretario general de la OEA. Pero es en ellos en donde las libertades y la democracia más han sufrido y más van a sufrir. Todo esto señala la necesidad de un cambio en los criterios que se utilizan para evaluar el carácter democrático y libre de un régimen político. Los parámetros actuales, está visto, ha sido superados por las circunstancias.

El asunto de las agencias de viajes... Problemas en Honduras

AGENCIAS DE VIAJES: supongamos, queridos lectores, que hace unos veinte años, cuando los computadores personales empezaron a reemplazar a las máquinas de escribir, los fabricantes de dichas máquinas hubiesen convocado una convención. Supongamos que a dicho encuentro asistía el Presidente de la República. Allí, con tono de desesperación, los fabricantes de máquinas de escribir se habrían quejado de la competencia que les hace esa nueva invención, el computador personal. Habrían calificado tal competencia como injusta. Habrían hablado de la contribución que sus empresas hacen a la economía nacional, y de la cantidad de empleos que estas ofrecen. Habrían declarado que, de no tomarse medidas por parte del gobierno, su importantísimo sector enfrentaría una inminente quiebra. Por tanto, habrían pedido al Presidente que ordene cobrar un sobrecosto en las ventas de computadores personales, de modo que se evite la desaparición de las máquinas de escribir. A juzgar por los últimos acontecimientos, hemos de creer que, si ese presidente fuera el que hoy dirige los destinos de Colombia, habría accedido a tan extravagante petición. Habría así erigido un formidable obstáculo en la masificación de la tecnología y en el avance de la productividad. Habría castigado a los consumidores, y habría obligado a muchos de ellos a permanecer atados a un aparato obsoleto, y a privarse del amplio mundo de posibilidades ofrecido por el computador y por los procesadores de texto. Pues bien: eso es exactamente lo que ha prometido hacer nuestro gobierno en materia de venta de tiquetes aéreos: para mantener con vida a un sector empresarial obsoleto, se dificultará a todos los consumidores colombianos el acceso a la nueva tecnología de compra por internet. Se hará más difícil que los consumidores podamos realizar viajes. Se nos condenará a permanecer en la periferia del progreso. En fin, nuestra vida sufrirá serias limitaciones, todo por cuenta de que unos empresarios, cuyos esfuerzos deberían estar puestos en la innovación, y en la búsqueda creativa de nuevos esquemas de negocios, prefirieron enfocar esos esfuerzos en una gestión política, cuyo resultado será una especie de impuesto a su favor. Vaya terrible configuración la que está adquiriendo a economía colombiana.

HONDURAS I: no conozco la Constitución ni las leyes de Honduras, y por tanto no estoy en capacidad de juzgar si los sucesos recientemente ocurridos, mediante los cuales se apartó del poder al presidente Zelaya, se desarrollaron de acuerdo con lo que allí prevé el derecho. Es decir, ignoro si estamos frente a una acción constitucional de reemplazo del gobierno, o si estamos frente a un golpe de Estado. Por tanto, no estoy en capacidad de opinar acerca de la legalidad del nuevo presidente. Pero hay dos asuntos sobre los cuales, creo, sí podemos formarnos una opinión. El primero consiste en que sin duda el presidente Zelaya estaba conduciendo a honduras por un peligroso camino. Contagiado de esa fiebre tercermundista de la reelección plebiscitaria, Zelaya insistía, en abierta violación de mandatos de autoridad judicial, en la realización de una consulta que le permitiría abrir el paso hacia la perpetuación de su mandato. En esto había encontrado el apoyo directo y entusiasta del bloque del “ALBA”, esa alianza antidemocrática y prodictatorial que hoy lidera y financia el presiente Chávez. Zelaya, fiel a esa tradición del hacendado caudillista que nuestra región no ha podido superar, entregó su país al chavismo, a cambo de que el chavismo le financiara su proyecto de convertir a Honduras en su hacienda personal. Por tanto, sea cual fuere la naturaleza de los acontecimientos, es claro que el propio Zelaya es en alto grado responsable de haberlos precipitado.
HONDURAS II: la segunda cuestión tiene que ver con la legalidad de lo que ha ocurrido. No obstante la contundente reprobación que, creo, es válida para Zelaya, para sus intenciones, y para su mandato, dicha reprobación no justificaría que se viole el orden constitucional para despojar al Presidente de su investidura. Nuestros juicios acerca de la legitimidad de los cambios políticos no pueden basarse únicamente en nuestras preferencias personales: mal haríamos en desaprobar lo que hacen unos, si luego aplaudimos las mismas acciones en otros, sólo porque sus ideas están más cerca de las nuestras. Nuestros juicios sobre estos sucesos deberían mirar, en primer lugar, a ese criterio impersonal que son las normas constitucionales y legales: en una sociedad plural, en la cual hay diferentes visiones sobre lo que es un buen gobierno, el orden legal y constitucional permite que pueda haber coexistencia en medio de tales diferencias. De nuevo, eso no significa que aprobemos la conducta de Zelaya: el orden constitucional no sólo se debilita por medio de violaciones abruptas, sino también por ese lamentable manoseo que consiste en cambiar las normas al calor de circunstancias pasajeras, y mediante esa engañosa y peligrosa apelación a la voluntad popular. Por esto, Zelaya mismo se había convertido en el principal verdugo de la Constitución de Honduras. Pero eso no justificaría que se viole el orden jurídico para sacarlo del poder.