¿Subir o no subir impuestos?

LA CARA DEL SECUESTRO, LA ALEGRÍA DE LA LIBERTAD: Felices estamos todos por la liberación de los hombres que acaban de recuperar la condición digna de seres humanos, la cual les fue arrebatada durante largos años por un grupo terrorista cruel y criminal. Y felices estamos por el procedimiento que permitió su liberación, un procedimiento que les devolvió la dignidad sin contraprestación alguna. Muy diferente al cruel mecanismo del “acuerdo humanitario”, acompañado siempre de ese terrible instrumento de sadismo que son las “pruebas de supervivencia”, manejadas y dosificadas con criterio político, para convertir en moneda política la vida de los secuestrados, y para manipular con propósitos políticos los naturales sentimientos que emergen en sus familias. Estos hombres, como otros en su momento, constituyen la verdadera cara del secuestro: nos hablan de tratos inhumanos, de enfermedades, de privaciones, de soledad, de miedo, de amenazas, en fin, de la mayor atrocidad posible. Y en eso marcan una clara diferencia con los secuestrados estilo Piedad Córdoba / Telesur, bañados, peinados, alimentados, y por sus dolencias tratados.

¿SUBIR O NO SUBIR IMPUESTOS? I: Muy interesante se ha puesto el debate entre las dos campañas presidenciales, en cuanto a si será indispensable subir impuestos en el próximo cuatrienio. Por las razones que siguen, hasta ahora no encuentro convincente la posición de ninguna de las dos. Partamos de los hechos: ellos nos muestran un profundo deterioro de la situación fiscal, y una posibilidad muy seria de que tal cosa se agudice en el futuro cercano. Los hechos, entonces, nos indican una conclusión: será tarea indispensable del próximo gobierno reducir el déficit. Desde la campaña de Mockus se ha dicho que será forzoso subir los impuestos. Esto parecería ser consecuencia natural de la conclusión a la que antes llegamos. Sin embargo, es mi opinión que, en estos debates fiscales, cuando quiera que exista una situación de déficit, deberían agotarse previamente unos pasos antes de arribar a la fórmula de subir impuestos: debería haber un examen previo exhaustivo acerca de qué medidas pueden tomarse por el lado del gasto, es decir, un esfuerzo de control de los egresos, el cual es difícil, pero es el primer paso que aconseja la prudencia. En la siguiente instancia debería examinarse si podrían aumentarse los recaudos sin subir los impuestos, mediante políticas como la eliminación de exenciones, la simplificación del sistema, y el control de la evasión. La sociedad sólo debería aceptar aumentos de impuestos si se le muestra que se ha realizado ya el anterior análisis, y que él arroja unos ahorros y unos nuevos recaudos que no son suficientes. Pero en este tema, como en tantos otros, tengo la sensación de que Mockus no presta mayor atención a las realidades, y procede de manera deductiva a partir de principios.

¿SUBIR O NO SUBIR IMPUESTOS? II: Desde la campaña de Santos se ha rechazado la idea de subir impuestos, aunque, hasta donde sabe el suscrito, el análisis que he sugerido tampoco ha sido allí puesto en marcha. También, para mi sorpresa y perplejidad, se propone conservar las exenciones actuales y sumarle otras nuevas, cuando hay un consenso casi general en contra de tales instrumentos. Al parecer, simplemente se confía en que el recaudo aumentará como efecto del crecimiento económico, y como efecto de unas políticas de formalización en cuyo impacto se está poniendo una exagerada confianza. He oído también una sugerencia que me parece alarmante: la de proponer un nuevo régimen de regalías como instrumento contra la crisis fiscal. Si bien dicha reforma es necesaria por otras razones, nótese que, si la motivación que para ella se invoca es puramente fiscal, es decir, no es más que la de utilizar los recursos minero-energéticos para paliar el déficit del fisco, nada nos diferenciaría de la irresponsable Venezuela petrolera de las últimas cuatro décadas: es decir, nos aproximaríamos a ser uno de aquellos países que omite el esfuerzo de equilibrar sus indicadores macroeconómicos, porque los recursos de las regalías le permiten compensar los efectos de los desequilibrios.

Voto de opinión y maquinaria... El socialismo del siglo XXI en acción

VOTO DE OPINIÓN Y MAQUINARIA: Pasada ya una semana desde las elecciones presidenciales, hay todavía quienes insisten en calificar el resultado de éstas como un pulso entre la maquinaria política —corruptora y deshonesta— y el voto de opinión, transparente por naturaleza, y movido sólo por los dictados de la conciencia. Por supuesto, está allí implícita la idea de que el primer tipo de voto correspondió a Santos y el segundo a Mockus. Pasemos por alto la arrogancia propia de dicha idea, arrogancia de la cual se han quejado muchas personas, quienes ven en el movimiento Verde un fanatismo moral de acuerdo con el cual hay que presumir corrupción en todo aquel que no esté con ellos. Veremos entonces que estamos simplemente en presencia de un error fáctico colosal, un desconocimiento de la más contundente e interesante realidad de la política nacional: la mayor parte del voto de opinión, es decir, de aquel voto cuya motivación no es más que el examen ciudadano de conciencia, sigue siendo un voto uribista. Esto no pueden entenderlo los partícipes de aquel fanatismo moral, por cuanto encuentran inexplicable que alguien opine diferente a ellos, es decir, que haya un voto de opinión sustentado en consideraciones y reflexiones diferentes a las suyas. Para ellos, parecería ser que voto de opinión sólo puede ser aquel fundamentado en sus opiniones. Encuentran entonces inexplicable el resultado electoral, y proceden con la mayor petulancia a atribuirlo en su totalidad a maniobras turbias.

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN ACCIÓN: Tras el primer descubrimiento de contenedores repletos de alimentos descompuestos, han empezado a aparecer casos similares en varias partes de Venezuela. La mayoría de tales casos involucran a PDVAL, la flamante Productora y Distribuidora de Alimentos de Venezuela, institución inaugurada en su momento con gran pompa y esperanza, y a la cual se encargó el logro socialista de la “soberanía alimentaria”. De modo que, en muy pocos años, empezamos ya a ver en Venezuela las manifestaciones típicas del socialismo, es decir, lo que el socialismo produce en cualquier parte: abandono, desidia, deterioro y obsolescencia. No pasará mucho para que empecemos a saber de tierras abandonadas, de fábricas cuyas máquinas duermen bajo el óxido, de insumos y materias primas olvidados durante años en bodegas húmedas y solitarias. Y ese mismo Estado, cuya incompetencia para el manejo de procesos económicos básicos es evidente, ha incurrido en el más insólito y extravagante acto que pueda pensarse: la declaratoria explícita de guerra a una parte de su sociedad, al empresariado.

LA NATURALEZA DEL PROBLEMA VENEZOLANO: Sea esta también la ocasión para reflexionar sobre una polémica anterior. El año pasado, tal vez por esta misma época, escribí y dije en algunos textos y conferencias que, en mi parecer, un sector de los analistas colombianos no comprendía la naturaleza de los sucesos de Venezuela, o rehusaba comprenderlo, sumido en la ilusión de que podrían superarse las adversidades sufridas allí por el empresariado colombiano, y hacer tal cosa mediante estrategias inteligentes de negocios. Recuerdo haber criticado con énfasis un estudio que al respecto hizo la revista Dinero, en el cual, desconociendo la naturaleza política de la crisis venezolana, recomendaba a los empresarios una serie de medidas para solucionar sus problemas en el vecino país, todas ellas relacionadas con asuntos administrativos como el mercadeo y la logística. Ahora, cuando el propio presidente declara por televisión la guerra a la empresa privada, me pregunto cuán útiles serán todas esas minucias sobre el conocimiento del consumidor venezolano y la reorganización de procesos logísticos. No habría ideas de mercado o de logística que hubiesen podido, por ejemplo, salvar a los comisionistas de bolsa, cuyas firmas han sido víctimas de una ofensiva política aplastante y súbita, la cual incluso ha llevado a prisión a varios de sus directivos.

El resultado de la primera vuelta

EL RESULTADO ELECTORAL I: El impresionante resultado de las elecciones de ayer, en mi opinión, confirma lo que hemos venido diciendo en estos boletines casi desde el inicio de su publicación: para la gran mayoría de los electores colombianos, la prioridad número uno del país sigue siendo la seguridad. Y eso, hoy por hoy, se manifiesta en dos retos concretos: el primero, impedir el resurgimiento de la guerrilla (y producir su derrota), y el segundo, mantener una actitud de firmeza frente al gobierno de Venezuela, al cual no sólo se le considera una amenaza por sí mismo, sino que se le ve como auxiliador o al menos proveedor de refugio para las FARC y para sus comandantes. Y sin que esto constituya un juicio sobre candidaturas particulares, reiteraré, como ha sido aquí también dicho muchas veces, que es apenas natural que la seguridad sea la prioridad central de los colombianos, porque ella es la prioridad fundamental de cualquier ser humano, y la menor percepción de que ella está en riesgo hace que todo lo demás pase a segundo plano. Sea esto apenas un mensaje para los candidatos que hoy, perplejos, se preguntan por qué un electorado al que ven tan afectado en su situación socioeconómica no respaldó sus plataformas sobre justicia social, servicios públicos, reforma a la salud, primer empleo, sistema pensional de pilares, etc. Muy simple: ante todo, la gente quiere que no la maten.

LA CUESTIÓN DE LAS ENCUESTAS: En Twitter dice hoy el historiador venezolano Elías Pino Iturrieta que, si bien ninguna ciencia social es exacta, tampoco es admisible que sean tan inexactas. Se refiere por supuesto a las encuestas colombianas. Habría que decir, en honor al rigor, que los encuestadores podrían alegar que durante la última semana hubo cambios muy rápidos: en realidad, no habría manera de probar si su enorme desacierto se debe a esto, o se debe a problemas metodológicos. En todo caso, no creo que la precisión de las encuestas deba ser pretexto para una regulación más férrea de aquellas: en primer lugar, porque la regulación ha de dirigirse hacia otros objetivos, como a evitar la manipulación y la parcialidad. Y en segundo lugar, porque el resultado de ayer muestra que es falso lo que claman quienes exigen reglas más fuertes, a saber, que las encuestas dirigen indebidamente al elector. Ayer quedó demostrado que el ciudadano puede ser independiente de las encuestas, y de qué manera.

¿QUÉ PASÓ CON LA “OLA VERDE”?: Sería impropia de mi parte utilizar este espacio para opinar sobre candidaturas concretas. Por eso, a quienes quieran conocer mi opinión sobre la catástrofe de la “ola verde” los invito a visitar mi blog haciendo click aquí: www.andresmejiavergnaud.com

Ideas preelectorales

IDEAS PREELECTORALES I: Ya menos de una semana nos separa de las elecciones presidenciales. Desde hace ya un buen rato tengo mi decisión tomada para el voto en la primera vuelta: es una decisión, sin embargo, que me abstendré de compartir con los lectores a través de este medio, pues hacerlo constituiría una falta de respeto para con la Institución que represento. Sin incurrir en tal cosa, puedo anticipar, a manera de recomendación, lo que creo deben ser los dos criterios más importantes para la selección de un buen presidente en este momento de nuestra historia. Esos dos criterios son, de cierto modo, las dos caras que en mi opinión presenta ante nosotros hoy el legado de gobierno del presidente Uribe, y de ningún modo aspiran a agotar todo lo que podría decirse en la materia. La primera tiene que ver con seguridad: no creo, como dicen algunos con confianza ciega, que sea ya imposible retroceder en cuanto a seguridad y lucha contra la guerrilla. Quienes así piensan apuntan a la sólida conciencia nacional que parece haber al respecto, y al hecho de que prácticamente ningún candidato presidencial reniega de la bandera de la seguridad. Yo sin embargo creo que el retroceso sí es posible, pues más que declaraciones expresas de apoyo, esta política necesita un liderazgo muy especial, en cuya ausencia ella fácilmente podría estancarse, o empezar a retroceder de modo gradual; y no olvidemos que la contraparte, la guerrilla, está más que ejercitada en la paciencia y en el logro progresivo de sus objetivos, para lo cual podrán seguir contando con el dinero del narcotráfico. De modo que, al evaluar un candidato en cuanto a su política de seguridad, no sólo ha de pensarse en sus propuestas expresas: habrá también que analizar su capacidad para liderar este esfuerzo.

IDEAS PREELECTORALES II: Por otra parte, muchos conocidos me dicen que es indispensable preservar el legado de Uribe, y al decir tal cosa no hacen distinción de políticas específicas. Sin duda hay que preservar algunos aspectos del legado uribista. Pero si los observadores fuesen un poco más analíticos, se preguntarían en virtud de qué hay que preservar una política económica que nos deja con un déficit fiscal y un endeudamiento que crecen, con el desempleo más alto de América Latina, con una significativa mayoría de trabajadores empleados en el sector informal, con un sistema de salud próximo al desastre, con un sistema tributario que asemeja al caos primitivo del universo, con unos indicadores mediocres y vergonzosos de internacionalización, y con un Estado cuya idea de desarrollo es que las clases medias y pobres le regalen dinero a quienes ya tienen (y tienen bastante), con la ingenua y fracasada idea de que ellos utilizarán los obsequios para generar desarrollo y empleo. Me resulta difícil entender por qué habría que prolongar las políticas que han conducido a tales resultados.

VIGENCIAS FUTURAS: A lo cual cabe añadir, como han advertido muchos analistas, que el propio presidente Uribe se ha encargado de cerrar el margen de maniobra de su sucesor con varios instrumentos, entre ellos los compromisos con vigencias futuras por un valor aproximado de $ 26 billones. Por tratarse de un asunto de naturaleza técnica, accesible sólo a los expertos en finanzas públicas, la ciudadanía sigue su vida sin alarmarse por esta escandalosa noticia. Casi siempre sucede lo mismo cuando se trata de dineros públicos: ajena al lenguaje especializado de la hacienda pública, y sumida además en el mito de que los dineros públicos son “del Estado”, la ciudadanía no logra adquirir la conciencia de que tales dineros son suyos, y de que su trabajo y su patrimonio personal son la fuente de donde ellos vienen. Así, se da lugar a una lamentable indiferencia, gracias a la cual pasan como noticias cotidianas lo que son verdaderas aberraciones. Nadie se escandaliza cuando nos dicen que, por la ineptitud de la administración distrital, y muy posiblemente por corrupción, Bogotá tendrá que pagar enormes sobrecostos por las obras públicas. Atención: no será “Bogotá” quien pague, seremos todos los contribuyentes de la ciudad. De igual manera, el público deja pasar inadvertida la realidad de que, por decisión del actual gobierno, durante los próximos seis años el Estado ingresará en nuestro patrimonio para sustraernos la suma de 26 billones de pesos. Las vigencias futuras no se giran en último término contra las arcas del Estado: se decretan y se pagan contra los ingresos y el patrimonio de cada uno de los lectores (y de los electores).

El TLC con la UE: una propuesta

EL CONGRESO Y EL TLC CON LA UE: Quiero en esta nota hacer una sencilla propuesta: ya que varios sectores significativos de congresistas se han apresurado de modo tan vigoroso a rechazar el TLC con la Unión Europea, y que tal premura y tal eficiencia no se les conoce en el desarrollo de sus responsabilidades ordinarias, quisiera proponer que los miembros del Congreso nacional revelen al público quiénes de ellos son ganaderos o tienen negocios de ganadería. No estoy sugiriendo que por tal motivo estén impedidos para pronunciarse sobre el asunto: el examen de ese tema se lo dejo a los juristas. Pero creo que a la sociedad le conviene tener todos los elementos de juicio, de modo que sepamos si al pronunciarse sobre este caso los congresistas están actuando con interés patriótico, o si están cuidando de sus fortunas personales.

EL TLC CON LA UE Y LA GANADERÍA: Sería una verdadera pena que Colombia, una de las economías menos integradas con el mundo, dejara pasar esta oportunidad, sólo por complacer a un grupo al cual le parece que un arancel del 100 por ciento inicial, y una desgravación de 15 años, acompañados de salvaguardias, son una apertura radical e inmisericorde. Pidámosles a estas personas que digan la verdad: simple y llanamente quieren conservar sus privilegios; quieren mantener la protección de sus negocios, a costa del desarrollo del país, a costa de que muchísimos otros sectores pierdan oportunidades, y a costa de condenarnos a seguir siendo una economía provinciana. Y prevéngase toda la sociedad, pues es probable que este problema se resuelva del modo como acostumbra la presente administración: prometiéndoles a los inconformes dinero, un programa de subsidios, una suerte de nuevo Agro Ingreso Seguro, mediante el cual los pobres y la clase media tributaríamos para enriquecer un poco más a los latifundistas.

EL TLC CON LA UE Y LA IZQUIERDA: Yo entiendo que los ganaderos corran a bloquear nuestro TLC con la Unión Europea; se trata de un puro acto económico racional, de la defensa de unos privilegios que les significan ingresos y sobre todo comodidad: la comodidad de no tener que esforzarse para desarrollar actividades competitivas. Pero la actitud de la izquierda ante este caso, y en particular la del senador Jorge Enrique Robledo, sólo puede explicarse por un dogmatismo ciego e irracional frente al comercio. Robledo disfraza ese dogmatismo detrás de cifras absurdas que repite por todas partes, y de las cuales nadie le pide cuenta: nadie le exige que las muestre, o que revele la metodología de su obtención, o la fuente de donde las obtuvo. Culpa de todos los males del país a la apertura económica, cosa interesante, en un país cuyo surtido de problemas es más que generoso, y en un país que, enfrentemos la verdad, sigue siendo una economía en buena medida cerrada, una economía que quedó rezagada en la oleada global de integración. Curioso también resulta que un senador de izquierda, un senador del Polo, luche por la causa de un sector al cual buena parte de sus copartidarios considera retardatario, opresor y latifundista.

Moraleja de la crisis griega... Petro y Familias en Acción

UNA MORALEJA DE LA CRISIS GRIEGA: “Recordar es vivir”. Pocos meses han pasado desde cuando, por cuenta de la crisis financiera global, a los cuatro vientos anunciaron muchos que dicha crisis demostraba la inviabilidad absoluta, radical, y total de las políticas económicas liberales. La culpa que algunas de esas políticas tuvieron en la generación de la crisis fue extrapolada de manera falaz hacia una conclusión general: la de que siempre, en todos los casos, y en medio de cualquier circunstancia, la economía debe estar regida por un Estado grande, dotado de amplísimas facultades de intervención. Así concluyó por ejemplo Paul Krugman, tan lúcido en tantas otras materias. Me pregunto en qué andan hoy quienes anunciaron ese presunto dictamen irrefutable, cuando una nueva crisis amenaza la economía mundial: una crisis cuya gravedad no es menos profunda, y que tiene raíces precisamente en el modelo de Estado que se propuso como verdad dogmática. Un Estado grande, amplio en sus gastos, generoso en sus prestaciones, cariñoso y paternal con sus ciudadanos, es ahora incapaz de sostener su propio modo de vida, y su ruina amenaza con producir la de otros países, y con destruir el sueño de la moneda europea. Se le intentará salvar, pero las consecuencias de tal intento son aún desconocidas. Aquí hay una moraleja para profetas de lado y lado: más allá de ciertos principios filosóficos básicos (como las libertades fundamentales), la cuestión de cómo han de relacionarse Estado y economía es eminentemente práctica, dependiente de las circunstancias, y de las posibilidades materiales efectivas. No cabe allí el dogma. Es además un asunto en el cual siempre veremos un cierto grado de oscilación, pues cada grupo de políticas, al ejecutarse en la práctica, tiende a generar desequilibrios y riesgos que luego deben compensarse con un cambio de orientación. Y en todo lo que tiende a oscilar, la prudencia aconseja no llevar las cosas a los extremos.

PETRO Y FAMILIAS EN ACCIÓN: No suelo estar de acuerdo con el candidato Gustavo Petro cuando habla de economía. Pero en El Tiempo (mayo 9), aludiendo al célebre programa presidencial Familias en Acción, escribió Petro una frase que considero digna de transcripción literal: “El ingenio y la laboriosidad que se reconocen mundialmente al colombiano pueden convertirse en una cultura parasitaria financiada con presupuesto público”. Familias en Acción es una iniciativa admirable en su concepción, pero cuyo alcance ya suscita justas preocupaciones. Este programa, mediante el cual se entregan apoyos monetarios directos y condicionados a familias muy pobres, o que sufren condiciones socioeconómicas muy severas, alcanza ya a casi 2.600.000 familias. Con tal cobertura, Familias en Acción pierde el carácter excepcional que los programas de ese corte deberían tener, y se convierte en un elemento regular del sustento de una parte ya significativa de la población colombiana, la cual recibe estos dineros de manera directa, a veces en ceremonias donde es visible un contenido político —no necesariamente electoral—. Aunque al respecto de esto último las denuncias se siguen acumulando.

CHAVEZCANDANGA: Por supuesto que sigo a Chávez en su cuenta de Twitter, que lleva el nombre “@chavezcandanga”. Y aconsejo a todos que lo hagan, pues difícilmente encontrarán mejor espectáculo humorístico. Para la muestra: “@chavezcandanga” anuncia la próxima inauguración de una fábrica de celulares en Venezuela llamada Orinoquia. “Son buenos y baratos”, dice Chávez, y seguramente en el universo bolivariano Orinoquia reemplazará forzosamente a Nokia. Ahí tenemos entonces a un gobierno prolífico en grandes anuncios, en promesas de obras colosales, fábricas de celulares, gasoductos transcontinentales, y refinerías gigantes, pero que, en la triste realidad, ni siquiera puede proporcionar a sus ciudadanos algo tan elemental como la luz eléctrica. El humor termina cuando caemos en cuenta de que esto no es un espectáculo, sino es la tragedia real de un pueblo.

Venezuela sigue en caída... Feria de ministerios...

ECONOMÍA VENEZOLANA SIGUE EN DESCENSO: En el tercer trimestre del año pasado, algunos vaticinaron, no entiendo aún sobre qué base, que la economía venezolana se elevaría nuevamente este año, después de sufrir una fuerte caída. Pues bien: de acuerdo con lo que informa El universal de Caracas, el propio presidente Chávez admitió ya que este año volverá a decrecer el producto del país, pero en su muy pintoresco e irresponsable estilo dijo que eso no debería ser motivo de preocupación. Y así, mientras su gobierno sigue empeñado en acciones simbólicas, en anuncios de proyectos extravagantes que nunca siquiera se inician, en enriquecer a los rusos con compras de armas, en hipotecar a la Nación con los préstamos de dichas compras, a hostigar a Colombia, y a desperdiciar más que nunca la riqueza petrolera, las proyecciones de The Economist anuncian una caída del PIB de casi 7 por ciento para este año, una caída de casi el 12 por ciento en la producción industrial (último dato), y una inflación del 29 por ciento. Puede esperarse que la crisis eléctrica continúe: en medio de una temporada de lluvias un tanto suave, el nivel de El Guri, la hidroeléctrica que proporciona a Venezuela el 70 por ciento de su electricidad, sigue en descenso, y está ya a sólo 8 metros de su cota de riesgo (240 metros sobre el nivel del mar). El propio “Gobierno Bolivariano” parece actuar con certidumbre de que se llegará a ese nivel, pues anunció que incluso así seguirá operando el embalse. Lo cual implica un grave peligro de daño e inutilización permanente de sus turbinas. De modo que si esta temporada de lluvias no se acentúa, y llega en julio la nueva estación soleada, podría Venezuela enfrentarse a una circunstancia increíble: la de que un país de nivel medio de desarrollo, en pleno siglo XXI, y que es además una potencia energética, entre en riesgo auténtico de quedarse a oscuras.

FERIA DE MINISTERIOS: En la actual campaña presidencial abundan las promesas de crear ministerios, o de revivir algunos que ya no existen. Hay casos en los cuales esto suena muy razonable, como el de crear de nuevo el Ministerio de Justicia: en esta propuesta parecen coincidir todas las campañas, y también, de manera sorprendente, el mismo Gobierno que acabó con dicho ministerio, pues se ha sabido que tiene un proyecto de ley para su resurrección. Advertencia a los electores: cada vez que un candidato les prometa un ministerio, sometan dicha oferta al siguiente análisis. Primero: ¿existe claridad, de parte del candidato, en cuáles serían los objetivos concretos y prácticos que se buscaría satisfacer con el propuesto ministerio? Segundo: ¿está la propuesta acompañada de un plan serio acerca de lo que tal ministerio haría y cómo lo haría? Y finalmente: ¿es del todo claro que esas tareas, de justificarse, exigen la creación de un ministerio, o podrían ser realizadas por instituciones ya existentes? De no encontrar respuesta satisfactoria, tiene el elector todo el derecho de pensar que la propuesta, o bien carece de fundamentos serios y no es más que una vacía promesa electoral, o bien tiene tras de sí intenciones más perversas, como la de ampliar la burocracia pública de modo que se puedan cumplir compromisos políticos electorales.

FERIA DE MINISTERIOS II: Cada una de estas propuestas merece, entonces, un análisis individual, de acuerdo con sus méritos propios. Y tal análisis debería tener un especial rigor, pues nuestra actitud cultural hacia la creación de nuevas entidades públicas —en particular ministerios— sufre de lo contrario: de una extrema falta de rigor. Podemos resumir el problema así: en nuestra cultura política suele haber inclinación a pensar que, para resolver un cierto problema, la solución consiste en crear una entidad pública, ojalá un ministerio, nominalmente encargado de la situación. Así, mil veces hemos oído las ideas de crear un ministerio de la familia, de la mujer, del empleo, del joven, de los ríos, etc. Eso es parte de una mentalidad un tanto supersticiosa, la cual concentra su acción en los temas nominales, cree que hay magia en lo puramente verbal e institucional, y omite las labores reales y concretas que los problemas exigen. Es la misma mentalidad que cree, por ejemplo, que los problemas socioeconómicos se solucionan mediante la enunciación de derechos sociales y económicos, y mediante su ordenación por vía judicial. Me lo advirtió Humberto de la Calle en una conversación la semana pasada: ahora todos claman por un Ministerio de Justicia; dentro de diez años, o menos, veremos a columnistas y analistas decir que ese ministerio es inútil y no sirve para nada. Como ya alguna vez ocurrió. De modo que en esto debemos reclamar un poco más de seriedad.

Petro y las pensiones... Reglamentación dosis personal

PETRO, LAS PENSIONES Y LA IGUALDAD: Gustavo Petro ha hecho de la desigualdad su tema de campaña. Quien hace tal cosa corre el riesgo de proponer medidas que, aun cuando se dirijan al logro de la igualdad, no impliquen mejoría auténtica de las condiciones de las personas: la igualdad no significa bienestar, pues todos podríamos estar igualmente mal. Tómese uno de los puntos que menciona en su entrevista con Yamid Amat (El Tiempo, abril 25): reformar el sistema de pensiones para volver al de “tres pilares”. Es decir, en pos de la igualdad, privar al trabajador de tener un ahorro personal inviolable, suyo y únicamente suyo, administrado por entidades sujetas al estricto control de las autoridades, y reguladas de manera férrea en cuanto a sus operaciones. Todo, para obligar a los trabajadores a estar, todos por igual, en un sistema ineficiente y lento, donde tardan dos y tres años para reconocer una pensión, y con frecuencia al hacerlo cometen errores de liquidación, y convierten al trabajador en presa de abogados litigantes, quienes les resuelven la situación a cambio de una significativa comisión de aquello que, en rigor, debería ser el intocable ingreso que garantice una madurez tranquila. En pos de la igualdad, ¿querríamos todos ser iguales en esta miserable condición?

PROYECTO DE LEY CONTRA CONSUMO PERSONAL DE DROGAS: El proyecto de ley que busca reglamentar la reciente proscripción constitucional de la dosis personal de droga es, para decirlo en el marco del respeto pero también de la verdad, un extremo de desatino, y una profunda incursión en el ridículo legislativo. Pero no podía ser de otra manera: el Congreso complació al presidente Uribe en una de sus más férreas e infundadas obsesiones, la de prohibir de algún modo el uso de dosis personales de droga. Pero al hacerlo encontró que la penalización, que era la alternativa más coherente con el extremo moralismo que motivaba la propuesta, resultaba inaceptable para muy amplios sectores de la sociedad. Así, el gobierno se quedó con una reforma constitucional para la cual tenía que proponer alguna clase de reglamentación, y a la cual tenía que darle algún mecanismo de aplicación, y no sabía cómo hacer tales cosas. Se inventaron entonces el disparate de unos tales centros de atención, o de observación, a los cuales deben ser conducidos quienes consuman o porten dosis personales de droga. Alejandro Gaviria hace una labor inmejorable de análisis de los absurdos de tal invención (El Espectador, abril 25). Cabe solamente reflexionar en la inmensa cantidad de tales centros que deberán ser abiertos, y surtidos con personal, equipo y profesionales. Nadie parece haber calculado el colosal costo de tan inútil medida. En estos centros podrían presentarse situaciones descabelladas, como la de que un consumidor ocasional, quien use drogas de modo infrecuente, pacífico, y sin daño a sí mismo ni a nadie, tenga que ser sometido a unas humillantes terapias que ni necesita ni le harán bien. Como si quien disfruta cada dos semanas de una cerveza con dos amigos fuera conducido por la fuerza a recibir terapia contra el alcoholismo. Y esto sucederá mientras millones de personas carecen de servicios básicos y necesarios de salud: mientras muchos sufren de enfermedades auténticas, no de aquellas que ahora, por vía legislativa, deben ser inventadas para satisfacer un ánimo moralista y paternalista.

El debate presidencial de Caracol Televisión

EL DEBATE PRESIDENCIAL DE CARACOL I: Estoy seguro de que muchos lectores compartirán la siguiente apreciación, la cual fue para mí, tal vez, la más importante sensación personal que me quedó luego de culminado el debate de Caracol Televisión con los candidatos presidenciales: es una gran pena que Germán Vargas Lleras no tenga al día de hoy opciones serias de alcanzar la presidencia. De todos los participantes, Vargas Lleras fue el único que, para la mayoría de las preguntas, tuvo respuestas concretas y sólidas. Mientras los demás se perdían en devaneos retóricos, en la repetición de lugares comunes, y en la enunciación de anhelos, Vargas Lleras casi siempre respondió con propuestas específicas. Así fue cuando se les preguntó acerca del desplazamiento forzado, la corrupción y la reforma tributaria, por ejemplo. En este último punto resultó impresionante su desempeño, ya que el tema tributario, por su naturaleza técnica, suele ser de difícil abordaje para cualquier candidato. Cuando se les preguntó sobre corrupción, la mayoría de los candidatos ofrecieron lo que al respecto suele ofrecerse: una letanía acerca de cuán despreciable es la corrupción, y de cuánto podríamos lograr los colombianos sin ella. Pero no suele haber propuestas concretas. Vargas enumeró unas cuantas, algunas de las cuales me parecieron inmediatamente atractivas, como aquella de, en las entidades descentralizadas de la rama ejecutiva, los directores de control interno reporten directamente a la Presidencia de la República. Es una pena, digo de nuevo, que este candidato, cuya aspiración está respaldada por una coherente y sólida propuesta programática, no se halle hoy en los primeros lugares de preferencia de los colombianos.

EL DEBATE PRESIDENCIAL DE CARACOL II: La expectativa acerca del desempeño de Mockus era muy elevada, por su rápido ascenso en las encuestas, y por el impresionante modo como ha ido seduciendo a la opinión nacional con sus propuestas. El eje central de su campaña, llamado “legalidad democrática” es sin duda atractivo: la verdadera soberanía de las instituciones, y la verdadera libertad civil, se alcanzan en el imperio de la legalidad, y una gran tragedia de nuestro país consiste en que, pese a haber sido una república muy amiga de las leyes, la ilegalidad penetra de manera subrepticia por casi todos los rincones de nuestra vida. Comparto también su anhelo de que la democracia colombiana sea más deliberativa, y de que las relaciones entre ejecutivo y legislativo se basen en el intercambio de argumentos y no en el comercio de favores. Reconozco su buena gestión y su buena orientación en materia económica; y no sólo es mío ese reconocimiento, sino que es un sentir muy amplio: seguirán siendo, por tanto, torpes los intentos del Polo, repetidos de modo doblemente torpe anoche por Petro, por descalificar a Mockus como un “neoliberal”. El público sabe bien que el Polo, abanderado de cuanta irresponsabilidad y de cuanto error pueda haber en economía, hace un elogio implícito cuando descalifica a un candidato por ser contrario a sus ideas en la materia. Creo sin embargo que hacen falta tres elementos en el mensaje de Mockus: el primero, una mejor exposición de los instrumentos concretos que piensa utilizar para lograr sus objetivos. El segundo, reconocer que, si bien la pedagogía y los cambios culturales profundos son cruciales, su efecto aparece en el mediano y en el largo plazo, por lo cual es necesario ofrecer también soluciones de corto plazo para las urgencias nacionales. Finalmente, valdría la pena que exponga su posición sobre una posible negociación de paz con la guerrilla: ayer quedó claro que su actitud frente al terrorismo será la del combate militar, y que no habrá diálogos si se persiste en el secuestro. Completamente de acuerdo. Faltaría concretar, en mi opinión, en cuáles casos estaría dispuesto a entablar negociaciones, y lo más importante, qué estaría dispuesto a conceder en ellas. Yo creo, no por intransigencia, sino por filosofía política y por la experiencia nacional, que en tales negociaciones no puede haber ninguna concesión de acceso al poder político (como asambleas constituyentes).

SOBRE ESCÁNDALO DEL DAS: Corresponderá a la justicia decirnos quiénes son los responsables, y al respecto no pienso hacer conjeturas ni señalamientos. Pero no exagero si digo que, a partir de los elementos que hemos conocido por los medios, y asumiendo que ellos son auténticos, el escándalo del DAS alcanza verdaderas dimensiones de terror. No sólo es cosa de unas cuantas intervenciones de teléfonos: estaríamos frente a estrategias deliberadas para destruir la vida y la reputación de personas consideradas como “blanco estratégico”. Estas son prácticas de terror, y su raigambre es el más inmisericorde autoritarismo. Urge que la sociedad colombiana reflexione sobre el modo de construir organismos de inteligencia efectivos y capaces, pero cuya capacidad se dirija contra los terroristas, contra los criminales, y contra los gobiernos extranjeros agresivos. No contra la misma ciudadanía.

Venezuela, ambiciones nucleares y detención de colombianos

UNA DISCULPA Y UNA RECOMENDACIÓN: A la vez que pido disculpas a los lectores por no haber enviado este correo la semana pasada, aprovecho para hacerles una recomendación: tengan cuidado con los resfriados, en especial ahora que la temporada de lluvias ha comenzado en la mayor parte de Colombia. No atendí yo a tan sabio consejo, y lo que era un inocente resfriado se convirtió en una bronquitis aguda, la cual me tuvo en cama cuatro días. Así que por favor, buen paraguas, mucho abrigo, y en caso de resfriado, resguárdense en sus hogares.

LOS DETENIDOS EN VENEZUELA: Normalmente, si unos nacionales colombianos fuesen detenidos en otro país, la reacción aconsejable sería la prudencia, y el respeto a las autoridades de la Nación que los ha arrestado. Suspenderíamos nuestros juicios mientras dichas autoridades llegan a sus conclusiones. Tal proceder, claro, no es apto para el caso de Venezuela. En primer lugar, porque allí las autoridades carecen de las características que les harían merecedoras de ese respeto: no son independientes, no son imparciales, y no se conducen de acuerdo con los principios del debido proceso. Lo ha dicho muy claro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en Venezuela no existe la división de poderes. Y hay otro elemento, claramente visible en las declaraciones recientes de Tarek El Aissami (Ministro del Interior) y del propio presidente Chávez: un afán en exceso evidente de valerse de este caso para excusar, al menos de modo parcial, la miserable situación energética que vive esta potencia petrolera. Situación que sólo puede ser explicada por la incompetencia radical de su gobierno. De modo que estas personas fueron detenidas por un gobierno ansioso de encontrar culpables y de erigir chivos expiatorios, y por un gobierno, además, que controla los órganos del poder que deberían ser independientes de él, como la Justicia. Corren entonces un grave peligro, y hace bien el gobierno colombiano en su esfuerzo —el cual debería multiplicarse— de pedir la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

CHÁVEZ NUCLEAR: Como todos, he observado con alarma las renovadas intenciones nucleares de Chávez, su cercanía con el Irán de Ahmadinejad, y la aparente indiferencia de Estados Unidos. Hay sólo un elemento que me tranquiliza: Chávez ha sido, durante todo su gobierno, muy prolífico en anuncios de grandes proyectos, de obras descomunales, las cuales ni siquiera empiezan nunca a ejecutarse. ¿Recuerdan ese colosal gasoducto que iba a recorrer toda Suramérica, desde Venezuela hasta la Tierra del Fuego? Súmese a eso multitud de obras prometidas en otras partes, refinerías, carreteras, cuya materialización no llegó más allá de las palabras y del entusiasmo. Este gobernante, que ha prometido infraestructura y energía para todo el hemisferio, ni siquiera es capaz de iluminar su propio país, al cual tiene viviendo como se vivía hace cien años. De modo que en la incompetencia de Chávez yace una de nuestras esperanzas, la cual, adviértase, no es ni debería ser suficiente. Colombia debe seguir empeñada en la denuncia internacional de la agresividad chavista, tal vez a la espera de que algún día se despierte el gobierno de Estados Unidos, y el flamante subsecretario Valenzuela diga por primera vez algo con sustancia.

Arias y el voto de opinión

ARIAS Y EL VOTO DE OPINIÓN I: Hace Alejandro Gaviria, en su columna del pasado domingo (El Espectador) uno de esos ejercicios empíricos que son tan poco frecuentes en los análisis políticos de prensa. Y lo hace para registrar un hecho que refutó una creencia preelectoral, muy extendida entre quienes hacen comentarios sobre política. De acuerdo con tal creencia, en el Partido Conservador Andrés Felipe Arias representaba el voto clientelista, empujado por las maquinarias; también el voto de quienes se beneficiaron de las jugosas dádivas del programa Agro Ingreso Seguro; y finalmente, de sectores rurales y retardatarios, quienes serían sensibles al modo de ser de Arias, quien parece representar la nueva generación del populismo de derecha. En contraste, Noemí Sanín representaría la moderación propia de las clases medias urbanas, portadoras del llamado “voto de opinión”, del cual, además, se esperaba que se pronunciara con firmeza contra Arias. Anota entonces Alejandro Gaviria que la realidad fue casi totalmente contraria.

ARIAS Y EL VOTO DE OPINIÓN II: De esa constatación empírica podrían surgir muchas preguntas. En general, ella sugiere que, al analizar tendencias y resultados electorales, vamos a tener que ser más finos, y vamos a tener que mirar caso por caso. De todas las preguntas posibles, sin embargo, la que encuentro más interesante es la de por qué, en grandes centros urbanos donde prima el voto de opinión, la victoria fue para Arias, cuando se suponía que el voto de opinión debería favorecer a Noemí. Al respecto no puedo más que formular una hipótesis: el voto de opinión en Colombia, ese voto urbano, medianamente ilustrado, y que se define en función de posiciones políticas personales y no de maquinarias, es todavía un voto mayoritariamente uribista. Y esto lo propongo como una hipótesis fáctica, no como una bandera política.

ARIAS Y EL VOTO DE OPINIÓN III: Habría entonces que explicar por qué el voto de opinión se alejó de la moderación que presuntamente le corresponde, y declinó además la función fiscalizadora que se supone tiene. En una buena proporción, los votantes de esta franja dieron su apoyo a un candidato populista, de posiciones y actitudes extremas, y con un reiterado gusto por adoptar maneras típicamente campesinas; un candidato, además, sobre quien han caído muchos y muy serios señalamientos. Lo prefirieron frente a una candidata de posiciones moderadas, y claramente cosmopolita. Creo que esto sólo se explica de una manera: el voto de opinión tiene todavía una franja muy significativa de uribismo entusiasta, y no por eso deja de ser voto de opinión. Conozco a varias personas que se ajustan de modo perfecto al prototipo del votante de opinión educado, urbano, cosmopolita y de clase media o alta, pero que profesan a la vez un uribismo absolutamente férreo, tanto así, que son capaces de disculpar o de ignorar deliberadamente cualquier aspecto negativo del actual gobierno. Este, creo, es un fenómeno impresionante de cultura política, cuyo responsable último se identifica con una sigla: FARC. Es esa mezcla de repudio y de temor a la guerrilla, sumada al aplauso por quien se ha percibido como el único que ha podido propinarle derrotas, lo que ha llevado a buena parte del voto de opinión a orientarse de tal manera. Aún quedaría por ver si esto es un fenómeno transitorio, o si esa cultura política nacional, antes caracterizada por la moderación y el centrismo, ha sufrido una definitiva mutación.

AVANZA LA REPRESIÓN EN VENEZUELA: El camino hacia el totalitarismo es cada vez más visible en Venezuela, y las mismas autoridades chavistas ya se esfuerzan poco para ocultarlo. Anoche fue detenido el opositor Oswaldo Álvarez Paz, y su caso se suma al de otros que han sufrido la misma suerte, o que enfrentan procesos penales, o que han tenido que escapar de Venezuela para no ser objeto de la represión chavista. A este opositor se le hacen dos imputaciones absurdas, nacidas las dos de lo que, en cualquier democracia, sería considerado como un acto perfectamente normal de libertad de expresión. Álvarez Paz manifestó en un programa radial su creencia en las relaciones entre el gobierno venezolano y los grupos terroristas FARC y ETA. Por este acto individual se le acusa de conspiración, absurdo radical, pues la conspiración es por naturaleza un delito de comisión colectiva. Y se le acusa de difusión de información falsa, figura legal que habilita al gobierno a encarcelar a todo el que exprese una opinión inconveniente. Aquí estamos frente a la negación total de la libertad de expresión: el Estado se reserva el derecho de calificar como falsas las opiniones de las personas y derivar de ello consecuencias penales. Así, el totalitarismo sigue avanzando en nuestra región, y quien más podría haberse pronunciando contra su avance, quien mayor liderazgo moral podría haber ejercido en su contra, se manifiesta de manera infame en favor del encarcelamiento de disidentes. Me refiero, por supuesto, a Lula da Silva, decepción grande como pocas.

Reflexiones electorales

Reflexiones electorales
COMENTARIOS POSTELECTORALES: Me disculparán los lectores si, en este momento, no ofrezco más que algunas reflexiones sueltas sobre la jornada electoral. Aún es muy temprano para análisis de mayor profundidad. Mientras tanto, comparto con ustedes ideas que me vienen a la mente.
EL FENÓMENO DEL PARTIDO VERDE: Empiezo mis reflexiones postelectorales con el reconocimiento de un error propio. Fui uno de quienes aseguraban que el Partido Verde ni siquiera alcanzaría el umbral para entrar al Senado. Hoy resulta que este novedoso partido, arquetipo y quintaesencia del voto de opinión, alcanza la cifra de 4 senadores, la cual, si bien parece pequeña en términos absolutos, es impresionante para un partido que acaba de constituirse, y cuyos líderes vienen de sufrir grandes desastres en las elecciones de 2006. La noticia es bienvenida, puesto que se ha elegido a personas de capacidades indudables. Jamás he estado de acuerdo con las propuestas de Gilma Jiménez sobre prisión perpetua para violadores de niños, pero debo reconocer que su impresionante votación —una de las más altas para Senado— fue motivada principalmente por su compromiso con esta idea. Es decir, por el compromiso con una idea. También fue elegido John Sudarsky, cuya propuesta de instaurar un sistema electoral de circunscripciones uninominales merece una profunda consideración, a partir del caos vivido ayer con el complejísimo sistema del voto preferente. Muy interesante será observar el desempeño de esta pequeña pero brillante bancada en el Senado: su principal bandera ha sido la cultura ciudadana, pero los problemas que enfrenta el Legislativo van mucho más allá de ese ámbito, y no es cierto, como a veces parecen creer algunos líderes del Partido Verde, que en la cultura ciudadana se halle la respuesta a todos los problemas nacionales. De modo que será interesante observar su respuesta ante problemas concretos cuya naturaleza es ajena al asunto de la cultura ciudadana. Y cabe destacar y premiar su esfuerzo por construir partido, la cual contrasta con el tono egocéntrico de la campaña de Sergio Fajardo.

EL FENÓMENO DEL PIN: Motivo indiscutible de preocupación es el alto resultado obtenido por el PIN, partido de naturaleza oscura, cuyo origen no corresponde a un proyecto político como tal, y en cuyas listas figuran varios de los llamados “herederos de la parapolítica”. Varios analistas han denunciado fenómenos como compra de votos e intimidación, aparentemente ligados a este partido. Tales denuncias deben investigarse, y los hechos comprobados han de generar sanciones. Pero, de cierto modo, creer que el PIN es tan solo compra de votos y poder intimidatorio sería pensar con el deseo. La realidad es más entristecedora: creo que varios candidatos de esta agrupación, en algunas regiones, obtuvieron genuinamente votos en sumas apreciables. Esto, digo, es más preocupante, porque muestra una realidad social, casi una forma de vida que subsiste en zonas rurales y en municipios intermedios; una realidad muy compleja, en la cual juegan el clientelismo, las estructuras regionales de poder, las tradiciones, y las jerarquías sociales. Dicha realidad también muestra la subsistencia indeclinable de ese extremo contrario al llamado voto de opinión: el voto tradicional rural, no necesariamente motivado por la compra o por la fuerza, pero tampoco por un análisis concienzudo de propuestas y trayectorias. Esta es una realidad social innegable; anoche, en el especial del programa Hora 20, el ex ministro Jorge Humberto Botero hizo esta afirmación, y sus compañeros de panel le trataron como un hereje, por alejarse del dogma según el cual el PIN es sólo corrupción y violencia. Yo no creo que haya nada bueno en el PIN, pero sin duda hay una realidad que excede lo contemplado en ese dogma.

REFLEXIONES VARIAS: 1) No puedo evitar lamentar, una y otra vez, que el partido de José Hilario López, de Murillo Toro, de López Pumarejo, Darío Echandía y Alberto Lleras, siga viéndose reducido a ser una fuerza secundaria por su propia torpeza y su propia miopía: tan triste es su situación, que supuestamente hay que celebrar que haya quedado en un tercer lugar… 2) ¿Cómo influyó el desastre de la administración de Samuel Moreno? Si su gestión fuese objeto de amplia aprobación popular, habría sido de esperarse que ese respaldo se transmitiera a su partido, el Polo; pero dicha agrupación sufrió resultados muy negativos, los cuales contrastan con la multiplicada y “atípica” votación del hermano del alcalde, objeto de numerosas acusaciones por clientelismo: la votación de Iván Moreno no es sólo atípica en sentido cuantitativo, sino que lo es en relación con los resultados obtenidos por el resto de su partido… 3) Cambio Radical logra mantener su presencia en el Senado, luego de haber sido objeto del más inmisericorde asedio después de que Germán Vargas Lleras decidiera no apoyar la segunda reelección de Uribe: fue diezmado por el transfuguismo, y quedó sin representación en el Gobierno; su resultado es, entonces, digno de destacar.

La desventaja militar de Colombia frente a Venezuela

SITUACIÓN MILITAR FRENTE A VENEZUELA: Publica ayer El Espectador un informe que a primera vista es impresionante. Su tema: una evaluación de la capacidad que tiene Colombia para defenderse ante un ataque de Venezuela. Digo que el impacto de la lectura es impresionante sólo en primera instancia, pues, aun cuando de ella se deduce una enorme vulnerabilidad de Colombia ante el hoy agresivo vecino, la verdad es que una reflexión más pausada nos recuerda que Colombia nunca ha tenido como vocación el armamentismo ni el militarismo, y por tanto este desequilibrio no es sorpresa. Esta razón, unida al hecho de que nuestras prioridades militares son las del conflicto interno, han hecho que Colombia aparezca rezagada en armamentos frente a una Venezuela que, aun cuando llena de necesidades sociales, se ha regocijado con el despilfarro en toda expresión posible, en particular en compras de armas. El plan armamentista de Chávez es nuevo en cuanto a su magnitud y en cuanto a su inspiración geopolítica: pero de cierto modo es la continuación de actitudes tradicionales de la dirigencia venezolana. ¿Olvidaremos acaso las multimillonarias compras de armas y de aviones de combate sucedidas a principios de los años ochenta? Era la misma época en la cual la dirigencia venezolana se empeñó en derrochar recursos como si la bonanza petrolera fuera infinita, y no tuvo una sociedad civil activa que le demandara prudencia.

SITUACIÓN MILITAR FRENTE A VENEZUELA II: Al leer el informe de El Espectador, se tiene la tentación de reclamar con urgencia que Colombia ponga fin a este desequilibrio mediante un plan propio de adquisición de armas y de sistemas de defensa. No siendo experto en estos temas, creo que hay razones por las cuales, al menos en una primera instancia, esta no sería la solución aconsejable. Podrían sintetizarse así: Colombia cometería un gran error si empeña sus finanzas públicas en sistemas de armamento que tal vez nunca será necesario usar, y los cuales a su vez demandarán renovación y mantenimiento, constituyendo de ese modo cargas financieras adicionales para un país que debe gastar en su progreso y en su bienestar. Se notará que mi premisa es que tales sistemas de defensa no serán necesarios. Concedo que es una premisa un tanto aventurada, pero voy a explicar sus razones.

SITUACIÓN MILITAR FRENTE A VENEZUELA III: Primera: ojalá me equivoque, pero creo que la capacidad militar real del régimen chavista ha sido un tanto sobrevalorada. Gasto en armas no significa necesariamente capacidad bélica: de hecho, en esto Chávez sigue un patrón muy tercermundista ya recorrido por otros países de África y del Medio Oriente, los cuales gastaron fortunas en armamentos que pronto se hacían obsoletos, que no respondían a planes estratégicos serios, que se deterioraban por falta de mantenimiento, y que no tenían tras de sí personal capacitado para operarlos. En resumen: Chávez puede gastar y seguir gastando el dinero de los venezolanos en armas, pero eso no lo hará necesariamente más poderoso en sentido militar. En segundo lugar: la capacidad bélica de una nación está sustentada, más que en su armamento, en su economía y en su infraestructura; al respecto casi ni merecería comentario la situación de un país que se cae a pedazos por las torpezas de su gobierno; cosa esta que incluso podría llevar a pensar que la fase Chavista de la historia venezolana no dure muchos años más: habríamos, entonces, gastado miles de millones para nada. En tercer lugar, aunque lentamente, ya está creciendo en la comunidad internacional la conciencia sobre la verdadera naturaleza del régimen chavista: ese desprestigio internacional es una inmensa ayuda para Colombia, y en caso de una situación bélica, favorecería inmensamente a nuestro país en los foros internacionales. Finalmente, creo que el Gobierno Nacional tomó en este tema la mejor decisión posible: celebrar el acuerdo militar de cooperación con Estados Unidos, definido como “disuasión pasiva” por el experto Armando Borrero; gracias a este acuerdo Colombia gana capacidad disuasiva, sin que sus recursos deban ser empleados en armamento en lugar de emplearse en progresar.

SITUACIÓN MILITAR FRENTE A VENEZUELA III: Por esta última razón, es importante que la Corte Constitucional se abstenga de caer en el populismo que la caracterizó en años no muy lejanos, y se abstenga de revisar el citado acuerdo, contra el cual ya admitió una demanda. A menos, claro, que la Corte prefiera que los recursos que el país tiene para inversión en necesidades básicas, en salud, en educación y en infraestructura, se tengan que utilizar en sistemas de defensa antiaérea.

Fin a la incertidumbre... Después de Uribe

EL FIN DE LA INCERTIDUMBRE: Ha terminado la insoportable incertidumbre en la cual estaba sumido nuestro país. Incluso quienes lamentan el resultado, porque veían favorablemente una nueva reelección, deben admitir que Colombia dio una impresionante muestra de fortaleza institucional: no en cualquier país, y menos en esta América Latina tan enferma de caudillismo, un organismo judicial, cuyo único respaldo son la Constitución y la Ley, cierra la puerta a una iniciativa que tenía el apoyo de amplias mayorías, y que borraba los límites para quien, según una creencia popular extendida, es el mejor presidente de la historia de Colombia. Y mayor fue la lección de solidez institucional cuando, pocos minutos después de conocido el fallo, ese mismo presidente aparece en televisión para manifestar su acatamiento a aquel, y para instruir a sus seguidores en cuanto a la superioridad de las normas sobre las voluntades. El renovado caudillismo que hoy consume a nuestro continente habría aconsejado, de uno u otro modo, desconocer la decisión de la Corte, y proclamar la infalibilidad y la superioridad incuestionable de la voluntad mayoritaria. Hay mil razones para sentirse orgulloso: Colombia ha dado una inolvidable lección a América Latina.

DESPUÉS DE URIBE I: Pero no sólo de fortaleza institucional vive el hombre. Ahora, terminada la era de Uribe como presidente, es de crucial importancia que Colombia no repita los errores y las vacilaciones que casi la conducen a la ruina total. Donde más grave sería que volviéramos a nuestras tradicionales vacilaciones es en materia de seguridad. Advertimos de tres posibles errores. El primero, creer que la política de seguridad ya logró todos sus objetivos. Dicha política alcanzó metas sobresalientes, pero la tarea pendiente es aún muy grande. Y esa tarea todavía se llama FARC. Este grupo fue golpeado de manera inmisericorde, pero en la historia ha mostrado una capacidad asombrosa de recuperarse, de actuar con paciencia, y de aprovechar los errores políticos de su contraparte para fortalecerse. Cosa que nos conduce al segundo error posible: volver a la estrategia de la negociación política, y peor aún, al infundado dogma según el cual dicha estrategia es la única salida posible al conflicto colombiano. Por el contrario, desde el proceso de la administración Betancur, todos y absolutamente todos los procesos de negociación han tenido como efecto un agravamiento de la situación y una intensificación del conflicto. Esto porque —es increíble que sea necesario repetirlo— las FARC tienen una concepción estratégica de dichos procesos, y ven en ellos un debilitamiento del enemigo del cual sacan la mayor ventaja posible. Finalmente, sería un error concebir a la política de seguridad como una estrategia transitoria concebida para un problema de cierto momento; la política de seguridad, por el contrario, no es más que el cumplimiento cabal de obligaciones básicas del Estado, y la extensión de dicho cumplimiento a todo el territorio del país.

DESPUÉS DE URIBE II: Así, en materia de seguridad será necesario continuar y consolidar. En materia de economía, por el contrario, es urgente corregir y cambiar. Colombia recorre en esta área una peligrosa senda. En el corto plazo, esa senda nos está llevando al desempleo y a problemas fiscales que ya se asoman, y que son perfectamente comprensibles, ya que el Gobierno Nacional, durante la era de Uribe, decidió despojarse de su función impositiva en beneficio de unos pocos privilegiados. En el largo plazo, estamos caminando hacia una economía de zonas francas, latifundios, minería y contratistas del Estado; una economía cuyo mecanismo de operación es la cercanía con el alto gobierno, y cuyo perfil difiere mucho del que debería tener una nación productiva, que se ubique en la vanguardia de la innovación.

MIS OPINIONES SOBRE EL FALLO DE LA CORTE: he preferido dejar mis opiniones personales sobre el fallo de la Corte en otro lugar, donde ustedes pueden consultarlas, y pueden adivinar mi estado de ánimo inmediatamente posterior al anuncio. Manifiesto que estas son opiniones de carácter únicamente personal, y no institucional. Pueden verlas en mi blog: http://www.andresmejiavergnaud.com/

La publicidad ofcial... ¿Qué pasó con el Partido Liberal?

PUBLICIDAD OFICIAL: Colombia está en mora de adoptar una muy estricta reglamentación acerca de la publicidad que hacen las entidades públicas en los medios de comunicación. Como muestra en su columna de ayer Alfredo Molano (El Espectador), los departamentos gastan una considerable suma al año en propaganda que sólo es útil a los mandatarios que tienen aspiraciones políticas. Parea invertir ese dinero hay seguramente muchas necesidades más importantes que la publicidad. El caso más aberrante es el del departamento del Valle, cuyo gobernador gasta sumas multimillonarias en comerciales de él mismo. El Ministerio de Hacienda debería promover esta reglamentación, la cual, opino yo, debería ser restrictiva al extremo, y permitir la publicidad oficial sólo cuando ella sea indispensable, no para comunicar los presuntos logros de los programas oficiales, sino para transmitir al ciudadano información de importancia crítica (un ejemplo sería prevención de desastres).

REPRIMENDA AL MINISTRO: La semana pasada causó asombro en nuestro país la ocurrencia de un hecho que como tal no es tan infrecuente en Colombia, pero que en cualquier otro país democrático habría sido inaudito: en público, y con cobertura de todos los medios de comunicación, el presidente Uribe le propinó al Ministro de Protección Social una inmisericorde reprimenda, concentrada en dos tipos de asuntos: los efectos de algunos decretos expedidos bajo la emergencia social, y el atraso del Ministerio en la ejecución de ciertas tareas de importancia. En ambos casos resulta insólito el llamado de atención: en el primero, porque el Presidente es tan responsable como el Ministro de todo lo decretado en la emergencia social; al fin y al cabo, son decretos que expide el Gobierno Nacional con la firma del Presidente. Y en el segundo caso, es insólito porque el Ministro es un subordinado directo del Presidente, y hubo seguramente centenares de oportunidades para que le exigiera informes sobre el avance en esas tareas. Pero ante la colosal oleada de inconformidad generada por los decretos, el Presidente decide reprender en público al Ministro, de modo que sea éste quien cargue con el estigma público de ser responsable de aquellos. Este es un impresionante fenómeno político, descrito en días recientes por Juan Manuel Charry de este modo: tenemos un Presidente que, en ocasiones actúa como tal, y en ocasiones actúa como vocero y defensor del pueblo ante el gobierno. Gobierno del cual él mismo es autoridad suprema.

¿QUÉ PASÓ CON EL PARTIDO LIBERAL?: Humberto de la Calle plantea en su columna de ayer el más interesante enigma de la historia política reciente de Colombia: ¿qué le sucedió al Partido Liberal? La historia de dicho partido es un elemento esencial de la historia nacional: a Colombia le entregó el ímpetu, las ideas y la voluntad de grandes estadistas y reformadores. La bandera de la modernización siempre estuvo en sus manos, desde cuando lideró la abolición de la esclavitud, hasta cuando transformó la administración pública en la época de Carlos Lleras, y lideró la apertura económica y la reforma constitucional del 91. El Partido de Murillo Toro, de los Radicales, de López Pumarejo, de Darío Echandía, de Lleras Camargo, y de otros tantos grandes luchadores y pensadores cuyos nombres no cabrían aquí, camina hoy con certeza hacia la desaparición o hacia la irrelevancia, en el mejor de los casos. Para la pregunta planteada por el Humberto de la Calle no tengo una respuesta, y no puedo hacer más que registrar el profundo impacto que ella me produce, porque sé que entraña una inocultable realidad. Es cierto, como él mismo lo dice, que hacia los años ochenta el Partido Liberal había venido a representar el clientelismo y la política de caciques: ese es un elemento que no puede desconocerse. Y a veces me pregunto cuánta responsabilidad tiene en este desenlace la artificiosa e incomprensible afiliación del Partido Liberal a la Internacional Socialista, afiliación que llegó a ser tan forzada, que sin éxito se quisieron incorporar sus símbolos a la iconografía del Partido Liberal. En fin, en este asunto no tenemos más que un enigma abierto.

Un asombroso logro del alcalde Samuel Moreno

UN ASOMBROSO LOGRO DEL ALCALDE MORENO: En la historia universal del gobierno municipal seguramente se conocen múltiples casos de malas administraciones. Muchas se distinguirán por la negligencia, otras por la incapacidad, y algunas por la corrupción. Pero la mala administración a la cual viene siendo sometida Bogotá desde la posesión de su alcalde Samuel Moreno ha llegado a un punto novedoso, algo tal vez nunca visto en la historia de los malos gobiernos municipales: no contentos con haber ejecutado una pésima gestión en muchas otras materias, la administración de Samuel Moreno parecería, de hecho, estar propiciando la destrucción física de la ciudad. Nada más puede pensar quien viva en esta sufrida capital, al contemplar el paisaje que presentan varios sectores de la ciudad, en los cuales se han emprendido obras que hoy exhiben abandono. Ante la ciudadanía, el responsable de esta situación es el Alcalde Mayor y su equipo de gobierno: sin duda habrá responsabilidad en los contratistas, quienes deberán rendir cuentas ante la propia Alcaldía, y ante los organismos de control del Estado. Pero la ciudadanía no contrató de modo directo con dichas empresas: delegó esta función a la Alcaldía, la cual evidentemente la ejecutó del peor modo posible, no sólo por haber escogido contratistas incapaces, sino por no haber sido diligente en asuntos como la entrega de planos y de diseños. Ya que el alcalde Moreno gusta tanto de hablar de sus logros, pero siempre que lo hace adopta como suyos los de administraciones anteriores, tiene aquí en sus manos un auténtico “logro” suyo que no tiene precedentes, y gracias al cual está haciendo historia: la primera vez que un alcalde de una gran ciudad da lugar a la destrucción paulatina de ésta.

SOBRE LOS “PACTOS” CON BANDAS DE MEDELLÍN: Un brevísimo comentario sobre el asunto de los confusos “pactos” con bandas de Medellín para frenar la violencia: si en realidad el Gobierno Nacional participó en la promoción de estos acercamientos, estaríamos presenciando un desgaste, no de la seguridad democrática como política, sino de la capacidad de esta administración para ejecutarla en un entorno de circunstancias cambiantes; la necesidad de recurrir a pactos, un mecanismo que de modo consistente ha fracasado, y contra el cual de cierto modo construyó el presidente Uribe su plataforma, sería testimonio de dicho desgaste. Eso, hay que decirlo, es relativamente normal, al menos en un gobierno que se aproxima a cumplir cuatro años de mandato, y cuyo agotamiento en muchas otras áreas es evidente. Testimonio adicional de este desgaste sería el tono rabioso con el cual se responde últimamente a cualquier sugerencia de que la política de seguridad debe cambiar de rumbo, y adaptarse a los nuevos retos. Hay allí una muestra clara de por qué es necesario un relevo, y por qué es fundamental que la política de seguridad democrática, una de las más importantes en la historia de nuestro país, sea objeto de una renovación, no con el propósito de menguarla ni de debilitarla, sino de hacerla capaz de dar a los nuevos retos el mismo tratamiento exitoso que dio a los anteriores.

NUEVOS RETOS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Pero en esta nueva definición de prioridades y de mecanismos hay que tener mucho cuidado: si mis interpretaciones son correctas, algunos analistas, alarmados por el incremento de la violencia urbana, han sugerido que la lucha contra las FARC debe pasar a un segundo nivel de prioridad, o incluso han dado a entender que esta es ya una empresa concluida. Sin desconocer la extrema gravedad de lo que está sucediendo en las ciudades, sigo pensando que la mayor amenaza a la seguridad de Colombia son todavía las FARC: aun cuando es verdad que han sufrido fuertes golpes, conservan la capacidad de recuperarse con una estrategia paciente de mediano plazo, un tipo de estrategia en el cual este grupo es más que experto; es, además, una organización cuyo objetivo es el derrocamiento del régimen constitucional, y ese sólo hecho merecería atención prioritaria; y además, cuenta con solidaridad y apoyo desde el exterior que pueden serle muy útiles en su empeño de recuperarse gradualmente. De modo que es importante responder con eficacia al reto de la violencia urbana, pero esto no debería significar que se disminuyan esfuerzos en la lucha contra las FARC, ni que a ésta se le quiten recursos para destinarlos a la cuestión de las ciudades.

La propuesta de Botero y Cavallo... Vicios de trámite en reformas constitucionales

LOS VICIOS DE FONDO: De acuerdo con los medios de comunicación, uno de los puntos centrales en la ponencia que presentó Humberto Sierra Porto, magistrado de la Corte Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley que convoca al referendo, es una tajante declaración acerca de los poderes que tiene la Corte como juez constitucional, los cuales, en el caso examinado —y en muchos otros— están limitados por la propia Constitución a examinar el trámite de las reformas constitucionales, sin ocuparse de su contenido. De modo inexplicable, la propia Corte había venido reclamando una suerte de capacidad para examinar el contenido de algunas reformas constitucionales, a partir del criterio —inexistente en la Constitución— de la “sustitución” constitucional, es decir, de examinar si las reformas tocaban aspectos esenciales del sistema. Las bondades de este enfoque pueden ser materia de discusión académica, y quienes lo apoyen podrían promover una reforma constitucional para incorporarlo a nuestro orden jurídico, pero mientras tanto deberían acogerse a lo que las normas hoy establecen. Excelente precedente, digno de aplauso, en una Corte que durante años adoptó la antidemocrática costumbre de ser ella misma quien fijaba sus límites y sus competencias.

LA PROPUESTA BOTERO – CAVALLO I: Como sabemos, el desempleo ha venido a convertirse en el más serio problema que tiene la economía colombiana. Con tasas de desocupación de más o menos 12 por ciento, y tasas de informalidad que se acercan al 60 por ciento, es claro que el país tiene entre manos un muy serio asunto. Llamó la atención, a finales de la semana pasada, una propuesta formulada por Rodrigo Botero Montoya y Domingo Cavallo, ambos ex ministros de Colombia y Argentina. De la propuesta ignoro todavía sus detalles, pero se ha conocido que su eje es una reorientación de los beneficios fiscales que el gobierno ha concedido con amplia generosidad a los grandes empresarios. Dichos beneficios premian hoy la inversión en capital: al parecer, la propuesta de Botero y Cavallo es que de ahora en adelante se premie la generación de empleo, con un estímulo tributario a las empresas que amplíen su nómina. Como decía al principio, desconozco los detalles técnicos de la propuesta. Sin embargo, creo que en principio son válidos dos interrogantes o dudas.

LA PROPUESTA BOTERO – CAVALLO II: En primer lugar, en general y por principio considero que las estrategias basadas en beneficios tributarios otorgados de manera selectiva crean enormes problemas, aun cuando en el corto plazo puedan dar alivio a otra situación. Dichas estrategias desnaturalizan el sistema tributario, cuya eficiencia es mayor cuando está constituido por normas de aplicación general, estables y fáciles de cumplir. Aun cuando la intención de la propuesta de Botero y Cavallo es indudablemente buena, al elegir el mecanismo de la exención podríamos estar añadiendo distorsiones a la ya muy caótica naturaleza del sistema tributario colombiano. Y en segundo lugar, cabe preguntarse si, al elegir una estrategia como la planteada, podríamos estar evadiendo una vez más la necesidad de reformar de modo drástico el régimen laboral colombiano. Es en la estructura de dicho régimen donde en buena medida se originan nuestros males de desempleo e informalidad, y la sociedad colombiana lleva ya varios años evadiendo la necesaria confrontación con esa realidad. El mismo Cavallo, uno de los autores de la propuesta, pone énfasis, en entrevista publicada por Semana, en el problema de los “impuestos a la nómina”, nuestros infames parafiscales, cuyo elevadísimo nivel es conocido casi a nivel mundial. Si allí yacen los problemas, ¿no sería acaso mejor asumir de una buena vez la tarea de hacer una buena reforma? Los ex ministros Botero y Cavallo, imagino, son conscientes de eso, pero piensan tal vez en la necesidad de un plan de choque que sea viable políticamente, ya que el gobierno nacional se obstina en no tocar los parafiscales. Bienvenida la intención, pero sometamos a examen los mecanismos.

ADIÓS A LA REVISTA CAMBIO: Como saben muchos de los queridos lectores, durante dos años escribí sobre temas de economía para la revista Cambio, cuya desaparición se anunció la semana pasada. La expresión de mis opiniones personales sobre este hecho excede la naturaleza de este boletín. Quienes estén interesados en conocerlas pueden visitar mi nuevo blog personal, el cual abrí con el propósito de registrar esas opiniones, pero que en adelante contendrá también mis ideas sobre múltiples temas: http://www.andresmejiavergnaud.com

Desempleo en Colombia... Incompetencia del chavismo... Granier y Cisneros

DESEMPLEO: Esta nota será muy breve, pues al respecto casi todo está dicho, y no queda más que repetirlo de manera sumaria. El último informe sobre mercado laboral arroja una cifra de desempleo del 11,3 por ciento en diciembre, cuando en el mismo mes de 2008 la cifra había sido del 10,5. Ha llegado la hora de hacernos a la idea de que Colombia es un país con desempleo alto y creciente. Quien menos parece dispuesto a entender esta realidad es el alto Gobierno, el cual continúa aferrado a una serie de políticas de estímulo tributario a la inversión que claramente no generan empleo, que han despedazado lo que teníamos de instituciones tributarias, y que han encaminado a Colombia por una complicada senda de dificultades fiscales. El alto Gobierno, además, se obstina en ni siquiera querer considerar los cambios que evidentemente necesita nuestro mercado laboral, en particular la eliminación o reforma de los “parafiscales”. Ante estas cifras de desempleo, tomadas en conjunto con las de una informalidad laboral que llega cerca del 60 por ciento, nos vemos obligados a pensar que en Colombia el trabajador formal es un privilegiado, y las verdaderas masas de pobres, aquellas en quienes deberían enfocarse las políticas económicas y sociales, se hallan fuera de las márgenes de este régimen laboral elitista y excluyente.

CÁTEDRA DE INCOMPETENCIA: Las graves dificultades que Venezuela atraviesa en materia de energía eléctrica, de las cuales el fenómeno del niño es apenas un disparador accidental, constituyen una excelente cátedra de incompetencia e incapacidad cuyo maestro es el gobierno de Chávez, un gobierno que al parecer emplea todos sus recursos en la concentración del poder y en la realización de acciones simbólicas. De acuerdo con informaciones de prensa, se había advertido con anticipación al presidente Chávez acerca de la debilidad estructural del sistema eléctrico venezolano, y de la necesidad de repotenciarlo. No el año pasado, ni el anterior a éste. Nada menos que en 2001. Pese a que las advertencias fueron explícitas, y bien documentadas y respaldadas, nunca se realizaron las urgentes acciones que la situación demandaba, y se llegó incluso al extremo de regalar a Cuba y a Nicaragua unas turbinas que habrían servido para poner en marcha más generación térmica de energía. De modo que hoy esta potencia petrolera sigue generando el 70 por ciento de su energía en una sola hidroeléctrica, cuyo nivel podría seguir disminuyendo bajos estos azules y soleados cielos.

CISNEROS Y GRANIER FRENTE AL PODER: Gustavo Cisneros y Marcel Granier tienen en común el haber sido por muchos años empresarios en el mundo de los medios en Venezuela. Se diferencian, sin embargo, porque Cisneros (quien estuvo de postulante al tercer canal en Colombia) dobló la rodilla ante el chavismo y le vendió su conciencia; por eso ha sido inmune a la reciente oleada de represión de Chávez, mientras que otros empresarios que no se arrodillaron ante el poder sufren el acoso y el cierre de sus canales. Voy a transcribir un aparte de una columna publicada en El Universal de Caracas el pasado jueves, en la cual el autor, Axel Capriles, compara al opulento Cisneros con Marcel Granier, cabeza de RCTV, canal aplastado y silenciado ya en su totalidad por la represión chavista: “…Cisneros no hace sino representar a todos los individuos que han permitido la consolidación del totalitarismo a cambio del beneficio y el lucro personal, a los empresarios que han bajado la cabeza y han vendido sus principios y su integridad para mantener sus empresas y enriquecerse un día más”.

Los decretos sobre el sistema de salud

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD I: No es este un espacio adecuado para comentar en detalle todos los decretos que, bajo la figura del estado de emergencia económica y social, ha expedido el Gobierno Nacional en los últimos días, con el propósito de conjurar la ruina del sistema de salud colombiano. Pero este espacio sí puede ser útil para llamar la atención sobre algunos de los ejes conceptuales de los decretos, y sobre los errores, que, a mi modo de ver, están cometiendo quienes se han apresurado a condenar las medidas que ellos contienen. El primero y más importante de esos ejes conceptuales es tan elemental, y debería ser tan propio del más simple sentido común, que es verdaderamente increíble que sea necesario defenderlo de manera explícita: los servicios de salud, como cualquier otra actividad que implique la garantía de una cierta condición de bienestar material, tienen un costo, y por tanto su prestación no puede ser ilimitada. Increíble resulta también que haya que explicar la elemental razón de esto último, pero hay que hacerlo: todo servicio cuya prestación dependa de recursos limitados y escasos, debe necesariamente confinarse a lo que dichos recursos puedan sostener. Si una comunidad se siente insatisfecha y desea más de ese servicio, no tiene otra alternativa que aumentar los recursos que respaldan su prestación, lo cual en términos prácticos significa tributar o contribuir más.

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD II: Pero hemos vivido ya casi veinte años sumidos en la ilusión de que, si la Constitución eleva a la categoría de “derecho” una cierta condición de bienestar material, o si la Corte Constitucional dictamina que dicha condición es conexa con un derecho fundamental, entonces su reclamación es procedente en todos los casos, sin que sea necesario examinar la disponibilidad real de recursos. Tras una máscara filosófica de justicia, lo que allí se esconde es la manera más torpe de concebir y ejecutar políticas públicas. Y esa torpeza le abre la puerta a innumerables excesos, como la reclamación judicial por vía de acción de tutela de servicios de salud innecesarios o suntuosos, cuya aprobación no sólo significa que toda la sociedad debe pagar por ellos, sino que los recursos para atender las verdaderas necesidades de salud se hacen más escasos. Los colombianos no podemos seguir esperando beneficios ilimitados de parte de un sistema que se alimenta de recursos limitados. Si queremos que ese sistema nos dé más, tendremos nosotros que alimentarlo más. Y en cualquier caso, dado que los recursos nunca serán infinitos aun cuando los aumentemos, es necesario someterlos a una administración razonable, de acuerdo con una identificación de prioridades.

DECRETOS SOBRE SISTEMA DE SALUD III: Pero incluso algunos expertos en el tema, como el Dr. Álvaro Cardona (decano de Salud Pública de la Universidad de Antioquia) siguen sosteniendo que, por ser la salud un “derecho esencial”, la reclamación judicial de servicios no admite ninguna limitación. Así lo sostuvo el citado académico, en entrevista con W Radio esta mañana. Cosa que evidencia que nos hemos convertido en una sociedad que cree en la magia de las letras y de las normas: una sociedad que aspira llegar al bienestar a punta de consagrar “derechos” y exigirlos mediante tutelas, sin considerar los costos, ni los modos de hacer efectivas esas condiciones. Por eso, en principio, y sin entrar en la letra menuda, creo que los decretos relacionados con este punto transmiten al menos un mensaje que ya era hora que nuestra sociedad escuchara. Y es más: por lo que he podido leer de esa letra menuda, no habrá restricciones a lo que está en el Plan Obligatorio de Salud, ni a la atención de enfermedades catastróficas. Las restricciones se erigen para los servicios no incluidos en el mencionado plan, cosa que es apenas razonable, por todas las razones que antes he expuesto. No significa esto que los decretos sean perfectos, ni que el sistema lo sea: hay disposiciones con las cuales debe tenerse cuidado, como la conformación de comités para decidir sobre la prestación de servicios no básicos, cosa que, de manejarse erróneamente, podría afectar el sistema con demoras, burocracia y corrupción. Males que vendrían a sumarse a las conocidas y condenables prácticas de las EPS para inducir a sus médicos a no ordenar tratamientos.

reelección, a la espera del fallo de la Corte

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE I: tiene mucha razón Humberto de la Calle cuando pide, en su columna de ayer en El Espectador, una especie de acuerdo nacional para que se respete y se acate el fallo que próximamente deberá emitir la Corte Constitucional, y en el cual se decidirá acerca de la exequibilidad del referendo para establecer una nueva reelección. De ser favorable al referendo, los más feroces opositores de dicha figura deberían abstenerse de someter a la Corte y a sus magistrados a injurias y agravios de índole personal, y menos aún a sugerir que dicha institución y sus integrantes se hallan al servicio del Gobierno, o que de alguna manera suplican favores de éste. Del mismo modo, si la Corte Constitucional dictamina que el referendo es inexequible, los promotores de éste deberán abstenerse de calificar a la Corte como una quinta columna y a los magistrados como amigos de la guerrilla. Ambos bandos también deberían tributar a la Corte Constitucional el reconocimiento que ella merece como institución, y deberán admitir toda la eficacia jurídica de su dictamen. Las instituciones marcan un límite a las pasiones políticas, y por tanto, ya que necesariamente al menos una de las partes estará en vivo desacuerdo con el fallo, le corresponderá controlar y moderar sus ímpetus, y manifestar que, aun cuando cree que la Corte pudo haber optado por otra decisión, la que tomó tiene la sanción del orden constitucional, y por eso pide para ella acatamiento.

REELECCIÓN, A LA ESPERA DE FALLO DE LA CORTE II: Y es necesario poner énfasis en esta advertencia, porque los extremistas de ambos bandos suelen sugerir, con algunas de sus palabras, que su posición tiene una verdad y una validez que es incluso superior al eventual dictamen de la única entidad investida por la Constitución para decidir. Del lado de los opositores, por ejemplo, puede oírse decir a veces que una nueva reelección significaría un rompimiento total del orden constitucional, cosa que a su vez sugiere que ni siquiera un fallo aprobatorio de la Corte dotaría al referendo de integridad institucional. Y del lado de los partidarios de la reelección, suele oírse que la “voluntad del pueblo” —la cual ellos presumen íntegramente en su favor— no tiene límites y goza de una soberanía absoluta; a partir de esto no hay más que un paso para decir que si la Corte falla en contra del referendo, lo hace en transgresión del más indiscutible y sagrado de todos los poderes. En ambos casos, lo único que se haría es dar un golpe bajo a nuestras instituciones, y, en virtud tan sólo de satisfacer un impetuoso ánimo político, encaminar a nuestro país por una incierta ruta de división, en la cual el espíritu de intransigencia se eleva por encima del respeto al orden normativo.

EL NUEVO PERFIL DEL EMPRESARIADO COLOMBIANO: Hace algunos meses, en una ponencia presentada en el seminario macroeconómico de Anif y Fedesarrollo, lamenté el hecho de que, gracias a la estructura que recientemente se ha dado a nuestra economía, el perfil del empresariado colombiano estaba sufriendo una cierta mutación, cosa que podía notarse en el tipo de empresario que antes gozaba de figuración pública, y los que ahora disfrutan de ella. Hace unos años, recuerdo que los empresarios de que hablaban los reportajes eran emprendedores o altos ejecutivos de empresas competitivas y destacadas, cuyos negocios sorprendían por exhibir capacidad estratégica, espíritu innovador y fuerza competitiva. Son diferentes las cosas en esta era de exenciones tributarias, Agro Ingreso Seguro, zonas francas y contratos de estabilidad, en la cual quien triunfa no es quien con más audacia y sagacidad enfrenta la competencia u ofrece nuevos productos, sino quien logra acceder a los beneficios que se otorgan en la cima del poder público. Si antes brillaban los estrategas del comercio, de la industria y de la banca, quienes ahora brillan son los contratistas del Estado y sus abogados. Véase como ejemplo el reportaje dedicado ayer en El Tiempo a Héctor Taborda, quien al parecer ha construido un imperio como contratista del Estado, y de quien el reportaje dice que tiene inversiones en “movilidad, servicios públicos y construcción de una zona franca que el gobierno le entregó”. Para la cual, seguramente, solicitará un contrato de estabilidad jurídica.

La reelección vista por los medios internacionales

NUEVO AÑO: a todos los queridos amigos de este boletín y de nuestro instituto les envío los mejores deseos, y espero que, tras una merecida pausa, hayan renovado sus fuerzas, y se dispongan a disfrutar de un año que, en mis deseos, ha de traerles muchas satisfacciones y muchos motivos de felicidad.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES I: es bien conocido que varios periódicos internacionales de muy elevada importancia han aconsejado al presidente Uribe no aspirar a un tercer período. De parte del Primer Mandatario no conocíamos reacción alguna, hasta que, hace pocos días, afirmó haberse sentido muy conmovido por un cierto mensaje, cuyo autor le decía que esos mismos medios nunca se pronunciaron sobre la violencia que desgarró a Colombia en las décadas pasadas. Aunque no lo hubiese dicho de manera explícita, sugirió de este modo el Presidente que tales periódicos tenían una visión sesgada del país, y sólo se interesaban en él cuando el centro de la cuestión era Uribe y sus aspiraciones. Pues bien, valdría la pena hacer tres aclaraciones a ese corresponsal que envió al Presidente el conmovedor mensaje. La primera, es que simple y llanamente se equivoca: la cuestión de la violencia colombiana sí ocupó la atención de los medios internacionales durante varios años. Es más, dichos medios advirtieron en numerosas ocasiones sobre los peligros que representaban las organizaciones terroristas de nuestro país, e incluso reseñaron con sorpresa y con enfoque crítico algunas de las iniciativas de paz de las cuales el país hoy se arrepiente, sobre todo el proceso de diálogos del presidente Pastrana, cuya extraordinaria concesión territorial a las FARC jamás dejó de sorprender a los editorialistas del exterior.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES II: y es más: no sólo advirtieron antes sobre la gravedad del terrorismo y de la violencia, sino que ahora siguen enfatizando en cuán dolorosos han sido estos males. Cosa que nos conduce a la segunda precisión: sin excepción, esos medios que han advertido sobre los peligros de una segunda reelección, han reconocido de la manera más amplia y generosa los logros del presidente Uribe, y han recordado al mundo la dimensión de la crisis que Colombia enfrentaba cuando por primera vez el actual Presidente llegó a su cargo. Selecciono al azar una de tantas piezas que al respecto han aparecido en la prensa internacional: Newsweek del 21 de diciembre, en un artículo titulado “El legado de Uribe” (Uribe’s Legacy) dice que el Presidente “…rescató del colapso a uno de los países más peligrosos y más fragmentados… Gracias a sus esfuerzos, Colombia es aún una democracia que funciona”. El artículo llega a sintetizar la obra de Uribe en estos términos: “… le ha dado a Colombia el trío de paz, seguridad y prosperidad”. En esas palabras se ve con claridad que la revista no sólo reconoce que antes de Uribe Colombia vivía una situación desesperada, sino que da al Presidente todo el crédito por haber propiciado la superación de esa crisis. Difícilmente podría decirse que allí hay un sesgo contra Uribe, o que hay un desconocimiento de lo que vivió Colombia antes de su mandato. Líneas más abajo, el artículo de Newsweek procede a advertir sobre los peligros de buscar un tercer período, y lo hace con argumentos y con razones sólidas. Eso nos lleva a la tercera consideración.

REELECCIÓN Y MEDIOS INTERNACIONALES III: cabría entonces decir, y en este caso, con el más profundo respeto, al Señor Presidente de la República, que su respuesta a los argumentos que han expresado los periódicos y las revistas internacionales no resuelve de ningún modo las inquietudes que aquellos han planteado, inquietudes estas que son serias, válidas, dignas de ser oídas y consideradas. Han advertido sobre el peligro de que Colombia abandone sus tradiciones ejemplares de Estado de Derecho y de alternación democrática. Estas son objeciones muy válidas y muy dignas de consideración. Y es más: merecen una respuesta, no sólo por el hecho de que ellas evidencien —como de hecho lo hacen— que en la comunidad internacional un tercer mandato será muy mal visto y eso puede traer problemas al país, sino por la simple razón de que esos valores y esos principios que hoy están en juego son importantes para los colombianos.